CHIHUAHUA.- “Isabel”, de 8 años de edad, fue violada. La Ministerio Público (MP) estatal le aseguró a su mamá que el procedimiento abreviado era la mejor opción para acelerar el caso, sin que la niña pasara por más interrogatorios.
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Se le ofreció negociar con el acusado para que se declara culpable y renunciara a su derecho de juicio oral. La madre de “Isabel” dice que aceptó porque no deseaba que su hija pasara por la angustia de narrar otra vez la agresión sexual de la que fue víctima por su abuelastro.
La niña había contado la historia al menos cuatro veces ante desconocidos: al momento en que se presentó la denuncia penal contra su agresor, a la médica legista, a la psicóloga forense y a policías ministeriales.
Con el acusado de la violación, Raymundo, agente del MP a cargo de la investigación, de la fiscalía de Chihuahua zona norte, negoció una pena de 11 años y tres meses de cárcel a cambio de que él aceptara su culpabilidad.
El hombre aceptó, por lo que su condena fue cuatro veces menor a la que le correspondía por el delito que cometió. Si rechazaba la negociación, iría a juicio oral donde pedirían un castigo de 50 años de prisión, según una investigación de La Verdad.
Como en el caso de “Isabel”, 4 mil 153 sentencias se negociaron entre enero de 2017 a diciembre de 2021 a través de procedimientos abreviados en el distrito judicial Bravos, en Ciudad Juárez.
Durante este periodo, un total de 5 mil 258 sentencias se dictaron por diversos delitos en esta sede judicial, de las cuales solo mil 105 fueron emitidas en juicios orales, según datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Estos números revelan que 8 de cada 10 penas se negocian entre acusados y víctimas.
Aunque el proceso abreviado es una figura legal, que descansa en el Código Nacional de Procedimientos Penales, su aplicación crea una controversia debido a que el imputado es sentenciado en un procedimiento alterno a un juicio.
En opinión del abogado penalista Gregorio Pérez Gastelum, la fiscalía se aprovecha de los casos representados por defensores de oficio para concluirlos con el procedimiento abreviado, amedrentando a los imputados y presionando a las víctimas. “Están en contubernio la defensoría pública y la fiscalía”, asegura.
SENTENCIAS REDUCIDAS
A cambio de que los acusados se declaren culpables, y con ello evitar la activación toda la estructura judicial, el gobierno de Chihuahua reduce a los imputados los años de cárcel hasta un tercio de la pena mínima de cada delito.
Esas sentencias reducidas, a su vez, abren otros beneficios a los sentenciados cuando cumplen con el 50 o el 70 por ciento de la pena, de acuerdo con datos oficiales.
El beneficio de reducción de la pena, a través de un abreviado, se han otorgado al 80 por ciento de las 5 mil 258 personas sentenciadas en los últimos cinco años en el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, se desprende de datos oficiales.
De acuerdo con datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua solo el 20 por ciento de los fallos condenatorios emitidos entre el 2017 y el 2021 se generaron en juicio oral.
Las cifras de los últimos cinco años muestran que los procedimientos abreviados fueron en aumento a partir de 2019, aunque en el 2011 crecieron de forma exponencial para sumar mil 378 contra 269 juicios orales.
En el 2017, las sentencias se pactaron en 787 abreviados y se dictaron en 157 juicios orales; para el 2018, la situación se revirtió, los fallos en los juicios superaron a los negociados al registrarse 305 y 76, respectivamente, de acuerdo con los datos oficiales.
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