GUERRERO.- Un grupo de trabajadores municipales acusaron este martes de un presunto desvío de recursos a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien enfrenta una solicitud de juicio político ante el Congreso de Guerrero.
El abogado Carmelo Loeza Hernández, representante de 18 trabajadores municipales, fundamentó la petición tras detectar una inconsistencia: la edil asegura haber pagado 177 millones de pesos en laudos durante 2022, mientras sus representados siguen sin recibir un solo peso.
La demanda exige la suspensión inmediata de la mandataria para investigar el paradero del dinero. "Si se pagó esa cifra astronómica, el Ayuntamiento debería estar libre de deudas judiciales, pero la realidad es otra", afirmó Loeza. De no acreditarse el destino de los fondos con expedientes y nombres, los denunciantes piden la revocación definitiva del mandato.
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Gestión de laudos en Acapulco
En su más reciente informe de gobierno, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, detalló la situación laboral del municipio, reportando un total de 1,034 expedientes heredados y 110 generados en la presente administración. Según las cifras oficiales, el Ayuntamiento ha destinado 177.71 millones de pesos al pago de laudos, restando aún requerimientos pendientes por un monto de 153.47 millones.
Sin embargo, estas cifras han sido cuestionadas por abogados laboralistas, quienes denuncian una falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y sugieren posibles actos de corrupción. Ante esta sospecha, se ha solicitado formalmente al Congreso de Guerrero que se inicie una investigación y se cite a comparecer a la alcaldesa.
El objetivo es que presente evidencia documental y expedientes que acrediten el destino real de los 177 millones de pesos, especialmente ante la existencia de al menos 18 trabajadores que, a pesar de contar con convenios ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y juicios ganados, no han recibido sus pagos.
Bajo el actual marco de la Ley de Responsabilidades Administrativas, el denunciante posee el interés jurídico necesario para promover juicios de amparo indirecto ante cualquier omisión en la investigación de estos actos. Este nuevo régimen jurídico transforma al denunciante: ya no es un mero espectador, sino un actor central en la fiscalización de la función pública y el combate frontal a la corrupción.
lrc