Ciudad Juárez -El propietario del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, José Luis A. C., salió de prisión tras obtener un amparo concedido por el juez de distrito Luis Eduardo Rivas Martínez el pasado 14 de febrero de 2026. Era el único detenido por el caso; hoy no hay ningún responsable en la cárcel.
La decisión judicial desató la indignación de las familias afectadas, quienes se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir que el mal manejo de los cuerpos de sus seres queridos no quede impune. En entrevista para La Silla Rota, denunciaron que el sistema permitió que el único imputado recuperara su libertad mientras ellas siguen sin respuestas y sin justicia.
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Además, exigieron la renuncia del fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, a quien señalan de haber concedido la apelación que derivó en la liberación. Aseguran que el imputado ahora se resguarda en El Paso, Texas, país del que es originario.
“No son cifras, son padres, madres, hermanos, hijos e hijas, con nombres y memorias que merecen respeto y justicia”, expresaron durante la protesta.
Indignación y exigencia de reconocimiento como víctimas
En el comunicado difundido el 17 de febrero, las familias sostuvieron que la resolución judicial envía un mensaje de protección a quienes cometen crímenes atroces y profundiza la desconfianza en las instituciones. Reiteraron que en Ciudad Juárez no solo se vive bajo una violencia constante, sino también bajo la incertidumbre de que incluso después de la muerte puede negarse la dignidad.
Durante la protesta, integrantes de la agrupación Memoria, Dignidad y Justicia entregaron un pliego petitorio a Juan Daniel Delgadillo Martínez, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación. El funcionario admitió que no conoce a profundidad el caso del Crematorio Plenitud, aunque dijo haber revisado algunas notas periodísticas. Explicó que, debido a la carga de expedientes rezagados, estiman que en aproximadamente tres meses podrían atender las denuncias y exigencias presentadas.
Asimismo, señaló que el juez que concedió el amparo a José Luis A. C. pudo haberse equivocado, pero subrayó que la revisión debe realizarse de manera integral y conforme a los tiempos procesales, valorando si existen víctimas, ofendidos o daños sociales derivados del caso. Sus declaraciones generaron inconformidad inmediata entre los deudos, quienes le recalcaron que son víctimas directas de las decisiones judiciales y que el paso del tiempo solo profundiza su dolor.
Ocho meses de espera, 195 cuerpos sin nombre
“Estamos cansados, tenemos miedo y yo no sé dónde está mi papá”, expresó Manuela, una de las afectadas.
A casi ocho meses del hallazgo, 195 cuerpos permanecen sin identificar. Paralelamente, se han presentado múltiples denuncias ante la Fiscalía por delitos como fraude, inhumación indebida y exhumación ilegal.
La abogada Olivia Aguirre, representante legal de algunas familias, explicó que la federación solo fue contemplada para apoyar en la identificación forense, no en la investigación penal, lo que ha ralentizado aún más el proceso judicial. Aguirre ha acompañado a cuatro familias a interponer denuncias ante la Fiscalía Especializada de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), en las que se solicita investigar no solo a particulares, sino también a diversas autoridades, entre ellas la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como dependencias de Desarrollo Urbano, Ecología y Regulación Económica.
El 26 de junio de 2025, vecinos de la calle Granjas Polo Gamboa alertaron a la Policía Municipal por olores fétidos persistentes provenientes de un crematorio que operaba como si fuera formal. En el lugar fueron localizados 386 cuerpos sin incinerar, apilados, sin identificar, sin refrigeración y en avanzado estado de putrefacción. El establecimiento continuaba recibiendo cuerpos de distintas funerarias y cobrando por el servicio sin realizar la cremación. Datos del Servicio Médico Forense indican que había restos con fechas que van de 2021 a 2025.
Hasta hoy, hay familias que desconocen el paradero de los restos de sus seres queridos. Aunque se elaboró un catálogo de prendas para facilitar la identificación, consideran que el proceso ha sido excesivamente lento. Sin apoyo federal adicional y ahora sin ningún responsable en prisión, dicen vivir con miedo a represalias por manifestarse.
La exigencia es clara: verdad, identificación plena y justicia. Porque, como repiten, no son cifras, son personas.