TUXTLA GUTIÉRREZ.- Creada en 2018 para apoyar a cientos o miles de víctimas directas, e indirectas, de diversos delitos -desde brindarles atención psicológica o jurídica y hasta preverlas de recursos como lo marca la ley-, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Chiapas (CEEAV) no funciona y, cuando lo intenta, padece falta de recursos.
Eliseo Trinidad Hernández, docente, investigador y defensor de derechos humanos en Chiapas, interpuso un amparo luego de detectar otra grave irregularidad de la Comisión: en contubernio con el Congreso local, la CEEAV busca derogar el artículo que autoriza la creación de una Casa de la Memoria Histórica en honor a víctimas, sobre todo, de gobiernos pasados como el de Patrocinio Blanco González Garrido, en cuya administración fueron asesinados cerca de 30 personas de la diversidad sexual.
El activista, quien desde el 27 de julio de 2021 la CEEAV lo considera una víctima ?derivado del hostigamiento laboral que sufrió por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) cuando era docente de esa casa de estudios?, detalla que, tras una minuciosa revisión de las leyes General de Víctimas y la de Víctimas para el estado, se percató que existen dos obligaciones legales: la creación de una Casa de la Memoria Histórica y de un Archivo Histórico de Víctimas.
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Sin embargo, comenta que la CEEAV no ha gestionado recursos para echar andar ambos proyectos y, por el contrario, existe el interés jurídico de derogar, en complicidad con los legisladores chiapanecos, los artículos que regulan esa obligación: el 7 y 8 de la Ley de Víctimas para Chiapas.
Jueza avala el amparo
Para impedir esta situación, Eliseo Trinidad interpuso el amparo 1200/2023. Una juez le da la razón y por lo tanto le demanda a la CEEAV que ejecute actos tendientes a la gestión para la creación de la Casa de la Memoria.
“Pero a esa Comisión le incomodó mi amparo y, en este mes, interpuso el recurso de revisión para inconformarse en contra de la sentencia de un juez federal”.
De acuerdo con una solicitud de información que el mismo abogado formuló, la CEAAV mantiene un padrón, hasta julio pasado, de casi 450 víctimas, aunque se desconoce cuántas reciben algún tipo de apoyo.
Ante este panorama, el denunciante aclara que la actual titular de la CEEAV, Alejandra Rovelo Cruz, está más preocupada en obtener una candidatura a diputada que en hacer su trabajo a favor de las víctimas. “Esta servidora pública ha sido señalada por el poco esclarecimiento de los fondos que se manejan en esa dependencia”, entre otras.
Si no se crean esa Casa de la Memoria y el Archivo Histórico, las víctimas no tendrían acceso al derecho a la verdad y, por ende, a la justicia.
Ante el recurso de revisión que la CEEAV interpuso, ahora se tiene que esperar a que el Vigésimo Colegiado de Circuito determine si modifica, revoca o confirma la resolución de la jueza del Juzgado Segundo.
“En un estado en donde hay muchas desapariciones, en donde fueron asesinadas mujeres trans en el régimen de Patrocinio y que sus muertes quedaran en la impunidad, en un estado donde la violencia es cotidiana, es muy grave el hecho que se desaparezcan esos proyectos”.
La sentencia advierte que la CEEAV ha incurrido en una omisión administrativa, “tal y como lo aduce el quejoso”.
Además, evidencia que, si bien es cierto, la autoridad responsable refiere que corresponde a la Secretaría de Hacienda del estado destinar la partida presupuestaria correspondiente para la creación del espacio recreativo referido, ello no es impedimento legal para, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, eleve una petición o gestione los trámites correspondientes a fin de obtener el ingreso necesario y proveer sobre el proyecto denominado Casa de la Memoria Histórica de Chiapas.
Según la investigación, uno de los modelos a seguir en cuanto a una Casa de la Memoria Histórica es Aguascalientes, cuyo sistema jurídico local sí ha tomado en cuenta a las víctimas para la reparación del daño, lo que está estipulado en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Ahí las víctimas son escuchadas para que pongan sus propuestas y sean atendidas, no como en Chiapas…”.
De nueva cuenta, Eliseo Trinidad Hernández lamenta que, a pesar de que ha insistido en una reunión, la titular de la CEEAV se niega a recibirlo. “Lo que ha hecho esta instancia es revictimizar, porque las víctimas de ahí están en el desamparo”.
Caso Mario Gómez
Las quejas contra la CEAAV son varias. Nancy Gómez, hermana de Mario, periodista chiapaneco asesinado en septiembre de 2018 en el municipio de Yajalón, advierte que, para empezar, el proceso ha sido muy largo en esa instancia, “porque no nos ha dado la atención que debería de ser”.
Prueba de ello, dice, es que apenas en enero de este año les dieron de alta como víctimas indirectas, por lo que ya quedaron “apuntadas” en el Registro de Atención a Víctimas.
Sin embargo, comenta que, si lograron eso, fue por una recomendación que envió en 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la Fiscalía General del Estado (FGE), y ésta hizo lo propio con la CEAAV.
“Pasó mucho tiempo, pero eso se logró porque insistimos, nos hicieron firmar documentos y no sé qué tanto”, recuerda la entrevistada, quien apunta que lo que requieren es la atención psicológica y médica.
Pese a que toda su familia necesita de ese servicio, para ella hay personas específicas como su mamá (en la actualidad de 72 años de edad) y su hijo, quien incluso estuvo presente cuando asesinaron a su tío unos sicarios en motocicleta.
De hecho, advierte que, en ocasiones, su hijo, en ese entonces de 17 años, sufría de pesadillas: “Por ejemplo, cuando tronaban cohetes, se levantaba muy asustado y me decía: ‘¡Mamá, mamá, están matando a mi tío!’”.
Aunque Nancy está consciente de que no recuperarán la vida de su hermano, al menos augura que les respondan con esas atenciones para aminorar el daño que ya tienen, “pero hasta ahorita no ha pasado nada”.
Hay atención… a cuentagotas
A pesar de las denuncias en contra de la CEEAV, hay quienes tienen una opinión diferente, positiva, como Itzel de María Molina Trejo, cuya hermana (Yuri Lisset Méndez Trejo, en ese entonces de 21 años) fue asesinada el 23 de noviembre de 2016 en el municipio de Berriozábal, a pocos días después de haber entrado en vigor en Chiapas la Alerta de Violencia de Género (AVG).
De hecho, la joven enfermera fue la víctima 56 de ese año. Su asesino, Iván Alonso Orantes, ya está sentenciado (33 años y 9 meses de prisión), pero aún no sucede lo mismo con su cómplice, Milton Carlos “C. C.”, cuya defensa lo amparó en dos ocasiones y, por ello, en la actualidad sigue libre.
Aunque han batallado en la parte del proceso penal, pues desde un inicio hubo tráfico de influencias y manipulación, Itzel Molina puntualiza que, en el tema de la reparación del daño, la CEEAV ha hecho bien su labor, pues a ella y a su madre Yamili María Trejo Arrazate les brinda atención jurídica y psicológica desde hace un par de años.
Lo que faltaría, señala, es la parte económica, la cual se calcula basada en el salario mínimo de 2016, sin embargo, para obtener el recurso correspondiente, el sentenciado tiene que dejar de apelar, lo que sucede en la actualidad (proceso puede demorarse hasta 8 años).
“A cada cierto tiempo, somos visitadas por un trabajador social y médicos, quienes le dan un seguimiento al caso de mi mamá; de hecho, el asesor jurídico que tenemos es por parte de la CEEAV”.
De lo que está consciente, afirma, es que la titular de la CEEAV, Rovelo, ha buscado de muchas formas obtener recursos e, incluso, ha metido propuestas al Congreso del Estado, pero hasta la fecha no han prosperado.
Esa instancia, agrega, trata de apoyar a todas las víctimas indirectas o directas, como los desplazados, pero como no cuenta con un recurso propio, y lo que hace es apoyar “en especie”.