TUXTLA GUTIÉRREZ.- Tres funcionarias del actual ayuntamiento del municipio de Pantelhó, Chiapas, acusaron a integrantes del grupo autodefensa “El Machete” de haberlas secuestrado desde el pasado 14 de mayo, bajo amenazas y con uso excesivo de la fuerza.
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En un documento y a través de un video que compartieron a medios de comunicación, Sandra Gutiérrez, Petrona Entzín y Petrona Molina, concejal síndica, concejal regidora y presidente del DIF (esta última también esposa del presidente municipal), respectivamente, advirtieron que ese día los “machetes” ingresaron, por la fuerza, a sus domicilios para violentarlas y obligarlas a firmar sus renuncias.
De paso, advirtieron, también fueron sometidos sus esposos Pedro Cortés López, concejal presidente, así como Juan Cruz Núñez y Rogelio López Sántiz, por lo que, tras ser liberados, acudieron a la Fiscalía General del Estado a interponer su respectiva querella.
{"quote":"No nos vamos a someter ante estos criminales que, mediante el uso de armas, pretenden imponerse por encima de cualquier autoridad”, expusieron las agraviadas"}
Además, solicitaron la intervención de las autoridades gubernamentales, para que se les permita continuar en sus puestos “con justicia y dignidad, sin ser sometidos por ‘El Machete’; trabajaremos por la paz y la justicia… ¡Ya basta de tolerar a este grupo armado!”.
De acuerdo con lo que se ha informado, la situación se complicó luego de que Pedro Cortés, actual presidente concejal, fuera señalado de no querer transparentar el recurso ejercido durante el año pasado, es decir más de 130 millones de pesos, no obstante que ese personaje fue avalado por los mismos “machetes” para que gobernara.
Entre otros detalles, Pedro Cortés fue electo en sustitución de Raquel Trujillo Morales, quien fue desaforado en noviembre pasado luego de que se le girara una orden de aprehensión por homicidio calificado.
Además, al exalcalde, hoy prófugo de la justicia, se le relaciona con el grupo criminal de “Los Herrera”, cuyos líderes son Austroberto Herrera y su hijo Dayli de los Santos, ambos en prisión, pero este último acusado de ordenar el asesinato del fiscal indígena Gregorio Pérez en agosto del año pasado en San Cristóbal de Las Casas.
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