Puebla podría sumarse a los 14 estados donde la ola verde ha logrado que las mujeres pueden acceder a la interrupción del embarazo sin ser criminalizadas. Han sido años de marchas, de cabildeos, exigencias y e incluso de la toma del Congreso que dejan una enseñanza: derecho que no se ejerce y no se defiende se pierde.
La Cámara de Diputados está a punto de aprobar la despenalización del aborto, una demanda en la que han persistido durante años colectivos feministas y a la que en los últimos días se han sumado trabajadoras de la educación y agrupaciones de profesionales médicos.
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La despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ha sido durante años una exigencia de organizaciones y colectivos como Cafis, Odesyr, Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), REDefine México, Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia y Madres Viviendo Violencia Vicaria.
En marzo de 2023 el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) obtuvieron un amparo contra la regulación del delito de aborto en Puebla que impide que se criminalice a mujeres por interrumpir su embarazo o se les niegue servicio médico.
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Antecedentes en la Suprema Corte
El 7 de septiembre del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo de manera absoluta por considerar que vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir; los magistrados también declararon inconstitucional usar el derecho penal para prohibir a los servicios de salud que garanticen su acceso seguro.
En Puebla la resolución de la SCJN ha sido letra muerta para las legislaturas que se habían negado a despenalizar la Interrupción Legal del Embarazo, y se ha cumplido a medias la obligación de dar servicio médico a quienes decidan abortar: el gobierno del estado sólo habilitó siete unidades médicas para dar ese servicio en la ciudad de Puebla, Tehuacán, Teziutlán, Huauchinango y Cuautlancingo.
Siete clínicas, en cinco de los 217 municipios de Puebla, lo que ha orillado a que mil 692 poblanas hayan viajado a la Ciudad de México para interrumpir voluntariamente sus embarazos desde que en 2007 se despenalizó el aborto en la capital del país.
¿Qué esperar sobre la posible aprobación legal del embarazo en Puebla?
Ahora la ruta está trazada: este viernes 12 de julio la Interrupción Legal del Embarazo será analizada y discutida en las comisiones de Procuración, Administración de Justicia integrada por Eduardo Alcántara Montiel, Erika Patricia Valencia Ávila y Silvia Guillermina Tanús Osorio, legisladores sin partido; Gerardo Hernández Rojas, del PT; María Yolanda Gámez Mendoza y Fernando Sánchez Sasia, de Morena, así como la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia.
Y aunque la Comisión de Salud también debería participar en la discusión de las iniciativas, no se tiene previsto que sesione esta semana, lo que hace prever que sólo se va a modificar el Código Penal del Estado de Puebla para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. Quedaría pendiente la discusión sobre que clínicas y hospitales de Puebla garanticen aborto seguro y gratuito.
De ser aprobada en comisiones la despenalización del aborto el lunes 15 se presentará ante el pleno y será votada en el cierre del último periodo ordinario de la LXI Legislatura. La discusión sobre la despenalización del aborto ha ocupado la agenda pública nuevamente luego de que el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dijera que “no estás promoviendo el aborto, lo estás despenalizando y permitiendo que las mujeres ejerzan su derecho y libertad”.
Voces en el Congreso de Puebla, estos son los posicionamientos
El diputado panista Rafael Micalco Méndez afirmó que “Sergio Salomón Céspedes Peregrina es gobernador hasta el 14 de diciembre, y yo confió, espero, que el gobernador electo (Alejandro Armenta Mier) respete las formas y políticas que pueden aplicarse todavía en este sexenio. Dicen que la prudencia es la virtud de los políticos”.
Con todo y eso la bancada de Morena en el Congreso sacó de la congeladora iniciativas que proponen reformar los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal y los artículos 2, 4, 62, 63 y 70 BIS de la Ley de Salud para que se pueda realizar la interrupción del embarazo a las 12 semanas de gestación.
A la propuesta presentada por Mónica Silva Ruiz se adhirieron José Iván Herrera Villagómez, María Yolanda Gámez Mendoza, Daniela Mier Bañuelos, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Eliana Angélica Cervantes González y Silvia Guillermina Tanús Osorio.
Hasta ahora el Código Penal establece en su Artículo 340: “a quien haga abortar a una mujer, se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años, y si empleare violencia física o moral, se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión.
En el Artículo 341 indica que “si el aborto lo causare un médico, cirujano, o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su oficio o profesión”.
También señala en el artículo 342 que “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”. Y en el 343 establece que el aborto no es sancionable
- I. Cuando sea causado solo por imprudencia de la mujer embarazada.
- II. Cuando el embarazo sea el resultado de una violación.
- III. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asiste, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.
- IV. Cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves, según dictamen que previamente rendirán dos peritos médicos.
La propuesta de reforma que este viernes debatirán en comisiones considera que “comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima cuarta semana de gestación”. Además, a la persona que haga abortar a una mujer o persona gestante, sea cual fuere el medio, siempre que lo haga con consentimiento de ella, se le impondrán de 15 días a 2 meses de prisión y multa de hasta de cien Unidades de Medida y Actualización.
Contempla también que “comete delito de aborto forzado quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante, sin consentimiento de ella, en cualquier momento de la gestación. El delito de aborto forzado podrá ser sancionado en grado de tentativa, en los términos dispuestos por el presente Código”.
Excluye de responsabilidad penal cuando el aborto sea causado por conducta culposa o accidente de la mujer o persona gestante; cuando el embarazo sea resultado de una violación o inseminación artificial no consentida; cuando de no provocarse, la mujer o persona gestante corra peligro de muerte, o de afectaciones graves a su salud a juicio del médico que la asiste; cuando a juicio de un médico exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales; o cuando una autoridad le niegue la posibilidad de interrumpir su embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación.
Y aunque la mayoría legislativa es de Morena, en ese el partido gobernante en Puebla no existe consenso acerca de si se debe aprobar o no la Interrupción Legal del Embarazo: Edgar Garmendia de los Santos, coordinador de los diputados locales, dijo que no conoce el sentido del voto de su bancada y agregó que se respeta la posición de cada uno tanto en las comisiones como en el pleno.
El secretario general de Morena, Agustín Guerrero Castillo, consideró que los hospitales públicos ya ofrecen el servicio de Interrupción Legal del Embarazo y las mujeres pueden ampararse con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A decir del dirigente, es innecesario que el Congreso apruebe la despenalización. Sus declaraciones tuvieron una dura respuesta de Julieta Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Sólo criminaliza el feminismo, dijo.
En los días previos a que la iniciativa se vote en comisiones, la despenalización del aborto ha recibido respaldo público de organizaciones y personas de la comunidad LGBTIQ+ que se pronunciaron también por el reconocimiento de los derechos de las infancias trans en Puebla.
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De la Red de Trabajadoras de la Educación, cuyas integrantes dijeron en un desplegado que “acompañamos la vida de estudiantes en las aulas, pero también en su cotidianidad, hemos atestiguado el impacto de los embarazos no planeados o deseados, la falta de acceso a educación integral en sexualidad, así como la violencia en las relaciones de pareja y reconocemos la relevancia de proveer de diversas alternativas a las juventudes para que tomen decisiones informadas y libres de prejuicios.”
Y del Instituto de Bioética de Brasil, una organización feminista que desde 1999 promueve la igualdad de los derechos humanos para mujeres y otros grupos vulnerables.