TUXTLA GUTIÉRREZ. - A pesar de que el pasado lunes el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que el sábado 27 de enero falleció una persona originaria de Haití dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI, de Tapachula, Chiapas, por una supuesta broncoaspiración, organizaciones sociales rechazaron ese argumento.
Según esa dependencia, Jean “N”, de 42 años de edad, ingresó al mencionado inmueble a las 9:10 de la mañana de ese día, procedente de un vuelo humanitario del Estado de México, con el fin de efectuar su proceso administrativo migratorio.
Sin embargo, decenas de agrupaciones integradas al Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur, al Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria; a las redes Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Jesuita con Migrantes México Servicio Jesuita a Refugiados México y Regional de Protección Asylum Access México, entre otras, manifestaron que el deceso de Jean no es un hecho aislado, “sino que se suma a una serie de muertes bajo custodia por parte del Estado mexicano”.
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Incluso, expusieron que, en reiteradas ocasiones, han denunciado las condiciones inhumanas y torturantes de las estaciones migratorias. Es decir, detalló, se les priva de la libertad y se les somete a condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de servicios médicos, alimentación precarizada, malos tratos físicos y psicológicos y abusos sexuales.
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Tras dejar en claro que la versión oficial sobre este deceso no es convincente, recordaron que en esa misma Estación Migratoria Siglo XXI fallecieron una persona haitiana y una ghanesa bajo custodia en junio y octubre de 2019, respectivamente, lo que generó, en 2021, una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al mismo INM.
Además, evidenciaron que en noviembre pasado una persona de nacionalidad cubana, de nombre Luis Enrique Méndez, de 56 años de edad, falleció en el traslado de la misma estación migratoria al hospital Cofat, sin que hasta ahora se hayan esclarecido las causas de su muerte, y mucho menos se hayan deslindado las responsabilidades correspondientes.
En esa ocasión, a través de un video, Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, AC, reprobó que, de nueva cuenta, un migrante muriera por negligencia de Sheila Díaz, responsable de ese “centro de detención” y de otra funcionaria llamada Claudia Albores.
De acuerdo con su versión brindada en ese entonces, no había ningún mando medio en el momento en el que el migrante requería apoyo, “porque están más enfocados en las deportaciones porque, déjenme decirles que para los migrantes cubanos no hay otra opción más que la deportación”, evidenció en esa ocasión.
Lo grave, expuso, es que el INM no registra a los migrantes en el Sistema de Control, Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias (Sicatem), como le ocurriría a Luis Enrique, pues los funcionarios migratorios, dejó entrever, se niegan a darles de alta por el temor que se amparen y no puedan deportarlos.
“Estas mujeres (en referencia a Sheila Díaz y Claudia Albores) no los registran en ese sistema, entonces Luis Enrique estaba secuestrado en ese lugar; quienes lucran con el dolor humano son esos funcionarios corruptos que permiten más muertes de migrantes, como sucede en Tapachula”, mencionó esa vez.
De acuerdo con la organización no gubernamental “Causa en Común”, de enero a septiembre de 2023 contabilizó 76 casos de violencia contra personas migrantes, como lo ocurrido el 27 de marzo, cuando 39 extranjeros fallecieron asfixiados y calcinados, durante un incendio en una estación del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Otro caso fue el ocurrido con los 29 migrantes que estaban secuestrados en un inmueble a cargo de personas armadas, en Tijuana, Baja California. En esta misma ciudad, pero el 9 de agosto, fueron localizados los cadáveres de siete extranjeros, cinco de ellos mutilados.
Piden esclarecer el caso de Jean
Sobre el caso de Jean, las organizaciones no gubernamentales exigieron al Estado mexicano que garantice una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre la muerte de Jean “N” y de todas las personas migrantes fallecidas en las estaciones migratorias, y que se sancione a los responsables materiales e intelectuales, para que se repare integralmente a los familiares de las víctimas.
“Rechazamos el uso de eufemismos por parte del Estado mexicano para referirse a las estaciones migratorias como ‘albergues’ o ‘estancias de alojamiento’, mediante los cuales se pretende ocultar, e incluso negar, la realidad de estos centros de detención arbitrarios e ilegales”.
Demandaron también el cierre inmediato y definitivo de las estaciones migratorias, y el fin de la política de detención migratoria en México, “que atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad”.