México enfrenta su máximo déficit público- desde al menos 1990- alcanzando el 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB), impulsado, según los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2025, por los grandes proyectos de infraestructura de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta reducir este déficit a casi la mitad, llevándolo al 3.0% del PIB para 2025, mediante una «consolidación fiscal. Pero hay dos gastos que la presidenta electa Claudia Sheinbaum no debería tocar, según los economistas.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que la consolidación fiscal se lograría aumentando los ingresos presupuestarios, reduciendo el gasto público o mediante una combinación de ambas medidas. Sin embargo, existe el reto de reducir en un 1.8% del PIB el déficit presupuestario.
Te podría interesar
Los economistas destacan la necesidad de una reforma fiscal integral que mejore la efectividad recaudatoria y promueva la equidad fiscal. "Medidas alternativas pueden incluir aumentar impuestos específicos y/o reducir la informalidad, pero probablemente no sean suficientes".
Gastos que NO se deberían tocar
De acuerdo con el CIEP, las inversiones en educación y salud deben ser protegidas para evitar efectos negativos en la redistribución del ingreso, así como las inversiones para aumentar la productividad ante el cambio demográfico.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 considera un gasto total neto de 26.7% del PIB. Sin embargo, el 63.3% de este gasto son compromisos ineludibles, que comprenden el costo financiero de la deuda. Los gastos de Pemex y de la CFE, las participaciones a las entidades federativas y pensiones.
También puedes leer: Por incertidumbre económica, México registra fuga de 42,402 millones de pesos en 6 meses
El CIEP destacó que se han destinado aportaciones patrimoniales de la SENER a Pemex equivalentes al 0.4% del PIB3. El restante 36.7% no son ineludibles y se destina a educación (3.3% del PIB), salud (2.9%), inversiones (1.7%) y otros gastos (2.0%).
Dentro de otros gastos, el 53.9% son servicios personales (1.3% del PIB), el 21.2% son subsidios y transferencias, y el 20.2% son gastos generales.
"Si bien no se sabe cuánto podrían reducirse para 2025, por ejemplo, una reducción del 25% significaría un ahorro de 0.3% del PIB. Adicionalmente, si las inversiones se reducen en un 0.5% del PIB, como se propone, se alcanzarían los niveles más bajos de inversión, al menos, desde 2013. Cualquier reducción en educación y salud tendría efectos distributivos negativos además de estar por debajo de los mínimos recomendados internacionalmente".
¿Qué es lo que puede pasar?
Los investigadores del CIEP advierten que la actual situación fiscal, con un déficit público estimado del 5.9% del PIB, exige medidas para lograr una consolidación fiscal que reduzca el déficit al 3.0% del PIB proyectado para 2025. "Para alcanzar este objetivo, el gobierno debe considerar tanto el aumento de los ingresos como la reducción de los gastos en un equivalente a 2.9% del PIB".
"Si se disminuyera el gasto de inversión en 0.5% del PIB, el costo de la deuda en 0.6% y se combatiera la informalidad, aumentando la recaudación en 0.8%, aún quedaría pendiente una reducción del déficit en 1.0% del PIB para lograr a la meta de la consolidación fiscal en 2025. Aunque es probable que ciertos supuestos no se cumplan".
Para una consolidación fiscal efectiva y sostenible, es necesario llevar a cabo una reforma fiscal integral, con discusiones sobre la ampliación de la base tributaria y sobre mejoras en la eficiencia del gasto. Debe considerarse la equidad fiscal, con cargas y beneficios justos entre todos los sectores sociales y entre las generaciones presentes y futuras.