El Gobierno de la Ciudad de México otorgó concesiones en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a Jetsocial Group SA de CV, empresa vinculada con presuntos prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad. Entre 2015 y 2021, la compañía recibió cuatro concesiones para explotar 77 espacios comerciales en seis líneas del Metro.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Jetsocial Group SA de CV fue constituida en diciembre de 2007 en la Ciudad de México por Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como presuntos prestanombres de García Luna. Weinberg Pinto figura como socio mayoritario, administrador único, apoderado y accionista en el esquema identificado por la UIF.
Ivonne Mancera Valdivia firmó los contratos con el Gobierno de la Ciudad de México en representación de Jetsocial Group, con un poder legal otorgado por Weinberg Pinto en 2011. Aunque el objeto social de la empresa corresponde a la producción y distribución de contenidos audiovisuales, los permisos autorizaban la venta de productos de telefonía celular en el Metro.
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Características de las concesiones
Las concesiones se otorgaron bajo la figura de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) y permitieron la explotación de 77 espacios comerciales en seis líneas del Metro. El permiso más reciente se firmó con vigencia hasta 2031. Un ejemplo es el P.A.T.R./0009/15, asignado el 18 de mayo de 2015 cuando el director era Joel Ortega Cuevas, para locales en las líneas 1, 3 y 7, destinados a la venta de celulares, chips, tiempo aire y accesorios. La vigencia fue de cinco años y el documento no especificó la contraprestación mensual.
Flujo de recursos y empresas relacionadas
La UIF identificó a Jetsocial Group como parte de un esquema que, según sus reportes, operó entre 2011 y 2019 para desviar recursos públicos. Documentos de 2023 y 2024 señalan transferencias por al menos 2 millones de pesos a Nunvav, Inc., empresa panameña vinculada con la red de García Luna y receptora de contratos públicos por 481 millones de dólares entre 2011 y 2017.
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En el documento “Trama corrupta de García Luna” de 2024, la UIF ubicó a Jetsocial en un grupo de siete empresas que triangulaban recursos con Nunvav. Weinberg Pinto aparece en ese registro como administrador único, apoderado y accionista. MCCI ha documentado la participación de Nunvav en la red de corrupción desde enero de 2020, así como sus transferencias a Vector Casa de Bolsa.
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Funcionarios relacionados con la autorización de permisos
MCCI corroboró que funcionarios del STC que autorizaron permisos a Jetsocial Group actualmente ocupan cargos públicos. Entre ellos, Aldo Muñoz Ortiz, subgerente de administración de PATR, quien después trabajó como director de Políticas y Fomento a la Inclusión en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.
Otro caso es Roberto Azbell Arellano, quien participó como encargado de la subdirección general de administración y finanzas en una sesión extraordinaria relacionada con estos permisos. Actualmente labora como jefe de división en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ubicación de oficinas y compraventa de inmueble
Directorios comerciales indican que las oficinas de Jetsocial Group estuvieron en Leibnitz 70. Según MCCI, los Weinberg adquirieron ese inmueble por 4.5 millones de dólares a Julia Elena Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, en una transacción documentada por la organización en abril de 2025.
Contratos y concesiones ligadas a García Luna
Contexto: Durante los gobiernos federales de Felipe Calderón (2006–2012) y Enrique Peña Nieto (2012–2018), contrataciones directas se firmaron con empresas vinculadas a Genaro García Luna. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que entre ambas administraciones se suscribieron 29 contratos que superaron los 700 millones de dólares. Ninguno de esos contratos fue licitado y la mayoría se otorgó a empresas extranjeras, según datos presentados por el titular de la UIF, Pablo Gómez.
Durante el sexenio de Calderón, se celebraron 10 contratos por más de 316 millones de dólares con compañías como Nice Systems Ltd (tres contratos), Nunvav Inc (dos contratos con la Policía Federal) y otros cinco contratos con el OADPRES, todos vinculados a personal cercano a García Luna.
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En el periodo de Peña Nieto, se firmaron 19 contratos más, por un total de 410 millones de dólares aproximadamente. Entre esos, nueve contratos se otorgaron al CISEN, cinco a Nunvav Technologies Inc y otros cinco al OADPRES, según la UIF.
En una denuncia civil iniciada en cortes de Florida, la UIF identificó 30 contratos simulados entre 2009 y 2018 con dependencias como la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México. La trama combinó empresas fachada en Estados Unidos, Panamá e Israel que recibieron fondos públicos y los triangularon al extranjero.
VGB