TUXTLA GUTIÉRREZ.- El 21 de diciembre de 2019, Lissette Paulina Gómez Zenteno, doctora de profesión, apareció colgada en la azotea del departamento donde vivía junto con su pareja, en esta capital de Chiapas. En un principio, peritos de la fiscalía estatal dictaminaron que la mujer se había quitado la vida con un calcetín que se enrolló en el cuello.
Sin embargo, Margarita Zenteno Juárez, su madre, denuncia que -para ella- se trató de un feminicidio orquestado por su entonces yerno, Jesús Rafael Trujillo Silva, originario de Pajuacarán, Michoacán.
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De acuerdo con su denuncia, y como quedó asentado en la carpeta de investigación del caso, antes de la muerte de “Pau” -como le dice de cariño- vivió con lapsos de violencia doméstica e, incluso, recuerda que el mismo Rafael les confesó, en una reunión familiar que tuvieron de fin de año, que trabajó para un cártel y por eso se internó para rehabilitarse, pues también consumía drogas.
Lo más triste de todo, dice la madre, es que familiares de la víctima encubrieron al feminicida. “Yo creo que, aparte de que el sujeto era un asesino, también le robó dinero y pertenencias” a la especialista en otorrinolaringología egresada de la UNAM.
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Dentro de sus pesquisas, supo que Rafael, como parte de un cártel, era el encargado de colgar los cuerpos de víctimas en los puentes en su natal Michoacán.
Pese a que en Chiapas ha sufrido porque el proceso ha sido lento, advierte que, sin duda, de la ley divina nadie se salva: “A los dos años de que él asesina a mi ‘Pau’, lo encuentran muerto en Tijuana, con impactos de bala en el abdomen, las piernas y el tiro de gracia. Ahí nos podemos dar cuenta de que no era una buena persona”.
Con base en investigaciones que ella misma ha realizado, Rafael no recibía un castigo porque su abuela, María Herrera Magdaleno, estaba bien relacionada con “gente pesada, pues era una activista famosa”.
VA POR LA RECLASIFICACIÓN DEL DELITO
Margarita advierte que, con mucho esfuerzo, podría conseguir que el caso fuera reclasificado, es decir que de suicidio ahora se investigue como feminicidio, como lo marca el Código Penal federal en casos de muertes violentas de mujeres.
Tras detallar una serie de inconsistencias en el caso y de lamentar que su hermano y una cuñada fueran cómplices de la muerte de la doctora, la madre puntualiza que hubo otros personajes, como la fiscal Ana Laura Vázquez Gallegos, que le pusieron trabas para presentar pruebas.
Por su condición en ese momento de vulnerabilidad ante el impacto de enterarse del hecho, Margarita fue persuadida para que permitirá la cremación del cadáver, pero no estaba sabedora que, con esa acción, se perdería la evidencia.
“Ahí intervino una licenciada de nombre Cristina Lazos, por desgracia; pero, conozco a la activista Martha Figueroa Mier, con quien logré la retipificación del delito. “Rafael es el culpable, aunque ya fue asesinado, se tiene que hacer justicia, porque era una persona violenta, y eso también lo comprobamos con un diagnóstico que obtuvimos de donde estuvo internado en Tijuana, y donde se corrobora que era violento, que sentía ganas de ejercer violencia, era como una adrenalina”.
Además, cuenta que, tras su asesinato, consiguió el acta de defunción de su ex yerno, para comprobar que en verdad estaba muerto. “Incluso, tengo un video donde lo están velando”.
EL ESTADO DEBE DISCULPA PÚBLICA
Lo que ahora quiere, deja en claro Margarita (quien ha recibido amenazas de muerte), es que se haga justicia y que el nombre de Paulina sea limpiado, debido a que en múltiples ocasiones fue revictimizada, “y que la Fiscalía me dé una disculpa pública, porque no hizo nada, ni acordonó la escena del crimen”.
Por su parte, Martha Figueroa, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, manifiesta que no sólo se busca la justicia para Lissette, sino para otros casos similares.
“La Alerta (contra la Violencia de Género) no se consiguió graciosamente, sino que la litigamos, como muchas cosas, para conseguir justicia, y que casos como el de la doctora Paulina no fueran considerados suicidios, porque en contextos urbanos a las mujeres las suicidan, y en los más lejanos, rurales, se accidentan”, recuerda.
Tras “desnudar” las carencias y la falta de capacidad de las fiscalías, como la de Chiapas, la abogada insiste en que la mayoría de peritos y peritas sean empíricos, y no cuenten con una cédula como lo marca el Código Penal.
Para ella, la Alerta de Violencia de Género sí funciona, “lo que no funciona, valga la redundancia, son los funcionarios”. De hecho, dice que, en el caso de Paulina, sí hay servidores públicos señalados de forma puntual como negligentes.
De acuerdo con su visión, es terrible que las autoridades insistan en cremar los cuerpos de mujeres que fallecieron de forma violenta, “lo hacen para destruir pruebas, y eso merece una sanción administrativa; pero otros actos inherentes dan entrada a otras sanciones de tipo penal”.