Un juzgado federal autorizó al Gobierno de la Ciudad de México continuar con la adopción de 936 perros y gatos rescatados del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa. La resolución se emitió tras un litigio entre los administradores del inmueble, autoridades capitalinas y organizaciones civiles.
El Juzgado Sexto en Materia Administrativa rechazó la solicitud de suspensión definitiva promovida por asociaciones vinculadas al refugio. Con esta decisión, el juez permitió que las instituciones públicas mantengan la tutela de los animales y continúen con su proceso de reubicación.
La sentencia establece que la permanencia de los ejemplares en condiciones de saturación limita su acceso a cuidados básicos. El órgano jurisdiccional indicó que la integración a hogares permitirá cubrir necesidades de alimentación, atención médica y resguardo.
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La resolución señala que el resguardo prolongado en el inmueble impide garantizar condiciones adecuadas para los animales. Por ello, determinó que las autoridades pueden coordinar acciones para su adopción bajo supervisión institucional.
Denuncias por maltrato animal
El caso se originó a partir de denuncias por omisión de cuidados y presunto maltrato en las instalaciones del refugio. Durante las inspecciones, la Fiscalía de la Ciudad de México documentó diversas irregularidades en el manejo de los animales.
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En las diligencias previas al rescate, autoridades reportaron el hallazgo de 21 animales sin vida dentro del inmueble. Estos hechos dieron lugar a investigaciones penales que continúan en curso.
Las autoridades informaron que las condiciones detectadas motivaron la intervención estatal para asegurar a los ejemplares. El resguardo se realizó como medida para proteger su integridad y garantizar atención.
Disputa por el predio en Cuajimalpa
El inmueble donde operaba el refugio se encuentra en litigio desde 2021. El terreno fue cedido en comodato por Antonio Haghenbeck y de la Lama, y sus sucesores iniciaron acciones legales para recuperar la propiedad.
En enero de 2026, autoridades ejecutaron un desalojo, aunque una resolución posterior restituyó la posesión a los administradores. No obstante, la sentencia actual establece que la custodia de los animales corresponde al Estado.
El fallo precisa que la situación jurídica del predio no modifica la responsabilidad institucional sobre los ejemplares. Las autoridades mantienen la facultad de decidir sobre su resguardo y destino.
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Acciones y contexto social
El proceso se desarrolla en paralelo a señalamientos sobre posibles afectaciones ambientales en la zona. Representantes legales señalaron la existencia de descargas de desechos orgánicos en la Barranca Echánove, lo que forma parte de otras investigaciones.
Vecinos y colectivos manifestaron posturas en torno al conflicto y al uso del predio. Algunas expresiones vinculan el caso con cambios en la zona derivados de proyectos y eventos internacionales.
Tras la resolución judicial, autoridades capitalinas prevén implementar un esquema de adopción para los animales rescatados. El proceso se realizará con acompañamiento institucional y seguimiento a las familias adoptantes.
VGB