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Exhiben a deudores alimentarios frente a juzgados de Almoloya

Con un tendedero de protesta, activistas expusieron a hombres que adeudan apoyos alimenticios en la crianza de sus hijos y que no han sido obligados por la justicia a cumplir con su responsabilidad

Créditos: Alma Ríos | LSR: @almarios_
Escrito en METRÓPOLI el

Afuera de los juzgados de Almoloya de Juárez, la colectiva Ley Sabina Estado de México montó un tendedero para exhibir a deudores alimentarios y exigir al Poder Judicial que estas personas no utilicen el sistema de justicia para evadir su responsabilidad, así como pedir que se juzgue con perspectiva de género y de infancias.

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Karina González, integrante de la colectiva, señaló que en la entidad mexiquense una tercera parte de las familias están lideradas por una mujer autónoma, que en muchos casos enfrentan el abandono del padre de sus hijos.

No obstante, señaló que contrario a cumplir con sus obligaciones como padres, estos hombres criminalizan a las madres de sus hijos, para evadir sus responsabilidades.

"Gran parte de los casos donde no hay sentencia es porque estos señores alargan los juicios para que no se fije una pensión, para que no se fije la guardia y custodia y, de manera personal, ejercen violencia psicológica, económica, física e, incluso, para amedrentar a las mamás y omitir su responsabilidad", dijo.

Ejercen violencia vicaria, psicológica y económica

Uno de estos casos es el de Juan Carlos "N", que hace tres años dejó sin pensión alimenticia a una infancia y ejerce violencia vicaría, psicológica y económica, criminalizando a la madre de sus hijos al denunciarla por sustracción de menores. Este caso, radicado en Toluca, motivó a la colectiva a protestar afuera de los juzgados de Almoloya de Juárez, debido a que este miércoles se llevaría a cabo una audiencia.

"Recordemos que el dinero para muchos señores sigue siendo un factor de poder. Para ellos, el hecho de soltar ese dinero no es como "cuido a mi infancia", sino "quiero tener un control sobre la persona", en este caso sobre la mujer, y si no es así, porque ya hay una separación, vienen estas problemáticas", explicó.

Karina González señaló que, en los juicios, muchas veces no se aplica la perspectiva de género, ni de infancias, además de que las mamás se ven obligadas a pagar pruebas de paternidad de hasta 30 mil pesos y los honorarios de sus abogados, lo que representa para ellas un gasto fuerte. 

"Tenemos casos donde todavía hay esas creencias de que la mamá luchona tiene que salir adelante y dejar en paz al señor, y otra en cuanto a perspectiva de infancia, pareciera que es un derecho del progenitor ver al menor, y a veces, aunque el infante, en los centros de convivencia, digan no quiero ya verlo, los profesionales siguen presionando a los infantes ver al progenitor cuando hay violencia, faltas de pago", dijo.

Demandan cumplan con la pensión alimenticia

Explicó que La Ley Sabina busca que los señalados cumplan con esta pensión alimenticia, que es mínima para lo que requieren las infancias, y busca que haya un registro de las personas deudoras que en su mayoría son hombres.

La colectiva señaló que tiene un registro de al menos 200 casos de mujeres que enfrentan estas problemáticas, además de los miles de usuarias que a través de las redes sociales, suben imágenes del deudor o datos de la carpeta de investigación, para visibilizar el problema y como un llamado para que las autoridades lo atiendan.

En el tendedero también se exhibieron imágenes de otros presuntos deudores alimentarios, entre ellos hay alcaldes.

"Estamos aquí para exhibirlos y si la justicia no los alcanza que los alcancé la vergüenza, al menos", señaló Karina González.

En octubre pasado, la bancada de Morena en la Legislatura mexiquense presentó una iniciativa para armonizar las leyes estatales con las federales, luego de que el 8 de marzo se publicó y entró en vigor la Ley Sabina, que dio a las entidades 120 días para ajustar la legislación.

Lo anterior, luego de que en el último año las denuncias por incumplimiento de obligaciones alimentarias aumentaron 9% en el Estado de México y las bajas en el registro de morosos apenas representaron el 1.6%.

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