MONTERREY. - Un enviado de la administración estatal, Ulises Carlín, consejero Jurídico del Gobernador, ingresó a la Oficialía de Partes del Congreso local, donde fue recibido por el personal con quienes sostuvo un encuentro a puerta cerrada, aunque se les observaba a través de un cristal de la ventanilla.
Ahí el personal de la Oficialía de Partes recibió el Paquete Fiscal 2024 que deberá ser turnado a los diputados para su análisis y aprobación. El enviado rechazó dar detalles sobre la entrega del paquete a los legisladores.
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El gobernador está remitiendo el documento al Congreso casi un año después de la fecha en que debió hacerlo, el 20 de noviembre del año pasado como lo señala la Constitución local.
Actualmente el gobernador Samuel García enfrenta un juicio político interpuesto en el Congreso por representantes del PAN y del PRI, por no presentar el presupuesto del 2023 en noviembre 20 del 2022.
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La legislatura que concluyó el sábado dejó de herencia a la que inició el domingo, lo relativo al juicio político.
De acuerdo a la Constitución neolonesa, si no se presenta el paquete fiscal ante el Congreso, el estado ejercerá el presupuesto del año anterior; es decir, en 2023 y 2024 se ha ejercido el del 2022 de 140 mil millones de pesos.
Samuel García no ha enviado estos años el paquete fiscal debido al enfrentamiento que sostuvo con la anterior legislatura, y que, todo indica, seguirá confrontado con los nuevos legisladores.
Esta situación, impidió a alcaldes de oposición al gobernador obtener un fondo municipal para seguridad y otras obras por 2500 millones de pesos, de los que apenas les entregó tras presiones, alrededor del 30 por ciento.
El juicio político deberá retomarlo la actual LXXVII Legislatura, donde la coalición PAN-PRI-PRD tiene 21 votos contra 21 de la alianza MC, Morena, Verde y PT.