TUXTLA GUTIÉRREZ.- De enero a septiembre de este año, la organización “Causa en Común” contabilizó 10,052 víctimas de atrocidades en todo el país, de las cuales 737 fueron registradas en la entidad chiapaneca, lo que la colocó en segundo lugar con mayor número a nivel nacional, mientras que, en la “punta”, apareció Veracruz, con 2,076 y en tercero Guanajuato (566).
A finales de enero pasado, en el municipio de Mazapa de Madero, en la región Soconusco de Chiapas, se registró la ejecución de cuatro personas, cuyos cuerpos quedaron apilados.
De ese acontecimiento, dos de los muertos eran hijos de un reconocido comerciante de Amatenango de la Frontera, cuya esposa, de igual forma, fue asesinada en 2022 por delincuentes que, al parecer, los intentaban asaltar.
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Pero este tipo de eventos se repitió pocos días después: con un mensaje de un conocido cártel de la droga, fueron hallados restos de personas dentro de bolsas negras y un costal en la colonia 5 de Mayo, municipio de Ocozocoautla de Espinosa. De manera extraoficial, se advirtió que en las bolsas y el costal había alrededor de cuatro personas, todas desmembradas.
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Este hallazgo se registró casi un día después de la reunión que gobernadores de 11 entidades del país sostuvieron en la capital chiapaneca, precisamente para tratar el tema de la seguridad y redoblar esfuerzos para controlar a la delincuencia.
MÁS EJECUCIONES
Para el 9 de febrero pasado, en la zona conocida como Piedra Parada, del mismo Ocozocoautla de Espinosa, también fueron hallados restos humanos, encostalados y semienterrados. Aunque en esta ocasión no hubo mensaje de algún cártel.
En ese mismo segundo mes de este 2023, una niña que estaba sentada en la puerta de la entrada de su casa en la colonia Santa Catarina, municipio de Villaflores, fue asesinada de dos balazos por sicarios que llegaron en una motocicleta.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Policía de esa localidad, ubicada en la región Frailesca de Chiapas, Estrella, de alrededor de 14 años de edad, recibió un disparo en el abdomen y otro en el pecho. Este hecho generó indignación entre los pobladores de esa zona, quienes exigieron se haga justicia para que esta tragedia no quede impune.
AGRESIONES CADA VEZ MÁS “SUBIDAS DE NIVEL”
De acuerdo con la mencionada organización no gubernamental, se les considera como atrocidades a aquellas que tienen que ver con prácticas de violencia agresivas como calcinamiento, tortura, asesinato de niños y adolescentes o de defensores de derechos humanos, de actores políticos, entre otros; así como linchamientos, violación agravada, esclavitud y trata, desplazamientos forzados, actos violentos contra la autoridad y un “abanico” más de opciones.
Guadalupe Méndez Alegría, de 30 años de edad, murió a manos de su esposo, identificado como Guillermo “G. I.”, quien le roció combustible y luego le prendió fuego.
El suceso se registró en la comunidad Llano Largo, municipio de Tonalá, en donde la pareja al parecer discutió, lo que provocó que el sujeto perdiera el control. Tras el hecho, la mujer fue llevada de emergencia, por sus propios vecinos, al Hospital General “Juan C. Corzo” del mismo lugar, sin embargo, no resistió a las graves quemaduras que presentaba y falleció.
Tonalá es uno de los siete municipios de la entidad chiapaneca que, desde el 2016, cuenta con la Alerta contra la Violencia de Género (AVG) por ser considerada una región de mucho peligro para las mujeres.
CORRE LA SANGRE…
Entre las entidades con más eventos de atrocidades (mas no de víctimas) aparecieron:
- Chihuahua 442
- Guanajuato 434
- Baja California 413
- Guerrero 366
- Morelos 273
En este apartado, Chiapas sobresale como un territorio con menos eventos violentos de esa índole (101), advierte “Causa en Común”.
A principios de este año, la misma organización publicó un reporte de todo lo ocurrido en 2022: Chiapas, gobernado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), también apareció en segundo puesto con el mayor número de víctima de atrocidades con 1,370, sólo por debajo del mismo estado veracruzano (1,198).
Para llegar a ese dato, “Causa en Común” revisó alrededor de 5,317 notas periodísticas sobre eventos que, según ella, pueden ser catalogados como atrocidades.
En una entrevista con La Silla Rota, Olga Luz Espinosa, diputada federal chiapaneca por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), manifestó que, por desgracia, a nivel nacional es palpable el desgobierno, sobre todo en el tema de seguridad.
“Justamente hoy (este martes) estamos discutiendo las reservas del presupuesto de la Federación, y entre las múltiples reservas que presentó el partido (Sol Azteca), hay tres encaminadas para que se fortalezca el presupuesto en esa materia”, resaltó.
Recordó que uno de los graves errores que se han registrado en este sexenio fue la eliminación del Fondo para la Seguridad (Fortaseg), pues a cambio entraría la Guardia Nacional para fortalecer la vigilancia en todo el territorio mexicano.
Lo peor de todo, dijo, es que desde el gobierno federal se ha tratado de minimizar todos los hechos violentos que se viven a diario; “lo más lamentable es que esta es la administración federal más violenta de la historia moderna de México”.
Tanto ha crecido la inseguridad en Chiapas, aseveró, que hasta las comunidades zapatistas anunciaron su salida ante el acoso y hostigamiento de los grupos del crimen organizado.
VIOLENCIA SE DESBORDA: DESPLAZAMIENTO FORZADO
La escalada violenta creció aún más en territorio chiapaneco. Para mayo, pobladores del ejido Laderío y de otras comunidades del municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, comenzaron a huir de sus hogares, debido a que integrantes del crimen organizado empezaron a reclutar a los hombres que tenían más de 15 años de edad.
Al respecto, se viralizó un video en donde se ve a varias mujeres, al parecer acompañadas de sus hijos pequeños y con pocas pertenencias, salirse de esa localidad ante la presencia de los narcotraficantes y los disparos sin cesar en la región. Se calcula que, en esa ocasión, más de 3 mil personas fueron desplazadas de sus lugares de origen por la “narco-violencia”.
El 27 de junio, miembros de un cártel “levantaron” a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSyPC) cuando estos regresaban de su base de operaciones en el conocido Llano San Juan, de Ocozocoautla de Espinosa.
Este hecho quedó grabado en un video de un usuario de redes sociales, quien lo viralizó. Aunque los empleados fueron liberados a cambio de que integrantes de otro grupo criminal dejaran libre a una mujer que, días antes, fue plagiada en Tuxtla Gutiérrez (de nombre Nayeli Cinco), este hecho sin duda provocó tristeza, miedo e indignación no sólo entre los chiapanecos, sino a niveles nacional e internacional.
Quien también pasó a formar parte como una de las más de 700 víctimas de atrocidades en el mencionado lapso de enero a septiembre fue Berni Flor Mejía Velázquez.
La maestra impartía clases en el plantel 216 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), ubicado en el ejido Río Guerrero, municipio de Amatenango de la Frontera, cuando tres sujetos, armados y encapuchados, ingresaron a su salón y se la llevaron.
Casi cinco días después, Berni fue hallada muerta, con un disparo en la cabeza, en el camposanto de esa misma localidad de la región Sierra de Chiapas.
“Por dondequiera que veas hay violencia, en Tuxtla, Ocosingo, Jiquipilas, Frontera Comalapa… en todos lados; por eso lamentamos que el gobierno minimice esta problemática, cuando la tendría que reconocer”, resaltó la legisladora Olga Luz Espinosa.
Mientras el propio gobernador sólo “se dedique a dar el clima” o a inaugurar obras poco impactantes, dejó en claro que, de esa manera, no se visibilizará un problema que tiene que ser atendido de raíz.
“Insisto, la única forma de avanzar en seguridad es con un presupuesto digno; porque, ¿de qué otra manera los municipios van a fortalecer a sus policías? O ¿de qué nos sirve una Guardia Nacional que sólo ‘combate’ la migración?”