MONTERREY. - Según "El Bronco", este martes ha sido absuelto del delito electoral de las broncofirmas, y acusa que la razón de su detención siempre fue injusta e ilegal.
Así lo señala en sus redes sociales el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien escribe en Facebook: "La razón de mi detención, siempre lo dije, fue injusta y fuera de toda legalidad.
Hoy, un juez federal lo confirma. He sido absuelto del supuesto delito electoral", escribió el exmandatario.
El ex gobernante quien está en arraigo domiciliario en su casa del municipio de García, tiene dos procesos, el de las llamadas broncofirmas, para participar como candidato presidencial y, en el que habría utilizado a trabajadores del estado para recabarlas; la otra acusación es la de abuso de poder al requisar la Ecovía un sistema de transporte colectivo.
Rodríguez Calderón fue detenido el pasado 15 de marzo e ingresado al Cereso de Apodaca, donde se dieron posteriormente una serie de entradas y salidas al hospital, al presentar diversos problemas.
Inclusive fue operado y en una entrada al nosocomio permaneció un mes y luego obtuvo el arraigo domiciliario que le otorgó un juez.
Ahora ha anunciado en sus redes que fue absuelto del delito electoral de las firmas.
LA DENUNCIA CONTRA “EL BRONCO”
Cuando era Senador, Samuel García y la entonces diputada local Mariela Saldívar denunciaron penalmente a Rodríguez Calderón por desvío de recursos al utilizar más de 500 burócratas estatales para recolectar firmas para el registro del Bronco como candidato a la presidencia de la República en 2018.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio la razón al confirmar los desvíos de recursos en que incurrió Rodríguez Calderón y su entonces secretario general de Gobierno, Manuel González.
En esa ocasión, se ordenó al Congreso de Nuevo León que aplicará las sanciones necesarias por utilizar 572 funcionarios para recolectar firmas para la candidatura independiente del mandatario.
Las sanciones fueron votadas por la mayoría de los legisladores quienes apoyaron aplicar una sanción directa, en lugar de un juicio político.
Por estos hechos fueron cesados del gobierno 11 servidores públicos, un director, una coordinadora de Área, tres agentes del Ministerio Público, dos agentes ministeriales, un perito, un auxiliar de investigación y un asistente.
(djh)