Querétaro, Querétaro - Mónica Ponzanelli no sólo carga con el dolor de no saber dónde está su hijo Ramón, desaparecido en Querétaro desde el 12 de mayo de 2025. También vive una batalla diaria contra quienes se aprovechan de su desesperación y la quieren extorsionar.
Hoy en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la madre de familia cuenta para La Silla Rota, que desde la desaparición de su hijo, recibe llamadas y mensajes sin cesar a su número de teléfono, para extorsionarla.
Voces que exigen dinero, que insultan, que amenazan. Un día le dicen: “más le vale que me pague o sino sabrá Dios qué ocurre con su hijo”. Otro, alguien con tono educado asegura que huyeron con él y necesitan recursos para liberarlo.
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Mónica les responde a los extorsionadores con pruebas íntimas. Pregunta por el nombre de la perrita cocker, por el apodo cariñoso con el que su hijo nombra a su abuela, por el tatuaje en árabe que siempre lo acompaña. El silencio al otro lado de la línea confirma la mentira. Pero los extorsionadores no se rinden; dos días después reaparecen, argumentando que Ramón no puede hablar porque “tiene rota la mandíbula”. Ella cuelga. Bloquea. Resiste.
Por eso, cuando le preguntan si no estaría dispuesta a ofrecer una recompensa económica por información que ayude a esclarecer el paradero de Ramón, ella responde tajante que no, porque si ya la hostigan sin dinero de por medio, “imagínese ofreciendo dinero, no me dejarían en paz”, advierte.
Para Mónica Ponzanelli, la única recompensa válida es la que nace de la solidaridad genuina. “Alguien que de buena fe te quiere decir dónde está tu hijo no te está pidiendo dinero y la recompensa se la darías con gusto”, afirma. Para madres como Mónica, dar dinero por información no trae esperanza, sino miedo; el miedo de que la extorsión, disfrazada de información, se convierta en un negocio.
La doble desaparición de las madres
La historia de Mónica no es aislada. De acuerdo con el informe; “Desaparecer otra vez” de Amnistía Internacional, publicado en julio de 2025, al menos 97 por ciento de las madres buscadoras en México han enfrentado violencias y afectaciones mientras intentan localizar a sus seres queridos; desde amenazas y extorsiones hasta ataques directos, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual, desapariciones y asesinatos.
Karla Verónica Martínez Jiménez, más conocida en el colectivo Hasta Encontrarte como La Hulk Jiménez, busca a su hermano desaparecido en Irapuato, Guanajuato, desde el 18 de febrero del 2020.
En esos cinco años de búsqueda, ha recibido amenazas por teléfono, la han perseguido autos con personas extrañas al salir de sus búsquedas en fosas clandestinas y hasta la han querido atropellar. “Por eso siempre que hago mis transmisiones en vivo digo que no estamos buscando culpables sino a nuestros seres queridos”, cuenta en entrevista.
La buscadora que se ganó el apodo de “La Hulk” Jiménez porque con un pico de hierro ha localizado a 136 restos humanos en las tierras de Irapuato, lamenta que hasta ahora ningún fémur, dentadura o hueso, sea el de su hermano Juan Valentín. Y le preocupa que por buscar, alguien quiera hacerle daño.
México cuenta hoy con más de 128 mil personas desaparecidas, y detrás de esa cifra hay miles de mujeres como Karla, que buscan con sus propias manos lo que el Estado no ha sabido encontrar. Amnistía Internacional documenta que en los últimos diez años, 16 madres buscadoras han sido asesinadas en su intento por hallar a los suyos.
Frente al abandono y la violencia institucional
La violencia no termina en la clandestinidad de las llamadas extorsivas o las fosas que excavan. El informe revela que una de cada dos buscadoras, ha sufrido discriminación por su género, situación económica, pertenencia a pueblos indígenas o condición migratoria.
A ello se suma la estigmatización y revictimización, muchas veces ejercida por las propias autoridades. Karla, por ejemplo, dice que muchas amistades e incluso familiares, dejaron de hablarle cuando su hermano desapareció porque asumen que estaba en negocios raros.
“No se dan cuenta que en este país desaparece la gente buena también, la trabajadora como mi hermano, los niños y las niñas, los jóvenes engañados por ofertas de trabajo”, explica la buscadora.
“Desapareció alguien con dinero y lo encontraron porque fue prioridad para la Fiscalía, mientras que a mí ni siquiera me dan citas para buscar a mi hijo”, denuncia una madre desde Colima en el informe de Amnistía Internacional del mes pasado. Y esa frase resume la desigualdad que hiere doblemente; la desaparición y la indiferencia institucional.
Mientras tanto, las buscadoras siguen enfrentando la tierra con picos y palas, en zonas dominadas por el crimen organizado, poniendo su vida en riesgo. Y lo hacen en soledad, porque apenas 17 por ciento de ellas se atreve a denunciar las violencias que sufre, ante la desconfianza en autoridades percibidas como cooptadas por los mismos grupos que las dañan.
“En otros países los Estados buscan a los desaparecidos. En México son las mujeres quienes lo hacen, cruzando fronteras, excavando, exponiéndose a todo”, advierte Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional en México.
Mónica Ponzanelli y Karla Jiménez, no piden recompensas ni reconocimientos; piden justicia, memoria y verdad. Pero sobre todo, luchan para que la desaparición de sus seres queridos no se convierta en un silencio impuesto sobre sus propias vidas. No quieren que, por buscar, sean ellas las desaparecidas.
México y Centroamérica deben asumir su responsabilidad
En México y América Central, la desaparición de personas sigue siendo una tragedia humanitaria que golpea profundamente a las familias. Miles de personas permanecen sin ser localizadas, mientras el número de casos aumenta debido a la violencia, la migración y los desastres, sumándose a desapariciones del pasado, incluso de conflictos armados.
Frente a esta realidad, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llama a los Estados a asumir su responsabilidad y garantizar a las familias una respuesta integral que atienda sus necesidades económicas, jurídicas y psicosociales.
“No se trata de un favor; es una obligación legal, una deuda con las víctimas y con la sociedad”, enfatiza Jérémy Renaux, coordinador regional del programa de personas desaparecidas del CICR.
Según cifras oficiales, en México más de 130,000 personas se encuentran registradas como desaparecidas, mientras que en Guatemala, el conflicto armado interno entre 1960 y 1996 dejó al menos 45,000 desaparecidos y la Policía Nacional Civil reporta un promedio anual de 2,964 nuevas desapariciones.
En El Salvador, se estima que entre 8,000 y 10,000 personas desaparecieron durante el conflicto armado de 1980 a 1992, y entre 2015 y el primer semestre de 2025 se registraron 9,465 casos adicionales. Honduras, por su parte, reportó 10,763 desapariciones entre 2012 y 2023, cifras que reflejan la persistencia y magnitud de esta tragedia humanitaria en la región.
El CICR advierte que la búsqueda no puede recaer en las familias, quienes con valentía y esfuerzo intentan encontrar a sus seres queridos. La obligación corresponde a los Estados, que deben fortalecer los marcos jurídicos, mejorar las capacidades forenses, asegurar acceso a información confiable y fomentar la coordinación entre instituciones y sociedad civil.
“La desaparición de personas nos interpela como sociedad. La empatía y la solidaridad son esenciales para acompañar a las familias y contrarrestar la estigmatización y el aislamiento que enfrentan”, concluye Renaux. En este contexto, el CICR continúa asesorando a los Estados, promoviendo la participación de las familias y recordando que el derecho a saber no puede esperar.
Contexto: Esta información es relevante porque visibiliza la grave situación que enfrentan las madres buscadoras en México: no solo luchan por encontrar a sus seres queridos desaparecidos, sino que además son víctimas de extorsiones, amenazas y hostigamiento. Denunciar estas prácticas revela la necesidad urgente de que los Estados protejan a quienes buscan justicia y aseguren mecanismos efectivos de búsqueda, evitando que la búsqueda se convierta en un riesgo adicional para las familias.