El plan estratégico integral presentado por el Gobierno de Jalisco para enfrentar los problemas de calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara enfrenta cuestionamientos por parte de especialistas y organizaciones ciudadanas, quienes consideran que la propuesta carece de sustento técnico suficiente, no parte de un diagnóstico integral del sistema hidráulico y deja sin atender interrogantes sobre los riesgos sanitarios que enfrenta la población.
En entrevista con La Silla Rota, el especialista en gestión hídrica Arturo Gleason Espíndola sostuvo que la estrategia oficial no puede considerarse verdaderamente integral porque excluye propuestas impulsadas por colectivos ciudadanos, investigadores y sectores críticos de la política hídrica estatal.
A su juicio, la iniciativa responde a una visión promovida por un grupo reducido de ingenieros cercanos al gobierno que privilegia la construcción de infraestructura de gran escala sin haber realizado antes una evaluación exhaustiva de las causas que originaron la crisis.
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El experto en temas de agua y ciudad también cuestionó la evolución de los montos de inversión anunciados por las autoridades estatales, a los que calificó como una “danza de cifras”.
Recordó que inicialmente se habló de 7 mil 500 millones de pesos para un nuevo acueducto; posteriormente se anunció una inversión de mil millones de pesos sin precisar con claridad su destino; más adelante se planteó un proyecto de 15 mil millones para un segundo acueducto y una planta potabilizadora; y ahora se propone una inversión estatal de 5 mil millones de pesos, condicionada a la obtención de más de 20 mil millones de pesos por parte de la Federación.
A decir del especialista y académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el esquema traslada buena parte de la responsabilidad financiera al gobierno federal y mantiene incertidumbre sobre la viabilidad de las obras anunciadas.
Agua sucia en Guadalajara: especialistas cuestionan falta de diagnóstico y transparencia
Más allá de los recursos comprometidos, Gleason consideró que el principal problema es la ausencia de información pública que permita conocer con precisión el estado real del sistema de suministro de agua.
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Sostuvo que actualmente no existe un diagnóstico integral que abarque todo el recorrido del agua, desde su extracción en el Lago de Chapala hasta su llegada a las viviendas.
“No hay credibilidad, no hay transparencia, no sabemos cómo está el problema real, no hay un documento, no hay nada, tenemos que confiar en que ellos que hicieron el desorden tienen la propuesta. ¿No? No, o sea, ¿dónde está la evidencia de qué es lo que está pasando? Yo no la conozco, no sé tú la conoces, que hay un documento, que haya información exhaustiva de lo que sucede desde Chapala, canales, potabilizadoras, tanques, redes, tomas domiciliarias, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo haces propuestas sin saber exactamente qué está sucediendo en todo el sistema de suministro de agua?”, cuestionó.
El investigador comparó la situación con intentar diagnosticar una enfermedad grave únicamente a partir de síntomas visibles. Explicó que existen señales evidentes del deterioro en la calidad del agua, pero no estudios públicos suficientemente detallados que permitan identificar el origen de las afectaciones ni dimensionar los riesgos para la población.
También criticó que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no haya informado con precisión qué contaminantes están presentes en la red de distribución, cómo se distribuyen territorialmente ni si existe presencia significativa de metales pesados.
Respecto a los reportes de habitantes de colonias como Americana, Moderna, Mexicaltzingo y Quinta Velarde, donde se ha denunciado que el agua presenta olor a drenaje o materia orgánica en descomposición aun cuando luce transparente, señaló que una posible explicación es la presencia elevada de materia orgánica que consume oxígeno y modifica las condiciones químicas del líquido.
No obstante, insistió en que cualquier conclusión requiere monitoreos permanentes y análisis sistemáticos, y no mediciones aisladas.
Gleason también llamó al Congreso de Jalisco a asumir un papel más activo frente a la crisis.
Consideró que el Poder Legislativo debe ejercer sus facultades de control y fiscalización para exigir información técnica verificable y garantizar una revisión independiente del organismo operador.
Asimismo, lamentó que la discusión pública se reduzca a visitas guiadas e invitaciones a instalaciones hidráulicas, sin que exista una evaluación técnica profunda del sistema.
“Lo que tendría que hacer el Congreso, junto con la sociedad civil, es ordenar una revisión cuidadosa de todo el sistema, intervenirlo, analizarlo y saber exactamente qué está pasando”, planteó.
Gobierno plantea obras y proyectos que rebasan los 20 mil millones de pesos
Mientras especialistas cuestionan la falta de diagnósticos públicos, el Gobierno de Jalisco sostiene que la problemática responde a décadas de rezago en infraestructura hidráulica y que la solución requiere inversiones de gran escala.
La administración estatal anunció un plan integrado por más de 30 acciones de corto, mediano y largo plazo para atender problemas de calidad, abastecimiento, distribución y saneamiento del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.
La estrategia contempla una inversión inicial superior a los 5 mil millones de pesos con recursos estatales, además de la instalación de una mesa permanente de coordinación.
Entre las obras en ejecución se encuentran la ampliación de la Planta Potabilizadora No. 1, la construcción de un nuevo módulo en esa instalación, la segunda etapa del acueducto y sistema de bombeo de La Calera, así como el colector de Villa Fontana y diversas acciones de saneamiento en la cuenca de El Ahogado.
De acuerdo con la información presentada por el gobierno estatal, estas intervenciones permitirían mejorar la calidad del agua en el corto plazo.
Sin embargo, la propia administración reconoce que la solución estructural requiere proyectos de mayor alcance cuyo costo conjunto supera los 20 mil millones de pesos.
Entre ellos figuran un nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y la reconversión y ampliación de las plantas potabilizadoras 1, 3 y 5.
Para concretarlos, el Ejecutivo estatal prevé solicitar apoyo financiero al gobierno federal y remitir las propuestas correspondientes al Congreso local para su análisis.
Colectivos anuncian movilizaciones y exigen reconocer emergencia sanitaria
Paralelamente, organizaciones ciudadanas anunciaron una serie de movilizaciones y acciones legales para exigir que las autoridades reconozcan la existencia de una emergencia sanitaria asociada a la calidad del agua.
La directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), María González Valencia, informó que una de las primeras acciones será una manifestación frente a las oficinas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal), donde entregarán un informe con resultados de monitoreos ciudadanos realizados en distintas colonias de la zona metropolitana.
Los colectivos exigen que las autoridades analicen las 184 muestras obtenidas en alrededor de 90 colonias y contrasten esos resultados con los estudios realizados por ciudadanos y académicos del ITESO.
“Si las autoridades niegan los riesgos sanitarios, los impactos a la salud, que los demuestren”, señaló.
Las organizaciones también convocaron a una manifestación en Casa Jalisco para exigir agua limpia y atención a los riesgos sanitarios; una movilización ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, donde prevén presentar una demanda colectiva respaldada por más de 900 denuncias ciudadanas; una protesta frente a las oficinas centrales del SIAPA para evaluar los primeros meses de gestión de su nuevo director; y otra más ante la Fiscalía Anticorrupción para exigir avances en investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción dentro del organismo operador.
Según los resultados de los muestreos ciudadanos, se detectaron distintos contaminantes en colonias de:
- Guadalajara
- Zapopan,
- Tlaquepaque
- Tonalá
Entre los hallazgos reportados se encuentran aluminio, cobre, hierro, mercurio, plomo y coliformes fecales. Particular preocupación generan los resultados relacionados con plomo y mercurio, detectados en diversos puntos de la ciudad, así como la presencia de bacterias asociadas con contaminación fecal.
Los colectivos sostienen que los análisis muestran que incluso el agua aparentemente limpia o transparente contiene contaminantes potencialmente dañinos para la salud.
María González calificó como “criminal e inadmisible” que continúe distribuyendo agua turbia o presuntamente contaminada a la población.
Con base en esos resultados, más de 33 colectivos, comunidades y organizaciones que integran las campañas ciudadanas El SIAPA que Queremos y SIAPA Corrupto sostienen que el agua distribuida actualmente por el organismo operador representa un riesgo latente para la salud pública y demandan que las autoridades transparenten la información técnica disponible, realicen estudios independientes y adopten medidas de fondo para atender la crisis.
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Contexto: en abril pasado, La Silla Rota dio cuenta de la crisis por la mala calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara persiste. A tres semanas del relevo en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el suministro de agua con mal olor continúa en colonias de la ciudad, mientras la nueva administración mantiene sin transparentar el alcance real del problema.
La llegada de Ismael Jáuregui Castañeda no ha frenado los reportes ciudadanos. Tras la salida de Antonio Juárez Trueba, continúan las quejas por agua con olor fétido, a drenaje o con rastros de óxido, una situación que se repite en distintas zonas del AMG.