En la Ciudad de México, la convivencia entre las personas y sus animales de compañía ha dejado de ser un asunto estrictamente privado para convertirse en un tema de interés público. El creciente número de perros y gatos que viven en las calles —cifra que la revista Forbes estima en 29.7 millones a nivel nacional— revela no solo una crisis de bienestar animal, sino también las limitaciones estructurales que enfrentan miles de familias para acceder a una vivienda donde puedan permanecer unidas.
Una parte significativa de estos abandonos tiene origen en normas restrictivas impuestas por arrendadores o intermediarios inmobiliarios. De acuerdo con la diputada Diana Barragán Sánchez, en la capital del país cerca del 40% de los casos de abandono está relacionado con prohibiciones para vivir con animales de compañía.
Para muchas familias, rentar un hogar implica elegir entre un techo o la permanencia con quienes consideran parte de su núcleo afectivo. La legisladora ha calificado esta práctica como una forma de maltrato animal, señalando que desde diciembre de 2024 el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la protección a los seres sintientes.
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En respuesta a esta problemática, el Congreso capitalino aprobó el 18 de agosto de 2025 una reforma al artículo 4 de la Ley de Vivienda, la cual fue promulgada por la jefa de Gobierno Clara Marina Brugada Molina el 24 de octubre y publicada en la Gaceta Oficial el 27 del mismo mes.
Desde su entrada en vigor, la ley establece que la presencia de niñas, niños, adolescentes o animales de compañía no puede ser utilizada como criterio de exclusión en solicitudes de renta o copropiedad. La norma incorpora, además, la figura de “cohabitación con infancias y seres sintientes”, reforzando el derecho de las familias a mantenerse juntas sin enfrentar discriminación.
El concepto de “ser sintiente”, ampliamente difundido por la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, refiere a los individuos capaces de experimentar dolor, placer y emociones, así como de desarrollar conciencia de sí mismos y del entorno. Su reconocimiento en materia de vivienda representa un avance ético y jurídico en la protección de animales de compañía, al tiempo que establece nuevas obligaciones para quienes ofertan espacios habitacionales.
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Aunque la reforma no contempla sanciones específicas para quienes incumplan, la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) es la instancia responsable de recibir, orientar y dar seguimiento a quejas por abusos o prácticas discriminatorias en el ámbito del arrendamiento. Su labor se rige por principios de imparcialidad, legalidad y eficiencia, y abarca la atención jurídica, administrativa y social para habitantes que enfrenten conflictos relacionados con la vivienda.
Las personas que requieran apoyo pueden comunicarse al correo prosoc@cdmx.gob.mx, llamar al 55 5440 9545 de lunes a viernes entre las 10:00 y las 18:00 horas, o utilizar el servicio de atención por WhatsApp en el número 55 6357 2243. También es posible acudir de manera presencial a la sede ubicada en Calle Mitla 250, Colonia Vértiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03600.
Con estos cambios legislativos y los mecanismos de atención disponibles, la Ciudad de México avanza hacia un modelo de vivienda más justo e incluyente, en el que las familias —humanas y animales— son reconocidas como un todo inseparable y digno de protección.
LCM
