Al menos el 10 por ciento de los presidentes municipales en México enfrenta extorsiones de la delincuencia organizada y cubre los pagos con recursos públicos, pero guardan silencio y prefieren no denunciar, aseguró a La Silla Rota un integrante de la Asociación de Autoridades de México A. C. (AALMAC) que pidió el anonimato.
“Las asociaciones del PRI, el PAN y la nuestra, que venimos documentando situaciones y casos, rebasaban los 200 municipios en 15 estados, es obvio que más de 200 municipios te da el 10 por ciento. Es una franja entre 200 y 300 municipios que tiene esta problemática”, indicó.
Miembros del crimen organizado asedian, presionan y acosan a los alcaldes de México, el pago de cuotas y la extorsión existen, cada localidad tiene una realidad diferente.
Los presidentes municipales de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Durango, Veracruz, Colima y Coahuila son los que sufren el mayor número de amenazas de la delincuencia organizada por el “pago de cuotas”.
“La delincuencia amplió sus actividades, pasó de extorsionar empresas, comerciantes y empresarios, ahora le llegó el turno a los municipios, que siendo el orden de gobierno más débil, teniendo las policías más debilitadas, la descomposición social y la falta de oportunidades económicas, fue derivando que este ámbito de gobierno empezara también a ser presa del asedio a sus finanzas públicas”, explicó el integrante de la AALMAC.
En algunas regiones del país los presidentes municipales son presionados a pagar el llamado “cobro de piso”, a nombrar jefes de policía, entregar un porcentaje de las obras públicas y hasta nombrar funcionarios en las alcaldías.
De los 2 mil 445 municipios que hay en el país, poco más de mil 900 municipios son menores a 50 mil habitantes, 400 son ciudades medianas con más de 50 mil personas y 100 grandes ciudades con más de 100 mil personas.
“Los municipios más susceptibles de esto, son los municipios más débiles en términos institucionales y en términos financieros. Las grandes ciudades que tienen otras capacidades, que tienen otras policías, son menos vulnerables”, detalló el integrante de la AALMAC.
Las extorsiones se concentran en ciudades medianas y pequeñas (semi urbanas y semi rurales).
“Las estadísticas que llevamos las asociaciones, en muchos de los casos de los alcaldes presionados o que incluso han perdido la vida es por eso, algunos porque no se han prestado y otros porque lo han denunciado”, puntualizó.
La reciente aparición de videos y fotografías de la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Karrum Cervantes, y la de Huetamo, Dalia Santana, con Servando Gómez “La Tuta” líder de Los Caballeros Templarios, destapó las suspicacias de sí los presidentes municipales son víctimas o cómplices de estos grupos delictivos.
Con el acoso, el hostigamiento y la amenaza de la delincuencia organizada, no es fácil decirle “no le entro” cuando está de por medio la seguridad de la familia, los colaboradores y de los alcaldes, por eso mucho prefieren guardar silencio y no denunciar.
“Nosotros entendemos la posición del gobierno federal y de los gobernadores, de que no se dejen presionar, de que no paguen, de que no sean cómplices, pues obviamente tienen razón, pero la realidad es otra. Donde vive el ciudadano, el bueno y el malo, es el municipio, comparten los territorios, donde viven las familias tanto de los que se dedican a delincuencia como a los gobiernos, conviven en los mismos territorios, entonces es muy difícil que un funcionario municipal pueda enfrentar y decir no, cuando donde vive todo mundo conoce a su familia y es a la primera que amenazan”, comentó el integrante de la AALMAC.
Los alcaldes de las zonas donde hay mayor presencia de los carteles de narcotráfico son presionados a pagar las extorsiones con recursos públicos, las cuales se cubren en efectivo, con un porcentaje de las obras públicas y en algunos casos son obligados a contratar a empresas constructoras.
“Al ser asediados los recursos públicos y ser entregados por este chantaje o cobro de piso, es obvio que caen en desvío de recursos pero no por enriquecimiento, apropiación o colusión, si no es un estatus muy difícil, muy complicado, por eso es muy difícil que los alcaldes hablen y es muy difícil que los alcaldes denuncien”, comentó.
En México 63 presidente municipales fueron asesinados en los últimos siete años y ninguno de los casos ha sido aclarado, por lo que los autores intelectuales y materiales se mantienen en la impunidad.
Diez estados del país registran el 50 por ciento de los ataques a los alcaldes, la mayoría de las víctimas pertenecían al PRI, seguidas por integrantes del PAN y el PRD.
El orden de gobierno municipal es el que más reciente la violencia de los grupos delictivos, en la mayoría de los casos tiene su origen en las diversas problemáticas que hay en los territorios y del pago de cuotas.
El integrante de la AALMAC señaló que los asesinatos de los presidentes municipales siguen impunes, “no conocemos casos donde se haya aclarado ninguna muerte, la mayoría por las informaciones que nosotros estamos recabando tienen ese origen: que sufren el asedio a las finanzas municipales”.
En los últimos 20 meses, en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, han sido asesinados 11 alcaldes. Oaxaca y Michoacán son los estados donde más ediles han sido ultimados.
Los alcaldes del país son protegidos en ocasiones por sus policías municipales, y muchos ayuntamientos no cuentan con las capacidades técnicas ni operativas sólo para proteger a sus autoridades locales.
En octubre de 2013, Ygnacio López Mendoza, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, realizó una huelga de hambre frente al Senado de la República para pedir más recursos a los municipios pequeños y reveló que pagaba $100 mil pesos mensuales en efectivo a la delincuencia para que lo dejaran trabajar.
Denunció que recibía amenazas de los miembros de la delincuencia organizada para el “pago de cuotas”. En los primeros días de noviembre de 2013 fue hallado muerto en su camioneta en la colindancia entre Michoacán y Guanajuato, a 10 minutos de su casa. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que se trató de un asesinato y que investigaría el caso para impartir justicia. A 10 meses del crimen no hay responsables.
En abril de este año, luego de una reunión con Osorio Chong varios alcaldes de Michoacán denunciaron que eran víctimas de extorsiones o que habían sufrido algún tipo de presión por parte de los la delincuencia organizada.
Incluso el coordinador de los presidentes municipales emanados del PRI en Michoacán y alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, afirmó que los ediles eran obligados y corrían peligro si no asistían a reuniones con los líderes de los grupos delictivos.
La realidad es que algunos presidentes municipales en México son víctimas de presión “de los señores del narco”, el pago de cuotas y la extorsión existen pero “la mayoría lo calla”.
En entrevista telefónica para La Silla Rota, Bárbara Botello, presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), reconoció que sí hay casos de extorsiones por parte de la delincuencia organizada a los presidente municipales.
“Sí ha habido algunos casos, pero no es la generalidad de que todos los alcaldes estén viviendo una situación así”, aseguró la también presidenta municipal de León, Guanajuato.
Indicó que por cuestiones de seguridad no puede revelar los nombres de los municipios en México que enfrentan las extorsiones de la delincuencia organizada, pero que es una problema real.
“Habrá algunos casos, no le puedo decir con certeza que sea lo común; se dará en algunos casos pero le vuelvo a repetir: no tengo la información de que sea un tema preocupante en el que padezcan todos los alcaldes. En algunos casos se dará, caso Michoacán, en donde una descomposición en algunos otros municipios, pero no es la generalidad que estén sufriendo todos los alcaldes del país”, expuso la presidenta de la CONAMM.
Bárbara Botello adelantó que en coordinación con el gobierno federal se diseña un protocolo para la seguridad de los alcaldes.
“El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ha estado muy cercano a los municipios y quien ha estado trabajando muy de la mano de la CONAMM, ante esta preocupación y para garantizar la integridad física de los presidentes municipales en el país ha dado instrucciones al Comisionado Nacional para la Seguridad para que trabajemos conjuntamente en este tema, y estamos trabajando ahorita en un protocolo precisamente con licenciado Monte Rubido para la seguridad de los alcaldes”, reveló.
La alcaldesa de León estimó que en un mes podría ponerse en marcha el protocolo de seguridad para los alcaldes mexicanos, que puede ir desde tener un escolta, hasta tener una estrategia diferente de conducirse y de tomar decisiones.
Dijo que los alcaldes son la autoridad más cercana a la gente y por eso están más en riesgo, no sólo de la delincuencia organizada, sino también por otras decisiones que tienen que asumir y que “lesionan algún interés económico o algún interés político, son muchas cosas que siempre de alguna forma pueden hacer que un alcalde tenga alguna persona que no este de acuerdo, o que sienta que fue una decisión personal cuando la decisión que se toma va siempre pensando en el bienestar de una ciudad y del cumplimiento de la ley”.
jqf