Electo por Ernestina Godoy ante su no ratificación como fiscal capitalina, Ulises Lara será el titular de la Fiscalía CDMX en tanto el Congreso de Ciudad de México designe un nuevo nombre; no obstante, su nuevo cargo ha levanto más de una sospecha e inconformidad por su trayectoria política, en la que, incluso, se le ha señalado en más de una ocasión.
Como alertó el periodista Antonio Nieto, autor del libro "Cártel Chilango: Origen, poder y saña de la Unión Tepito", la trayectoria en la función pública de Ulises Lara está marcada por, al menos, tres denuncias mientras desempeñaba cargos de 2009 a 2012.
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Los cargos que ha ocupado Ulises Lara se remontan a 1998, cuando fue director de Planeación en el Comité de Planeación para el Desarrollo del DF, y avanzan lentamente, como asesor en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, de 2001 a 2004, Ejecutivo e Promoción y Fomento de Programas de Vivienda en el Instituto de Vivienda, hasta 2010, director de Desarrollo Económico Rural en la alcaldía Tláhuac, director de Formación Continúa y Servicios Estudiantiles de la Secretaría de Educación, durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera y, ahora, Fiscal interino de la CDMX.
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Escándalos de Ulises Lara
El actual jefe interino de la Fiscalía CDMX, enfrenta críticas y cuestionamientos sobre su historial académico y denuncias relacionadas con su gestión en cargos anteriores. Además de haber sido expuesto recientemente por expedir una cédula exprés y su licenciatura en Derecho de una escuela poco reconocida, se le acusa de irregularidades durante su período como director del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), de 2015 a 2016; entre los reclamos de los que se le ha acusado, se incluyen la presencia de supuestos "aviadores" en la nómina, cambios estructurales con influencia externa y el uso indebido de recursos del IEMS para fines personales.
Además, la media hermana de Ulises Lara, Hilda Lara Guadiana, lo acusó también de tráfico de influencias, abuso de poder, conflicto de interés y corrupción. El conflicto legal inició en septiembre de 2021 con una denuncia por fraude, falsificación y despojo presentada por la familia de Hilda Lara, quien sostiene que la intervención de su hermano desde la Fiscalía ha influido en la continuidad del caso, a pesar de las pruebas presentadas.