CAMPECHE.- El cierre del Carnaval de Ciudad del Carmen, Campeche, se vio marcado por un incidente que ha generado una fuerte controversia: la detención violenta de Aramis González Barrera, un ciudadano que participaba en el desfile portando una botarga alusiva a Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores.
Según los reportes, González Barrera se encontraba recorriendo el derrotero del carnaval repartiendo pelotas de manera pacífica. Sin embargo, la situación escaló cuando personal de Protección Civil le ordenó retirarse el disfraz, instrucción que el ciudadano no acató. Ante la negativa, elementos de la policía municipal procedieron a detenerlo, someterlo y golpearlo frente a los asistentes al evento.
El hombre fue trasladado a un centro de detención, de donde fue liberado horas más tarde tras realizar el pago de una multa de 4 mil pesos. El suceso, que fue grabado y difundido en redes sociales, provocó una ola de críticas por parte de ciudadanos que calificaron el actuar policial como un “exceso de autoridad y abuso de poder” en una festividad tradicional.
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¿Quién es Gerardo "Seso Loco" Sánchez Sansores?
La botarga parodiaba a una figura de gran relevancia política en el estado. Gerardo Sánchez Sansores es sobrino de la mandataria estatal y, aunque no ocupa un cargo formal en el gabinete, se le reconoce por su influencia en la política local y su constante presencia en eventos oficiales junto a la gobernadora.
Además, Sánchez Sansores ha manifestado públicamente su interés en contender por la gubernatura de Campeche en 2027.
La detención ha desatado un debate público sobre los límites del control policial en eventos culturales y la posible represión a la libertad de expresión. Ciudadanos cuestionan si la intervención respondió a una falta administrativa real o si se trató de un acto para suprimir la sátira política en un espacio público.
Otras polémicas de Layda Sansores
Contexto: Layda Sansores, militante de Morena, es gobernadora de Campeche desde 16 de septiembre de 2021. Su administración ha sido objeto de diversas críticas, señalamientos y controversias públicas en temas de transparencia, uso de recursos y libertad de expresión.
Desde que Layda asumió el cargo, diversas dependencias del gobierno de Campeche no han publicado los resultados de auditorías en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pese a que dicha publicación es una obligación legal. Esto ha generado acusaciones de opacidad y falta de rendición de cuentas por parte de especialistas en transparencia, auditorías y organismos ciudadanos. En varios casos revisados, incluso los enlaces proporcionados por el gobierno no contienen información accesible o son inexistentes.
Además, la gestión de Sansores ha sido señalada por acciones contra medios y periodistas críticos de su administración.
El diario Tribuna, con décadas operando en Campeche, cerró su versión digital tras acciones legales iniciadas por el gobierno por supuestas difamaciones hacia la gobernadora.
El exdirector de ese medio, Jorge González Valdez, fue vinculado a proceso penal por una denuncia presentada supuestamente por la mandataria por delitos relacionados con “incitación al odio”, lo que grupos defensores de la libertad de prensa calificaron como una forma de hostigamiento judicial.
En algunos casos se ordenó judicialmente una forma de vigilancia previa sobre el contenido de periodistas y medios, lo que ha sido interpretado como un atentado contra la libertad de expresión.
lrc