PUEBLA. – Este martes 23 de julio se llevaron a cabo los Diálogos Nacionales: Reformas Constitucionales al Poder Judicial, Tribunales de Justicia en Puebla, en ellos se habló sobre el fortalecimiento de los sistemas estatales de impartición de justicia y hacer de forma gradual la transición a la elección por votación popular de jueces y magistrados, además de separar las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de los Consejos de la Judicatura para evitar la concentración de poder, entre otros temas.
Los Diálogos fueron inaugurados por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, de Morena; el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier; y el diputado federal y senador electo, Ignacio Mier Velazco.
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Transición gradual a la elección popular
El 70% de los asuntos judiciales del país se dirimen en tribunales locales, señaló el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), subrayando la necesidad de actuar de forma gradual.
Propuso que la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular inicie con las plazas que se liberen por muerte o jubilación y para las de nueva creación, para no entorpecer la labor de los actuales juzgadores.
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La gradualidad no puede ser a 40 años, debe ser rápida, respondió Ernestina Godoy Ramos, exfiscal de la CDMX y próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República. Agregó que a más tardar en 2027 deberán aprobarse las respectivas reformas a las constituciones locales y haberse elegido todos los nuevos integrantes de los tribunales de justicia estatales.
Para Godoy Ramos, la ruta de la transformación del Poder Judicial no es arbitraria, ya que responde a exigencias sociales de sectores que lo perciben como lejano. Recordó, igual que el gobernador electo Alejandro Armenta Mier, el Artículo 39 de la Constitución Mexicana:
“Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Destacó la importancia de que quienes actualmente son parte del Poder Judicial puedan participar en el proceso de elección que propone la reforma.
Costos y Perfiles
Elegir a jueces y magistrados puede tener un costo enorme; solo en la Ciudad de México serían 2,208 candidatos, alertó Susana Gabriela Camacho Maciel, consultora de México Evalúa, quien pidió definir los perfiles de quienes pueden ser elegidos, no solo de jueces sino de todo el personal administrativo.
También pidió fortalecer el servicio de carrera en función de la evaluación del desempeño, no de la popularidad de las personas. “Esta es una reforma al Poder Judicial, no al sistema de justicia en México”, consideró.
Separación de funciones
“¿Quién juzga a los juzgadores?” Planteó María Guadalupe Muñoz Pérez, magistrada del Poder Judicial del estado de Puebla, quien propuso separar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en los estados del Consejo de la Judicatura.
Puso como ejemplo el caso de Puebla, donde una reforma obligó a designar a dos personas distintas para dirigir estos organismos, a diferencia de lo que sucede a nivel federal, donde la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también preside el Consejo de la Judicatura.
Muñoz Pérez apuntó que esta distinción hace que los jueces se enfoquen en la impartición de justicia y la otra autoridad se encargue de lo administrativo. Mencionó que en el estado de Puebla se tiene una escuela de formación judicial en el Consejo de la Judicatura, lo que genera la profesionalización en el ejercicio de la carrera judicial.
Al respecto, la magistrada Rebeca Stella Aladro Echevarría, presidenta del Poder Judicial del estado de Hidalgo, propuso crear Tribunales de Disciplina especializados, esenciales para que los impartidores de justicia lo hagan con imparcialidad. Consideró que esto dará autonomía e independencia a los tribunales y fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas.
Señaló que los jueces deben hacer públicas sus decisiones y justificar sus acciones para que los ciudadanos puedan confiar en ellos. Agregó que estos tribunales de disciplina deben garantizar la protección de los denunciantes para que cualquier persona que observe conductas incorrectas se sienta segura al denunciarlas.
Voces disidentes
En la última ronda, los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) por Puebla, Carolina Beauregard Martínez y Humberto Aguilar Coronado, adelantaron que la elección de jueces y magistrados pondrá en riesgo la impartición de justicia en México. A esto, el legislador federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, respondió que fue lo que decidió el pueblo el pasado 2 de junio, por lo que deben cumplir con ese mandato.
Antes del inicio del foro, grupos a favor y en contra de la medida se manifestaron a las afueras del Centro Expositor de la capital poblana.