MÉRIDA. - El pasado 30 de mayo, Violeta de seis años de edad fue víctima de feminicidio a consecuencia de la violencia vicaria. Según sus familiares el culpable fue presuntamente su padre biológico Luis Alberto N y su madrastra, Estefanía N. Su madre luchó durante dos años por recuperar la custodia de la menor y volver a verla, presentó pruebas a la jueza sexta de lo familiar, Rita Elvira Ortiz Noh, pero la ignoró.
En respuesta iniciaron una serie de protestas para pedir al Tribunal Superior de Justicia brindar celeridad a los casos donde se involucre a las infancias y que asuma la responsabilidad de las omisiones de la jueza.
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La asesora legal de la mamá de Violeta, Emma Robles informó que durante dos años presentaron pruebas de la violencia física y emocional. Nadie las escuchó. El padre de la menor, Luis Alberto N. negó las convivencias a su madre, pese a que existía un acuerdo de custodia.
“La mamá de Violeta tenía un proceso legal desde 2021 y desde diciembre y enero 2022 informó que no podía ver a la niña, que podía ser víctima de violencia física y emocional”; comentó.
Ninguna autoridad judicial obligó al padre de Violeta a que cumpla con las convivencias. Incluso se promovió otro juicio en el Juzgado Segundo de Oralidad de lo Familiar.
“La juez nunca contestó las solicitudes, se limitó a decir que tenía que promover otro juicio, se hizo y radica en el Juzgado Segundo de Oralidad Familiar turno vespertino y del cual no se hizo nada, nunca avanzó”, apuntó la asesora legal.
El reclamo de las personas, colectivas y familiares que protestaron el fin de semana en nombre de Violeta, es la falta de sensibilidad de las y los jueces. Además, acusaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Yucatán de no priorizar el interés superior del menor del menor tal como marca la ley y los acuerdos internacionales, a los que está suscrito México.
“Cuando una madre o padre acude a pedir auxilio del juez, no podemos dar meses y años para una solución. Los jueces de lo familiar tienen que tener una mayor sensibilización hacia la niñez”, alegó Emma Robles.
La protesta se realizó con autorización de la madre de Violeta, quien de momento no declarará ante medios de comunicación. El próximo domingo el movimiento “Todo por ti”, de padres que luchan por volver a ver a sus hijas e hijos realizará una protesta en memoria de la menor.
Violeta tenía marcas de violencia familiar
A través de un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Yucatán detalló que Violeta murió por violencia familiar, víctima de feminicidio y que la menor presentaba huellas de los constantes maltratos.
Describieron que el 30 de mayo, día del feminicidio, Violeta fue encerrada en el baño por su madrastra, Estefanía N de 25 años. La dejó horas en ese espacio, posteriormente, le pidió a la enfermera que cuidaba de su hijo menor que la revisara. En ese momento se percató que la menor no estaba bien y le pidió a su mamá y papá que llamen a los servicios de emergencia, se negaron y cuando ella intentó pedir auxilio, la encerraron para impedirlo. En un descuido dio aviso a la policía.
Los autores del crimen fueron su padre Luis Alberto N. y su pareja, Estefanía N. quienes ya fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio agravado, violencia familiar y privación ilegal de la libertad.
En Yucatán cientos de mujeres son víctimas de violencia vicaria
En Yucatán, la colectiva de Ley Sabina contra deudores alimentarios de 2022 a la fecha ha acompañado a más de 900 mujeres que son víctima de violencia vicaria. En entrevista, su representante Siloé Fuentes explicó que está violencia de género va más allá de la sustracción de los menores para controlar a la madre - o expareja-. Las pensiones alimenticias, que es lo mismo que violencia económica contra las infancias, es otra de sus expresiones.
En el caso de Violeta lamentó la inacción de las autoridades judiciales, que calificó de machistas y lejos de la perspectiva de género y feminista.
“Cada mes aumentan las cifras de casos, de cada 30 casos que llegan solo una logra poner a su deudor en la página, la mayoría recibe información, pero le da miedo exhibir su caso por repercusiones legales en su contra”, explicó.
Se solicitó su postura al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y hasta el término de la nota no existió respuesta.