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CNDH investigará responsabilidad de autoridades en riña de fútbol en Queretaro

Dicho organismo señaló que aparte de las autoridades futbolísticas, el Estado debe de garantizar la seguridad en los estadios a través de un marco regulatorio

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Después de la riña campal acontecida en el estadio Corregidora entre aficionados del Atlas y Querétaro el 5 de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó un comunicado en el que condenó enérgicamente estos actos.

Dentro del mensaje dicha comisión mencionó que, debido a la gravedad de estos hechos, se dará inicio a una queja de oficio con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar justicia a las víctimas así como investigar la responsabilidad de las autoridades. 

(Foto de riña entre aficionados en estadio Corregidora: Cuartoscuro)

“Este Organismo Nacional, iniciará queja de oficio para investigar y determinar la responsabilidad de las autoridades involucradas y defender a las víctimas para asegurar su acceso a la justicia y la reparación”, anuncia el comunicado. 

Así mismo, en el texto se señala que la principal responsabilidad recae en las autoridades quienes deben de garantizar un ambiente seguro dentro de estos eventos masivos a través de impedir y contener las agresiones que vulneran los derechos humanos.

“La brutalidad de los hechos ocurridos puso en máximo riesgo a cientos de niñas y niños y adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores y familias enteras que se encontraban presenciando el evento deportivo, quienes incluso tuvieron que despojarse de su ropa alusiva al equipo de su preferencia, para resguardarse y evitar se blanco de las agresiones”, señalan la CNDH.

(Foto de aficionados del Atlas: Cuartoscuro)

Por último, el comunicado indicó que, a pesar de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FEMEXFUT), la Liga BBVA MX y los estadios de fútbol, son propiedad privada, el Estado debe de garantizar la seguridad en dichos inmuebles con regulaciones adecuadas para mantener orden y reparar los daños en caso de afectaciones a las personas. 

“El Estado tiene, entre otras obligaciones, la de establecer un marco regulatorio adecuado que proteja la seguridad y los derechos humanos ante la actividad empresarial, la de supervisar su cumplimiento y garantizar la reparación del daño en los casos en que esta cause alguna afectación a las personas”, menciona el texto. 

CAO