XALAPA, VER.- Cada 30 de junio se conmemora el Día Mundial de las Redes Sociales, plataformas digitales que en los últimos años se han convertido en uno de los principales medios de comunicación e intercambio de información para millones de personas. En cuanto a la cobertura de la información periodística por este medio se ha visto atentada por gobiernos estatales de Veracruz.
En México, el crecimiento en el uso de internet también ha generado debates sobre la regulación de los contenidos que se difunden en estas plataformas. En Veracruz, uno de los primeros antecedentes ocurrió durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), cuando se impulsó una reforma al Código Penal para sancionar la difusión de información falsa que generara alarma entre la población.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, elaborada por el INEGI, el 86.1 por ciento de la población de seis años y más utiliza internet, lo que representa 104.9 millones de personas, mientras que el 78.3 por ciento de los hogares cuenta con conexión, el doble que hace una década.
La encuesta también muestra diferencias en el acceso al servicio. Mientras el 88.9 por ciento de la población urbana utiliza internet, en las zonas rurales el porcentaje es de 75.2 por ciento. Veracruz se ubica entre las entidades con menor porcentaje de hogares con acceso a internet, con 68.3 por ciento, solo por encima de Oaxaca y Chiapas.
El INEGI reporta, además, que la principal razón por la que algunos hogares no cuentan con internet es la falta de recursos económicos, seguida del desinterés y del desconocimiento sobre el uso del servicio. Asimismo, el 84.6 por ciento de la población utiliza teléfono celular, el 38.1 por ciento computadora y el 30.9 por ciento de los hogares dispone de dispositivos inteligentes conectados a internet.
Detienen a tuiteros por "alarmar" a la población
El origen de la llamada "Ley Antituiteros" en Veracruz se remonta al 25 de agosto de 2011, cuando a través de Twitter —hoy X— y otras redes sociales comenzó a difundirse el rumor de que integrantes de la delincuencia organizada atacarían escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
La información provocó que cientos de madres y padres de familia acudieran a los planteles para recoger a sus hijos, mientras corporaciones de seguridad desplegaron operativos para atender la emergencia.
La movilización colapsó el tránsito en las principales vialidades de la zona conurbada y saturó, durante varios minutos, las redes de telefonía celular. Ante el pánico generado, el entonces secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, recorrió diversas escuelas para informar que no existía ningún ataque, mientras que el propio Javier Duarte utilizó su cuenta de Twitter para desmentir la versión y asegurar que se trataba de un rumor.
La tarde del 25 de agosto de 2011, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), encabezada por Reynaldo Escobar Pérez, informó que, a partir de una investigación de la Policía Cibernética, identificó el origen de los mensajes que provocaron la movilización de padres de familia y anunció la detención de la maestra y periodista María de Jesús "Maruchi" Bravo Pagola (ya finada) y del profesor Gilberto Martínez Vera.
Una semana después, ambos fueron sujetos a auto de formal prisión por los delitos de terrorismo y sabotaje, al considerar la Procuraduría que su conducta encuadraba en el artículo 311 del Código Penal de Veracruz, que sancionaba a quienes generaran alarma, temor o terror en la población con el propósito de alterar la paz pública o presionar a la autoridad.
La detención de los llamados "tuiteros de Veracruz" provocó una fuerte reacción de organizaciones civiles, periodistas y defensores de la libertad de expresión. El 22 de septiembre de 2011, Maruchi Bravo y Gilberto Martínez Vera fueron liberados del penal de Pacho Viejo. Posteriormente, acusaron haber sido víctimas de tortura durante su detención.
Duarte presenta su propuesta para castigar la difusión de mensajes falsos
Tras la detención de los dos tuiteros, el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy preso en el Reclusorio Norte por delitos de corrupción, envió al Congreso de Veracruz una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y crear el delito de perturbación del orden público, con el argumento de sancionar la difusión de información falsa que generara alarma entre la población.
La propuesta dio origen al artículo 373 del Código Penal de Veracruz, que establecía penas de uno a cuatro años de prisión y multas de 500 a mil días de salario para quien, por cualquier medio, afirmara falsamente la existencia de explosivos, ataques con armas de fuego o sustancias químicas, biológicas o tóxicas, cuando esa información ocasionara la perturbación del orden público.
La iniciativa fue aprobada por la mayoría priista en el Congreso local, pero de inmediato generó críticas de organizaciones civiles, especialistas y defensores de la libertad de expresión, quienes advirtieron que la redacción del nuevo delito podía vulnerar los derechos a la libre expresión y al acceso a la información.
El debate también alcanzó el ámbito jurídico. Especialistas señalaron que el concepto de "orden público" era demasiado amplio y podía utilizarse para restringir la libertad de expresión, mientras que la tendencia en los sistemas democráticos ha sido limitar el uso del derecho penal para sancionar manifestaciones o publicaciones, reservándolo únicamente para casos excepcionales.
Para 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la redacción original del artículo 373 al considerar que violaba las garantías de libertad de expresión, derecho a la información y exacta aplicación de la ley penal.
Aunque el Congreso de Veracruz modificó la disposición en noviembre de 2011 y esa nueva versión no fue analizada por el máximo tribunal, la resolución fijó un precedente sobre los límites que debe observar el Estado al regular expresiones difundidas por cualquier medio, incluidas las redes sociales.
Los otros intentos de regular las redes en Veracruz
El 26 de junio de 2025, el diputado local del PAN, Fernando Yunes Márquez, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación de Veracruz con el objetivo de regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos dentro de los planteles de educación básica.
La propuesta plantea que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria utilicen teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos exclusivamente con fines pedagógicos, además de que las escuelas implementen medidas para restringir el acceso a redes sociales durante la jornada escolar.
La iniciativa argumenta que el uso excesivo de redes sociales puede generar riesgos como ciberacoso, acceso a contenidos inapropiados, contacto con desconocidos y vulneración de datos personales, además de asociarse con problemas de ansiedad, depresión, aislamiento, bajo rendimiento escolar y alteraciones del sueño.
La reforma propone modificar el artículo 170 de la Ley de Educación para establecer como obligación de los planteles garantizar un ambiente adecuado para el aprendizaje mediante el uso responsable de la tecnología.
También plantea que madres, padres y tutores colaboren con las instituciones educativas para que las y los estudiantes utilicen los dispositivos electrónicos únicamente con fines educativos y limiten el acceso a redes sociales durante el horario escolar.
Apenas el 18 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó abrir una discusión nacional para avanzar hacia una regulación del uso de pantallas y de la inteligencia artificial, al considerar que la exposición excesiva de niñas, niños y adolescentes a dispositivos electrónicos representa un problema de salud pública y salud mental.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que diversos estudios relacionan el uso intensivo de teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos con problemas de ansiedad, alteraciones en la socialización, trastornos del sueño y conductas adictivas.
Sheinbaum informó que el Gobierno de México realizó una encuesta en la que la mayoría de las madres y padres de familia se pronunció a favor de prohibir el uso de teléfonos celulares en escuelas primarias. Además, dio a conocer que se aplicó un censo a 1.2 millones de estudiantes universitarios y docentes para conocer el uso de herramientas de inteligencia artificial.
Aunque mencionó que algunos países ya han adoptado medidas para restringir el acceso de menores de edad a las redes sociales y dispositivos electrónicos, indicó que, antes de impulsar una reforma legal, su gobierno buscará abrir un debate nacional sobre el tema.
“Creo que tiene que llegar un momento en que se regule, no estamos regulando la libertad de expresión evidentemente, aunque está regulada de todas maneras en las leyes, pero sí es importante”, aseveró Sheinbaum Pardo.
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