A más de un mes del derrumbe registrado en la zona alta del municipio de Chimalhuacán, al oriente del Valle de México, cuatro de las siete familias afectadas se niegan a abandonar sus viviendas.
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Se trata de residentes de la colonia Adolfo López Mateos, quienes el pasado 27 de junio sufrieron la caída de un talud sobre la calle Quetzal, que dejó afectaciones en inmuebles construidos en zonas irregulares.
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De acuerdo con las autoridades locales, los hogares se encuentran en una zona de alto riesgo y fueron construidas con materiales que no cumplen con las garantías de seguridad en caso de un siniestro.
“Las viviendas presentan alta vulnerabilidad, pues su construcción carece de las estructuras adecuadas (castillos, trabes y losa), por lo que están expuestas a efectos adversos producidos por agentes naturales”, indicó un estudio de protección civil.
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A pesar de que las autoridades les han ofrecido la reubicación de sus inmuebles, algunos residentes han rechazado la propuesta y se mantienen dentro del inmueble pese al alto riesgo de un nuevo colapso.
Y es que un estudio del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) determinó que el área donde cayeron las rocas es una “zona no habitable” por la alta propensión a la caída de fragmentos rocosos o de suelo.
Incluso advirtieron que en la actual temporada de lluvias existe un alto riesgo de un nuevo desprendimiento de rocas, por lo que personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo (CGPCyGIR) del Gobierno del Estado de México recomendó desalojar a los propietarios de las viviendas afectadas.
Ante el llamado de las autoridades, sólo tres de las siete familias que resultaron afectadas lograron ser reubicadas en días recientes en una zona segura alejada del talud, que en años anteriores era explotada como zona de mina.
De acuerdo con autoridades, la reubicación se realizó en predios disponibles en el barrio San Pedro Parte Alta, donde se brindarán los servicios básicos que carecían en su anterior vivienda.
Para ello, las autoridades entregaron terreno y se comprometieron a construir las viviendas a cambio de montos económicos menores a los vecinos beneficiarios, quienes tendrán un plazo de un año seis meses para liquidarlos.
“Se procederá a la demolición de los bienes inmuebles dañados y que el talud sea considerado con riesgo latente de colapso de fragmentos rocosos en materia de protección civil”, agregó el gobierno local.
Respecto a las familias que se mantienen en la zona de riesgo, aclararon que ya han sido notificadas en varias ocasiones por la Dirección de Protección Civil y Bomberos sobre los riesgos inminentes de permanecer en el lugar.
Incluso, afirmaron que tras el derrumbe se han realizado gestiones con instancias competentes del orden federal y estatal para determinar el riesgo que representa el talud y notificar a los residentes que estén en riesgo.
Además, tras los estudios en el sitio el Cenapred determinó que la causa del derrumbe registrado hace un mes se originó por el corte natural del terreno, que formaba parte de una mina, lo que formó un talud y grietas y bloques de gran tamaño susceptibles a caer.
Además, los especialistas concluyeron que las viviendas cercanas al talud presentan alta vulnerabilidad, además de que existe una inestabilidad de laderas, así como la falta de drenaje que ha originado que las familias viertan sus aguas residuales directamente a los taludes.
VGB