Un juez federal obligó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, que encabeza Ernestina Godoy, a dejar de utilizar el calificativo “Cártel Inmobiliario”, para referirse a la investigación por supuestos actos de corrupción de panistas en la alcaldía Benito Juárez, pues consideró que viola sus derechos constitucionales y los criminaliza.
Juan de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo de Ciudad de México otorgó una suspensión definitiva a Luis “V”, exdirector jurídico y de Gobierno en Benito Juárez, para que la fiscalía deje de utilizar este término.
“Con fundamento en los artículos 128, 139 y 150 de Ley de Amparo se concede la suspensión definitiva para el efecto de que la autoridad responsable, en los comunicados que llegue a difundir a través de la red social YouTube respecto de la detención y proceso penal que se le sigue al quejoso, se abstenga de exponerlo frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como culpable del hecho delictivo.
“Asimismo, se concede la suspensión definitiva para que la autoridad responsable, en lo sucesivo no difunda información valorativa referente al quejoso y sólo tendrá la posibilidad de difundir información acerca del quejoso de manera descriptiva sin mostrarlo como culpable”, se lee en la resolución judicial.
Gabriel Regino, abogado de Luis “V”, manifestó que la suspensión definitiva rompe el discurso criminalizador que ha empleado la institución. El penalista promovió un amparo para que la FGJ, particularmente a través del vocero Ulises Lara, así como el área de Comunicación Social, dejen de mencionar al exdirector jurídico y de gobierno en conferencias, redes sociales y comunicados de prensa, como supuesto integrante de un “Cártel Inmobiliario”.
Regino sostuvo que la FGJ ha construido un discurso mediático contra la oposición, y una muestra evidente es llamar a miembros del PAN como parte de un supuesto cártel, cuya existencia, destacó, ni siquiera ha mencionado la institución ante el juez de control durante el proceso.
Según la indagatoria de la FGJ, Luis “V” aprovechó su cargo para integrar una red de servidores públicos del PAN en la alcaldía Benito Juárez que otorgaron más de mil permisos irregulares de construcción, además de realizar desalojos ilegales, presuntamente a cambio de que las empresas constructoras entregaran departamentos y sobornos.
Regino indicó que, contrario a su discurso, la fiscal Ernestina Godoy actúa con fines políticos, pues encabeza una “cargada” institucional para criminalizar al acusado, sin que este haya sido considerado del delito que se le acusa. El exdirector jurídico y de gobierno en Benito Juárez actualmente está preso, luego de ser vinculado a proceso con base en una acusación de enriquecimiento ilícito.
Regino destacó que la decisión del Poder Judicial de la Federación marca un precedente en la comunicación social de la institución encargada de perseguir los delitos. Recordó que Comunicación Social ha sido la responsable de difundir comunicados de prensa e incluso fijar mensajes en Twitter con el término “Cártel Inmobiliario”, lo que viola los derechos del imputado y la Constitución.
“Ha sido habitual por parte de la fiscalía capitalina utilizar al área de comunicación social como medio de criminalización de las personas que están sujetas a investigación y que ni siquiera han sido llevadas ante la autoridad judicial.
“Esta conducta que es totalmente reprobable e incluso delictiva, ha sido ya prohibida por la autoridad federal en los amparos que hemos promovido en favor de nuestro representado”, puntualizó.
MRV