La directora y la representante legal de la fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama han hecho operaciones inmobiliarias irregulares, como crear inmobiliarias que rentan los edificios propiedad de la organización y quedarse con los recursos y cobrar en efectivo rentas de sus inmuebles para no reportarlos a las autoridades, de acuerdo con una investigación de N+.
Carmela Rivero Jiménez, directora de la Fundación Hagenbeck, y Verónica Blanco, apoderada legal, han manejado como patrimonio propio los inmuebles propiedad de la fundación, señala el informe de las reporteras Fátima Monterrosa y Dafne Mora.
Una de las empresas fundadas a por Verónica Blanco a la que hace referencia la investigación es “Callejón de Xico”, fundada en sociedad con el periodista Alejandro Páez Varela, director del sitio Sin Embargo, con una inversión de 33 millones de pesos. Esta se dedica a la hotelería, arrendamiento, compra y venta de inmuebles, que compró y remodeló el inmueble para su uso como hotel y renta (Air b ‘n b).
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“Callejón de Xico” compró un inmueble en la calle del mismo nombre en el Centro Histórico que se usa como departamentos de corta estancia.
El modo de operación de Rivero y Blanco González ha sido desviar recursos de la fundación hacia sus cuentas y luego crear empresas sin relación con la organización filantrópica.
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Tras la divulgación, Páez escribió en la red social X que la sociedad no compró ningún inmueble que perteneciera a la fundación.
La fundación se creó con recursos y patrimonio del filántropo Antonio Hagenbeck, quien legó su fortuna para el cuidado de animales sin casa; la organización es propietaria del predio que ocupa el albergue para perros y gatos Refugio Franciscano, que el 7 de enero fue desalojado por policías de la Ciudad de México en medio de una disputa entre este y la fundación.
Trabajadores entrevistados relataron que el patrimonio de la fundación es de 200 inmuebles, pero no todos están regularizados. Una auditoría de 2018 que hizo la Junta de Asistencia Privada encontró que 49 edificios estaban en proceso de documentación, pero sólo 16 aparecían en los estados financieros; la junta es parte del gobierno de la Ciudad de México y su función es supervisar a las instituciones de asistencia privada.
La auditoría encontró que recursos procedentes de la renta de inmuebles se desviaron a otros fines en lugar de integrarse al patrimonio de la fundación.
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Para contar con un catálogo de edificios, se contrató a un notario público que cobró 72 millones de pesos; adicionalmente se destinaron 20 millones de pesos a restauración de edificios.
Las fuentes de la investigación dijeron que, en el proceso de actualización notarial, Carmela Rivero y Blanco González crearon empresas dedicadas a la administración, renta, venta de departamentos, terrenos, estacionamientos, plazas comerciales y hoteles.
También crearon sociedades de inversión, comercializadoras de arte y antigüedades, y una destiladora de mezcal. Esas empresas inmobiliarias se encargan de rentar los predios.
Las auditorías muestran que la fundación tuvo ingresos de 15 millones de pesos por rentas, pero los trabajadores aseguraron que sólo por la renta de un edificio obtuvieron cinco millones de pesos.
Documentos muestran que la fundación reportó adeudos de renta o cuentas por cobrar por 12 millones de pesos en edificios del Centro Histórico, Polanco y la colonia Roma, pero de acuerdo con los trabajadores se ha cobrado en efectivo a comercios, restaurantes, cafeterías e inquilinos.
VGB