TIJUANA.- El congreso de Baja California, con la mayoría de Morena y sus aliados, aprobó una deuda de 2,960 millones de pesos a pagar durante 30 años para construir las redes de distribución que utilizará la desaladora proyectada en Playas de Rosarito.
El debate entre la oposición y el oficialismo se centró en el impacto que esa deuda traerá a las finanzas del estado igual que un posible aumento a la tarifa del agua.
“Estamos hipotecando nuestro estado a 30 años”, apuntó el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Echevarría.
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Según la bancada de ese partido, el crédito costará al final más de 9 mil 700 millones de pesos y se sumarán a otros 6 mil 600 millones que cubrirá la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), por una deuda de 2 mil 200 millones para el mismo objetivo.
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Los diputados de Morena, en cambio, defendieron su voto asegurando que el compromiso del gobierno estatal es mínimo en comparación con los 10 mil millones que aportará la federación para construir la desaladora.
Sin embargo, cuando el proyecto fue presentado por la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la inversión proyectada era de 12 mil millones de pesos: 8 mil millones de la federación y 4 mil millones del estado.
“No estamos en contra del agua, estamos en contra de la opacidad de las finanzas que se están requiriendo para este proyecto”, señaló la diputada del Partido del Trabajo (PT), Yohana Gilvaja.
Un viejo proyecto
Contexto: el plan para construir una planta desaladora que abastezca a Rosarito, Tijuana y Ensenada, nació en el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid, el último gobernador panista en Baja California.
Su propuesta implicaba una producción de 4.4 litros por segundo (el doble de lo que desalinizará el nuevo proyecto), pero bajo la figura de una Asociación Público Privada (APP).
En aquella ocasión las protestas ciudadanas dieron al traste con la obra que pretende garantizar el suministro a la zona costa del estado que hoy recibe agua desde el Río Colorado gracias al acueducto que atraviesa La Rumorosa desde Mexicali.
“Antes era recurso privado y ahora son recursos públicos. Lo cual no tiene un impacto en la tarifa para los ciudadanos”, aseguró esta misma semana la gobernadora Ávila Olmeda.
Según lo aprobado con 19 votos a favor y 6 en contra, esta vez la fuente de pago de la deuda será el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), pero nada garantiza que no habrá un aumento a la tarifa.
El PAN solicitó agregar esa garantía en el dictamen que aprobó la deuda de casi 3 mil millones de pesos, pero luego de un receso de aproximadamente dos horas durante la sesión del congreso, oficialismo y oposición no lograron un acuerdo para ello.
Incluso, académicos como Marco Antonio Samaniego López, investigador en el Instituto de investigaciones históricas en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), afirman que hace falta transparencia en el costo de la nueva infraestructura y sus consecuencias.
Entrevistado al término de un foro sobre la nueva Ley del agua y el Acta 333 del agua, celebrado en el campus Tijuana de esa universidad, aseguró que existen falsas expectativas sobre la desaladora porque no será la solución de fondo a la sequía.
“El costo de desalar es ambiental, es económico, es eléctrico, y nunca he visto que se cumplan a tiempo. No va a estar en el 2029, no va a estar en el 2032”, estimó el profesor adscrito al Centro de Investigación del Agua (CIAGUABC)
La construcción de la desaladora está en proceso de una segunda licitación a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que la primera fue declarada desierta porque las tres empresas participantes excedieron el presupuesto disponible.
Las redes de distribución, por otro lado, serán construidas por el ejército mexicano, afirmaron diputados de Morena.
lrc