Por encubrir agresiones en contra de dos periodistas fueron vinculados a proceso 11 funcionarios del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, entre el síndico y el titular de Seguridad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
Todos los funcionarios trabajan en el gobierno municipal encabezado por Irene Olea Torres, la presidenta municipal de Morena que busca la reelección y que también es investigada por que probablemente ordenó la tortura en contra de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López el 10 de marzo de 2023, ya que este año la marcha se realizó dos días después del 8M.
Te podría interesar
Natalie Hoyos narró que el día de la detención cubrían las actividades del colectivo Marea Púrpura en el marco del Día de la Mujer, cuando 18 elementos de la Policía Municipal de Izúcar les cerraron el paso “entre risas y gritos nos decían que eran órdenes de la 'Jefa'”.
Tras ello, las dos periodistas y una activista del colectivo fueron trasladadas a una subcomandancia donde permanecieron incomunicadas seis horas; ahí, fueron “golpeadas, amenazadas, torturadas, donde nos hicieron tocamientos lascivos, nos obligarnos a desvestirnos para mostrar nuestra zona genital e incluso nos ordenaron hacer una sentadilla cuando estábamos sin ropa de la parte inferior del cuerpo”, escribió una denuncia que publicó en su cuenta de X el 27 de marzo de 2023.
Mediante el protocolo de Estambul, la FGR estableció que Natalie y Michelle Hoyos López sufrieron tortura, aunque la vinculación a proceso de estos funcionarios fue por el posterior encubrimiento de los hechos y probable manipulación de la evidencia.
La primera audiencia, que pone en peligro la campaña electoral de la alcaldesa Irene Olea, se realizó el pasado 19 de febrero, aunque la mayoría de los 12 acusados, los 11 actualmente vinculados a proceso y la Olea Torres, no acudieron a la cita.
La segunda audiencia, pospuesta en varias ocasiones, fue distinta, ya que ahora sí se presentaron los acusados.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) consideró que “los servidores públicos presuntamente realizaron actos para ocultar las agresiones y vejaciones en contra de las víctimas desde su detención hasta que fueron liberadas”.
Se trata de los policías municipales Abel S., Víctor V., Alberto H., José T. y Mariela M., y el director de Seguridad Pública Municipal, Marco E.; además de Yeralda V, auxiliar jurídica de la Sindicatura, y Luis P. asesor jurídico; Santiago M., coordinador jurídico del municipio y Omar F., síndico municipal.
A todos se les vinculó porque supuestamente falsearon los informes que dieron a la autoridad, aparte de modificar los informes de la investigación posterior sobre la privación de la libertad de las periodistas.
También se vinculó a proceso a Jesús V. por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas ya que ejercía el cargo de Juez Calificador sin contar con la Licenciatura en Derecho exigida para desempeñar el cargo.
Los imputados tienen prohibido acercarse a las víctimas o a sus domicilios y se dará un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria.