La reciente liberación de dos hombres condenados, hace tres años, a 75 años de prisión por presuntamente haber asesinado a tres personas, ha desatado una polémica y confrontación entre el poder ejecutivo y el poder judicial de Morelos.
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Se trata de Rogelio Ángel “N”, de 28 años, y Francisco Yahir “N”, de 38 años, quienes fueron detenidos por presuntamente haber cometido un triple homicidio calificado. Las investigaciones de la Fiscalía de la Región Oriente de Morelos lograron demostrar su culpabilidad, lo que derivó en una condena de 75 años de prisión, además de un pago superior a los 7.8 millones de pesos por concepto de reparación del daño moral y material.
Información de inteligencia posiciona a Rogelio Ángel “N”, conocido como El Diablo, como uno de los colaboradores cercanos de Jonathan Josep, alias La Rata. Este último pretendía liderar una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región oriente del estado. Jonathan Josep fue detenido en Querétaro en junio de 2021 por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, acusado de extorsión agravada.
Este caso tomó relevancia luego de que Rogelio y Francisco fueran liberados, y fuera de los juzgados los esperaban hombres armados para trasladarlos a sus domicilios. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, fueron detenidos por policías de Morelos por la portación de armas.
Magistrados los liberan
Hace cinco meses, en julio, la Primera Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Cuautla, recibió un recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva condenatoria. Dicho recurso fue resuelto de manera unánime el pasado 6 de diciembre, determinando que existió insuficiencia probatoria para acreditar la plena responsabilidad de los acusados.
Gobernadora pide investigar a magistrados por liberar delincuentes
Ante esto, la gobernadora Margarita González Saravia solicitó que se investigue a las y los magistrados que resolvieron la liberación de estas dos personas. Además, indicó que las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) deben dar una explicación sobre estos hechos, ya que ambos individuos tenían una sentencia y son identificados como generadores de violencia en el municipio de Cuautla.
"Nos estamos enfrentando a una situación donde existe lo que conocemos como puerta giratoria, donde después de un despliegue, un esfuerzo, una coordinación de inteligencia y trabajo, se detienen delincuentes que salen de manera inmediata por la mala actuación de jueces y magistrados. Entonces, he pedido en la Mesa de Seguridad del día de hoy que se investigue a fondo este caso, donde todo indica que no fue adecuado liberar a estos delincuentes. No vamos a permitir injusticias", puntualizó la mandataria estatal.
En redes sociales, se ha difundido información que sugiere que las y los magistrados habrían recibido sobornos.
Magistrados de Cuautla Niegan Corrupción y Liberan a dos Sentenciados por Falta de Pruebas
La Primera Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en Cuautla resolvió liberar a dos hombres condenados en primera instancia a más de 70 años de prisión por homicidio doloso, al considerar que existió insuficiencia probatoria para acreditar su responsabilidad.
En conferencia de prensa, los magistrados Manuel Díaz Carvajal, Rolfi González Rodríguez y Cecilia López González, respaldados por otros integrantes del tribunal, defendieron su resolución y rechazaron tajantemente las acusaciones de corrupción surgidas desde autoridades estatales.
“La Primera Sala actuó de manera imparcial y concluyó que existió insuficiencia probatoria para acreditar la responsabilidad de los acusados, conforme al artículo 20, apartado ‘A’, fracción VII de la Constitución, que establece que el juez sólo puede condenar cuando existe convicción plena de culpabilidad”, sostuvo Manuel Díaz Carvajal.
El magistrado insistió en la legalidad del proceso y se pronunció contra los señalamientos públicos: “Rechazamos enfáticamente cualquier insinuación de corrupción, de haber cometido algún acto indebido o ilícito. Lo sostenemos de frente a la sociedad”, afirmó.
En respuesta a las críticas que surgieron tras la resolución, los magistrados hicieron un llamado a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia: “Hacemos un llamado respetuoso a la gobernadora para que respete y confíe en la autonomía judicial. Nuestra labor está basada en la ley y los principios constitucionales, y como jueces, nuestra responsabilidad es actuar conforme a derecho, sin influencias externas”, señaló Rolfi González.
De acuerdo con los magistrados, el recurso de apelación fue resuelto cuatro meses después de haber sido recibido, y la decisión se basó únicamente en elementos presentados durante el juicio oral, como lo establece el sistema penal acusatorio. Explicaron que los testimonios de los tres policías involucrados no fueron concluyentes:
*El primer agente relató haber obtenido el testimonio de un supuesto testigo que no compareció en el juicio.
*El segundo sugirió identificar a los acusados mediante una cámara de Gesell.
*El tercero participó únicamente en la diligencia de reconocimiento.
La ausencia del testigo clave en el juicio y la imposibilidad de someter su declaración a interrogatorio y contrainterrogatorio vulneraron los principios de inmediación, igualdad y contradicción, lo que impidió considerar su testimonio como prueba válida.
“Estamos conscientes de que nuestras resoluciones están sujetas al escrutinio público y confiamos en que este se realice de manera seria, profesional y objetiva”, señalaron los magistrados, reiterando que su actuación estuvo apegada a derecho y libre de sesgos.
Finalmente, defendieron la autonomía judicial y el respeto al debido proceso, subrayando que el fallo no exime a los acusados de continuar privados de la libertad si existen otras causas legales en su contra.