El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes el juicio político que interpusieron los partidos de la oposición en el Congreso local en contra de Samuel García, gobernador de Nuevo León, pero negó que esto implique que el emecista deba separarse del cargo, pues se requiere una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del estado para tal propósito.
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En comunicado, la Corte dio a conocer que invalidó el artículo 203, párrafo segundo, de la Constitución del Estado de Nuevo León, donde dice: “el acusado queda por ese solo hecho separado de su cargo y”, en el cual se facultaba al Congreso local, en su calidad de órgano acusador, para separar de su encargo a un servidor público acusado en un juicio político.
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La SCJN consideró que el ejercicio de dicha facultad implicaba realmente imponer una sanción, cuya aplicación es competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, como jurado de sentencia, al resolver en definitiva el juicio político.
Se discutió la controversia constitucional 31/2023, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en contra del Poder Legislativo del mencionado Estado, demandando la invalidez de la Ley de Juicio Político y el artículo 203 de la Constitución, ambos de dicho Estado, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el Acuerdo del 31 de enero de 2023, dictado por la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, en el expediente número 16283/LXXVI. En esta, el ministro ponente fue Luis María Aguilar Morales.
La Corte valida el juicio político
Sin embargo, el pleno validó el Acuerdo de 31 de enero de 2023, dictado por la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, por el que se determina que es procedente la denuncia de juicio político presentada en contra del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Samuel García. Ello, al considerar que no está afectado de vicios de inconstitucionalidad.
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La Corte determinó además que es infundado el concepto de invalidez hecho valer por el Ejecutivo de Nuevo León, en el sentido de que la Ley de Juicio Político local carece de validez, al no haber sido refrendada por el titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado.
El Pleno destacó que la Constitución de la entidad prevé que, para la publicación de las leyes, los decretos que las contengan deben ser firmados por el gobernador del Estado, el secretario general de gobierno y el secretario del despacho que corresponda, siendo este último el que principalmente realiza las atribuciones legales que son materia de la ley o decreto en cuestión. Sin embargo, la Contraloría no tiene competencia dentro del procedimiento de juicio político, mientras que la legislación aplicable no prevé la participación de alguna Secretaría de Estado en específico. En consecuencia, para la validez de la norma señalada, solo se requería de las firmas del gobernador y del secretario general de Gobierno.
La Corte también resolvió que es infundado el concepto de invalidez, en el que se refiere que el juicio político seguido en contra del titular del Poder Ejecutivo estatal se instauró con base en una ley derogada, con motivo de la reforma a la Constitución local del 1° de octubre de 2022.
Al respecto, el Pleno determinó que, si bien los artículos transitorios del decreto por el que se dio dicha reforma prevén que todas las disposiciones que lo contravengan se entienden derogadas, ello no resulta aplicable a la Ley del Juicio Político, puesto que ésta no se contrapone al texto de la Constitución local.
Contexto
Dentro del enfrentamiento que sostienen diputados del PRI y del PAN y el gobernador desde hace más de dos años, los legisladores opositores promovieron en contra del Ejecutivo el 31 de enero del año pasado el juicio político, luego de que Samuel García omitió el envío del paquete fiscal 2023, omisión que repitió respecto al presupuesto 2024.
El Congreso local podría seguir con el juicio, aunque en el Pleno se requiere una mayoría de 28 votos, con la que actualmente no cuentan las fracciones mayoritarias del PRI y PAN que juntan 13 y 14 respectivamente.
El enfrentamiento entre la oposición y el gobernador se originó cuando la oposición pretendió colocar en la Fiscalía de Justicia al priista Adrián de la Garza, el cual vetó Samuel García y lo declaró su enemigo al acusarlo de que se metió con él y su familia durante la campaña a la gubernatura. Hoy Adrián de la Garza es el candidato a la Alcaldía de Monterrey.
Por otro lado, los diputados concluyeron el último periodo de la Legislatura que concluye el último día de agosto próximo, por lo que nombraron comisión permanente para citar en caso de una emergencia.
A la sesión no asistieron los diputados de Movimiento Ciudadano quienes acumularon 30 faltas al no acudir esas fechas en señal de protesta porque la oposición del PRIAN le bloqueó con diversas acciones que diputados suplentes que se fueron a MC tomaran posesión de la curul tras de que los titulares se fueron a campañas políticas.