Los habitantes de la cooperativa Palo Alto, quienes construyeron sus propias casas como unidad habitacional horizontal desde hace 50 años, viven con una incertidumbre sistemática: que sus terrenos sean vendidos, ello debido al litigio que enfrentan con un grupo de cooperativistas disidentes, que buscan vender por separado su parte.
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El terreno, de 46 mil 242 metros cuadrados con 210 casas levantadas en los años 70, ubicado en medio de la zona de edificios corporativos de Santa Fe, es un espacio que resulta un manjar para las empresas inmobiliarias. Palo Alto se halla a unos pasos del emblemático edificio de El Pantalón.
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En junio de hace dos años, enfrentó una situación similar cuando el juez quinto de distrito en Materia Civil, Alejandro Dzip Sotelo, a solicitud de los disidentes, ordenó una diligencia en la unidad, para revisarla y contaría con la intervención de peritos, actuarios y diversos funcionarios.
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Además, el juez había solicitado la intervención de por lo menos 50 elementos de la Guardia Nacional. Eso puso sobre aviso a los habitantes de la cooperativa, que difundió la noticia y pidió apoyo a las autoridades capitalinas y a organizaciones sociales afines al movimiento cooperativo. Los habitantes de Palo Alto temían que una posible entrada de los disidentes, marcara el inicio de un posible despojo.
La diligencia, a la cual acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar algún enfrentamiento, fue cancelada. La cooperativa contó entonces con el apoyo del gobierno capitalino.
SIGUE EL LITIGIO
Pero el litigio puesto en marcha hace años por cooperativistas que desean vender su parte, pese a que los Estatutos lo prohíben, continúa. Así lo aseguró a La Silla Rota Marcos Valdespino, cooperativista y encargado del área de Difusión.
La sentencia dictada por la Magistrada Ariadna Ivette Chávez Romero del primer Tribunal colegiado de apelación administrativa y especializado en competencia económica, ordenó el retorno a la unidad de 20 miembros de la disidencia.
“Reconocemos el derecho que tienen los compañeros disidentes a sus viviendas. Sabemos que les asiste una retribución de su parte social, como integrantes de la sociedad, la cual debe hacerse con estricto apego a las bases constitutivas y objeto social por la cuales fue creada la cooperativa Palo Alto en los setenta”, dijo Valdespino en una declaración por escrito.
Se refiere a que quienes no quieren vender su parte y continuar en Palo Alto están dispuestos a pagarles a los disidentes su parte, pero con base en el precio fijado por los estatutos cooperativistas y no por el precio tasado con base en lo que vale el metro cuadrado en los alrededores de la zona llena de corporativos, una de las de mayor plusvalía en la capital.
Sin embargo, considera que la nueva diligencia pone en riesgo la vida cotidiana de los habitantes, de sus adultos mayores, de sus niños, de la población en general, ya que, con el retorno de los 20 disidentes, puede resurgir el conflicto social el cual se dio a partir de 1994, fecha que los integrantes de la disidencia firmaron, ante el tamaño del conflicto, unas bases de entendimiento, las cuales fueron firmadas en aquel tiempo por el gobierno del Distrito Federal, la delegación -ahora alcaldía-Cuajimalpa de Morelos y el grupo mayoritario.
En ese entonces los disidentes se fueron y dejaron las casas, las cuales no han sido tocadas u ocupadas por el resto de los habitantes de la Unidad Palo Alto e incluso están tapiadas. A cambio, se firmó un acuerdo de que mientras no se arregle el conflicto, ningún disidente abra su casa. Pero una sí fue abierta el viernes 28 de junio y con ello se violó el acuerdo.
“Eso pone en riesgo la continuidad de una organización que representa una alternativa para que cualquier habitante de esta ciudad pueda ejercer el derecho a una vivienda digna y adecuada”, añadió el encargado del área de Difusión de la cooperativa de Palo Alto.
Es por eso por lo que la cooperativa pidió a organizaciones sociales su ayuda y al gobierno de la Ciudad de México continuar las mesas de trabajo ya establecidas con diversas autoridades del gobierno de la CDMX.
“Con ello se busca el otorgamiento de créditos para poder pagar la parte social del grupo disidente”, concluyó Valdespino.
VGB