Un grupo de ejidatarios del municipio de Atenco, en el Estado de México, demandaron al gobierno federal para que realice el pago por sus tierras que fueron incluidas hace dos años por decreto presidencial como Área Natural Protegida (ANP), en terrenos del ex lago de Texcoco.
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Se trata de un centenar de comuneros de poblados colindantes con la zona de amortiguamiento donde ahora se construye el Parque Nacional Lago de Texcoco, quienes promovieron un amparo al asegurar que nunca aceptaron la medida y rechazaron la incorporación de sus terrenos al decreto.
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“Presentamos el amparo, estamos ya en la etapa de resolución, pero el día de hoy nos notificaron que aparentemente hay una prueba que ofreció alguna autoridad, por lo que seguramente tendremos una nueva fecha de audiencia y después la sentencia”, explicó Cesar Del Valle, abogado de los ejidatarios.
Este viernes, una comisión se presentó ante el Poder Judicial de la Federación, con sede en el municipio de Nezahualcóyotl, para exigir avances en el caso por presuntos obstáculos que han presentado autoridades para frenar la desincorporación de sus tierras al decreto federal.
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En ese punto, señalaron que, aunque el recurso fue presentado desde marzo de 2022, fecha de publicación del decreto, a lo largo del proceso han sufrido diversas irregularidades como cabios de sede y suspensión de audiencias, que han impedido el acceso a la justicia.
“Todos son pequeños propietarios de Atenco, lo que están buscando es que el decreto que declaró Área Natural Protegida, la zona del ex aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, se declare nulo por ilegal toda vez que el mismo no cumple con los requisitos de ley para que pueda ser válido y efectivo”, señaló el abogado.
“No ha habido ningún acercamiento del gobierno federal, primero la autoridad de aquí consideró que no era competente, lo mando a la Ciudad de México, después regreso aquí, hubo una consulta en la Suprema Corte de Justicia y ya lo está conociendo”, comentó.
El decreto fue publicado el 22 de marzo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación con el fin de blindar más de 14 mil hectáreas donde se construía el extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en la región de Texcoco.
Para ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) realizó consultas a los pobladores de la región para notificar sobre las modificaciones a sus terrenos y su transformación para el rescate ambiental.
Entre las actividades permitidas tras la modificación se encuentran la investigación y colecta científicas para el monitoreo ambiental, la restauración de ecosistemas y reintroducción o repoblación de especies, así como la pesca y acuacultura y el turismo de bajo impacto ambiental.
Sin embargo, el ordenamiento también contempla la construcción y mantenimiento de infraestructura pública o privada, por lo que ahora los comuneros temen que sus tierras sean utilizadas por particulares para su explotación tras la apertura del nuevo parque ecológico.
“La autoridad lo que sostiene es que busca preservar la zona para conservación de la flora y fauna y además de una zona de acuífero, sin embargo, nunca consideró la opinión de los propietarios y la gente de la comunidad por lo tanto es una violación directa a sus garantías fundamentales”
“Ya quedó demostrado en el proceso que no solo el área natural protegida, que es dentro del ex aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sino también en la zona que llaman zona de amortiguamiento son los bienes de los quejosos”, comentó el litigante.
El recurso fue presentado de manera colectiva por más de 110 ejidatarios del municipio de Acolman, quienes cuentan con propiedades de una a dos hectáreas de extensión y que ahora aseguran que integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) buscan controlar las actividades dentro de la zona protegida.
“Nuestra protesta es porque López Obrador fue a Atenco y dijo que no quería tener problemas, que fuéramos todos compartidos, que todos fuéramos amigos y él está haciendo la división con el señor Ignacio del Valle, que es del Frente de Pueblos, él no es ninguna autoridad, el manipula y a todos los ejidatarios que nos tiene aquí para que hagan el área protegida, pero nosotros no nos oponemos, que la hagan, pero que respete nuestras parcelas”, comentó Elsa Medina, vecina y ejidataria del Atenco.
También acusaron de presuntas intimidaciones de grupos de choque a fines a grupos políticos y del Ayuntamiento, para permitir el ingreso de presuntos invasores a los predios protegidos bajo supuestas actividades de mejoramiento ambiental.
“Ahorita tienen mucha gente que no son ejidatarios y están trabajando en las áreas protegidas, nos hacen a un lado, nos ignoran y nosotros por eso tenemos un amparo porque no vamos a dejar nuestras parecerlas, que respeten”, aseguró Elsa Medina.
Por ahora, los comuneros acordaron esperar la resolución judicial que será emitida en los próximos meses, aunque no descartaron realizar movilizaciones y bloqueos para exigir el pago por sus terrenos o la desincorporación final en el decreto presidencial.
“Ahorita nos las están invadiendo porque al hacerse un parque como el de Chapultepec se van a venir condominios, fabricas, tiendas, se va a explotar, entonces que respete o si no quiere meterse con nosotros que nos las pague conforme a la ley y que se quede con lo que se tenga que quedar”, agregó la comunera.
VGB