TUXTLA GUTIÉRREZ. - Un automóvil quemado en una carretera del municipio de Ocozocoautla y un chip telefónico, es lo único que sirve como pista, desde hace poco más de dos años, en la búsqueda de las autoridades de Óscar Cruz Hernández, hombre que desapareció en Jiquipilas cuando se dirigía a su centro laboral.
Desde ese 27 de junio de 2022 a la fecha, sólo hay una imagen en donde se aprecia cómo el maestro del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja) sale de su domicilio, se sube a su automóvil un Tsuru color azul, y se va.
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Óscar, padre de seis hijos, es el desaparecido número 1,252 en Chiapas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (RNPDNO).
En entrevista con La Silla Rota, José Cruz, hermano del desaparecido, lamenta que el sistema judicial no tenga respuestas sobre el paradero del hombre que, hoy, tendría o tiene 52 años de edad.
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“Se avanzó, de forma inicial, con varios trabajos de investigación, se hicieron brigadas de búsqueda… pero cada día aumenta más el tema de desaparecidos en Chiapas”, lamenta.
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Ni ganas, ni recursos
Para él, es claro que la Fiscalía de Desaparecidos cuenta con poco personal para efectuar esas tareas, y el gobierno del estado no provee recursos para que, a través del Congreso local, ese tipo de instancias sean fortalecidas, y por ello las búsquedas aún sean limitadas.
Por desgracia, refiere que la Ley de Atención a Víctimas no se legisle en Chiapas, pues eso abonaría a que los familiares directos de las víctimas de desaparición, como en este caso los hijos y esposa de Óscar, tengan derecho a usufructuar o atender los asuntos patrimoniales.
“Al no validar esa ley, no se puede contar con el derecho especial de ausencia, como se le conoce; la exministra y senadora Olga Cordero ya ha venido a la entidad y dio una conferencia sobre ese tema, y que esperaba que Chiapas se sumara a ello, pero creo que acá la política en la materia es escasa”.
Carmen Villa, directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas, lamenta que, cuando se habla de desaparición, significa que se trata de una nomenclatura que no existe como tal en el Código Penal, por lo que no se abre una carpeta de investigación (CI).
“Se abre bajo otra modalidad como secuestro o privación ilegal e la libertad, y por eso no hay un registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que hable de ese tópico”, asevera.
Si tienen más información de desaparición forzada, dice, es porque han tenido acercamiento con familiares de víctimas, pues los registros oficiales, insiste, sólo se pueden hallar en la Comisión Nacional de Víctimas, mientras que grupos de madres buscadoras u otros han advertido sobre las discrepancias en las cifras.
Chiapas huele a sangre
En el primer semestre de este año, en Chiapas se contabilizaron 357 CI por homicidio doloso, lo que evidencia un incremento del 52 por ciento comparado con el mismo semestre de 2023, según datos obtenidos del SESNSP.
Inclusive, hay municipios como Suchiate y Pantelhó cuyas tasas en cuanto a la comisión de estos delitos son las más elevadas a nivel estatal: 73.65 y 40.85 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Carmen Villa advierte que hay que ponerles mucha atención a los secuestros, “nosotros, desde hace ocho años, hacemos análisis del índice delictivo en el estado, y nunca (ese ilícito) había sido relevante o sobresaliente, al grado de que a veces ni lo nombrábamos porque no había registros”.
Está convencida, dice, que muchas personas se inhiben para hacer la denuncia respectiva, ya sea por presión de las mismas autoridades o amenazas del crimen organizado.
Pese a ello, de enero a junio de este año, según el Observatorio Ciudadano, se registraron nueve CI de secuestro. “Aunque es una cifra baja, podemos decir que aumentó al menos 50% con respecto al mismo lapso del año pasado”, afirma.
Los cárteles siembran terror
Hace tres años, la disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación agudizó el tema de la violencia en territorio chiapaneco, lo que ha generado desplazamientos forzados (incluido el más reciente de pobladores de Amatenango de la Frontera hacia Guatemala), hasta muertes y, desde luego el descubrimiento de fosas clandestinas.
Con base en datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), de 2019 a 2023 en Chiapas han detectado al menos 14 fosas clandestinas: Chiapa de Corzo (1), Tuxtla Chico (1), Comitán de Domínguez (3), Tuxtla Gutiérrez (3), Tapachula (1), Raudales Malpaso (1), Yajalón (1), Ocozocoautla (2) y Palenque (1). De todas éstas, se registró un total de 20 víctimas.
Sergio, chiapaneco borrado del mapa
Sergio trabajaba como cobrador en un estacionamiento público de esta ciudad capital; sin embargo, el pasado 14 de junio, comenzó a formar parte de los desaparecidos que contabiliza el RNPDN en Chiapas.
De acuerdo con la información que ha circulado y que ofrecieron personas cercanas al originario de Tuxtla y padre de dos niños y un recién nacido, un grupo de hombres lo “levantaría” y se lo llevaría en una camioneta blanca polarizada. Con él, también fueron “robados” su teléfono celular, la caja registradora, una computadora, entre otras pertenencias o artículos que le servían para hacer su chamba.
Sin embargo, hasta el momento no se tiene seña de dónde esté. Aunque luego de pesquisas de algunos de sus conocidos, se advirtió que Sergio Gómez Álvarez, de 27 años de edad, al parecer fue trasladado al municipio de Catazajá, en la región Norte de la entidad chiapaneca.
Según imágenes que se compartieron en redes sociales, había una persona detenida con las características físicas “muy similares” a él, pero no resultó cierto.
Lo más extraño, como lo advierte su propia esposa, es que Sergio sólo se ha dedicado a laborar de forma honrada, e incluso buscaba empleos tranquilos para ayudar a cuidar a los pequeños, mientras ella también pensaba cómo ganarse el pan de cada día.
La rutina
Desde hace dos años, él laboraba en un área de aparcamiento de la 3ª Norte, entre 1ª y 2ª Poniente de esta capital tuxtleca, adonde llegaba a las 8 de la mañana y se retiraba hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado.
Sin embargo, ese 14 de junio, como a las 11 de la mañana, su rastro se perdió por completo. Esta situación alertó a los vecinos de la zona, quienes lo conocen como una persona amable e incluso servicial.
La Silla Rota posee un video en el que se observa el paso de dos camionetas blancas, con cristales polarizados, mismas que, desde dos días antes, merodeaban el área e incluso se estacionaban cerca del empleo de Sergio.
Quienes lo conocen, saben que él sería incapaz de meterse en problemas. Incluso, personas entrevistadas, quienes prefirieron el anonimato por temor a sufrir represalias, aseguran que no había recibido amenazas de muerte.
Por ello, comentan que el “levantón” no tendría una justificante. Sin embargo, evidencian que existe la posibilidad de que el dueño de ese estacionamiento público estuviera “metido en problemas”.
Juez “presiona” a las autoridades chiapanecas
Tras promover un juicio de amparo (915/2024), Jorge Sánchez Flores, abogado que tomó el caso tras hacerse mediático, advirtió que, por fortuna, un juez federal le ordenó al fiscal contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares para que, en un plazo de 24 horas (las cuales ya se cumplieron), se efectúen las investigaciones necesarias para la búsqueda de Sergio.
Incluso, en el documento, el juez federal advirtió que, de no cumplir con la solicitud, se le impondrá al servidor público una multa económica, la cual establece el precepto 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Pese a ello, el caso sigue sin avanzar.
Jorge Sánchez lamentó el clima de violencia que impera en el estado, como lo que ocurre con el tema de las desapariciones o “levantones”. “Hay muchas cosas que, lejos de beneficiar a nuestra entidad, nos manchan cada vez más”.
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El también representante en Chiapas de la Comisión Internacional de Derechos Humanos advirtió que la esposa de Sergio era amedrentada por gente, al parecer, de la misma Fiscalía, para que dejara de “hacer bulla” en redes sociales, pues de lo contrario Gómez Álvarez no aparecería o “ellos mismos lo entregarían a la delincuencia organizada”.
Pese a que se tienen algunas pruebas, el paradero de Sergio es una incógnita. Para el abogado Jorge Sánchez, a través de un juez de Distrito, ya se procedió a integrar una carpeta de investigación por desaparición forzada en contra del fiscal general del estado, Olaf Gómez Hernández; del director de la Policía de Investigación, entre otras instancias y personalidades en la materia.