XALAPA, VER.- La comunidad de Otilpan, ubicada en el municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, cumple al menos una década rodeada por cultivos de papa. De acuerdo con sus habitantes, en casi todas las viviendas cercanas a estos sembradíos hay al menos un integrante de la familia con problemas de salud.
Los padecimientos reportados van desde irritación ocular, lagrimeo constante y erupciones cutáneas, asma, trombocitopenia, problemas hormonales y respiratorios hasta enfermedades de mayor gravedad como tumores cancerígenos y trastornos tiroideos. Pobladores aseguran que estos problemas comenzaron a registrarse con mayor frecuencia a la par de la expansión del cultivo de papa, actividad que implica el uso intensivo de agroquímicos y plaguicidas.
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Organizaciones civiles como la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA) han realizado recorridos en la zona y documentan, de manera independiente, el impacto de los químicos empleados en los sembradíos, ante la ausencia de datos oficiales por parte del Estado y de las autoridades municipales.
El activista Emilio Rodríguez explicó que la renta anual de entre 20 y 40 mil pesos por hectárea para la siembra de papa ha generado una problemática social, ambiental y de salud pública en San Andrés Tlalnelhuayocan, municipio ubicado a 27 kilómetros de Xalapa. Productores poblanos rentan el campo local.
De acuerdo con el Censo de Población 2020, Tlalnelhuayocan cuenta con 19 mil 664 habitantes, de los cuales 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento hombres. Los grupos de edad con mayor presencia son de 15 a 19 años, con mil 902 habitantes; de 5 a 9 años, con mil 820; y de 20 a 24 años, con mil 796.
En el municipio existen 4 mil 990 viviendas y únicamente tres módulos de consulta externa, atendidos por siete médicos. Según el Cuadernillo Municipal 2024, el 69 por ciento de la población vive en pobreza y el 20 por ciento en pobreza extrema.
La región conserva vocación agrícola: se cultiva maíz, frijol y papa. Se estima que entre 75 y 85 hectáreas están destinadas a este último producto, actividad que genera ingresos anuales cercanos a los 9 millones de pesos. Sin embargo, otras actividades productivas, como la apicultura, también han resentido el impacto del uso intensivo de agroquímicos.
El pasado 29 de marzo, habitantes de Coatepec y San Andrés Tlalnelhuayocan se reunieron en la primaria Adolfo López Mateos para exigir la declaratoria de una emergencia sanitaria y ambiental, ante el uso de plaguicidas altamente peligrosos en la siembra de papa.
El activista Emilio Rodríguez advirtió que, pese a los impactos documentados, ninguna autoridad federal o estatal —como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca— ha implementado programas efectivos para atender, mitigar o frenar el uso de agroquímicos que afectan la cuenca alta del río La Antigua.
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Ciudadanos piden declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental
En 2024 se registró un caso de intoxicación de alumnos y maestros de la primaria Adolfo López Mateos. La causa fueron los agroquímicos utilizados en la siembra de papa, lo que obligó a evacuar el plantel escolar. La escuela, ubicada en la comunidad de El Naranjo, fue cerrada por autoridades educativas y los estudiantes fueron reubicados en otros centros escolares. Para activistas y pobladores, la decisión reflejó la falta de protocolos institucionales para proteger a la niñez frente a la exposición a plaguicidas.
“La respuesta institucional, lejos de detener las fumigaciones que enfermaban a los menores, fue clausurar el plantel”, señaló el ambientalista Emilio Rodríguez, quien consideró que el caso exhibe la omisión de los tres niveles de gobierno.
La primaria, fundada en 1983, actualmente aparece como inactiva en registros escolares, mientras su cierre se mantiene como uno de los principales ejemplos del impacto social y educativo de la expansión del cultivo de papa en la zona.
Investigación detecta tres escuelas rodeadas de cultivo de papas
De acuerdo con la investigación Las infancias veracruzanas bajo riesgo por el cultivo industrial de papa, elaborada por Acción Biocultural / Anima Mundi A.C., se documentó la presencia de varios planteles educativos rodeados por sembradíos de papa agroindustrial, donde se aplican plaguicidas altamente tóxicos de forma recurrente.
Entre los casos señalados destaca la primaria Adolfo López Mateos, en El Naranjo, Tlalnelhuayocan. También identificó otros centros escolares en situación similar: la primaria y el jardín de niños de Paxtepec y Coapan, en Coacoatzintla; escuelas en Otilpan, municipio de Tlalnelhuayocan; y la escuela de Puentezuelos, en Tonayán.
La investigación advierte que la cercanía entre zonas agrícolas y espacios escolares incrementa el riesgo para la infancia, al no existir barreras de protección ni controles efectivos sobre el uso de agroquímicos.
Nadie tiene registros del impacto en la salud
Emilio Rodríguez explicó que desde hace 14 años la siembra de papa se extendió por gran parte del municipio, y con ello comenzaron a incrementarse enfermedades entre pobladores que viven cerca de los cultivos. Los testimonios hablan de ojos llorosos, erupciones en la piel, intoxicaciones, tumores y problemas de tiroides. Sin embargo, no existe un registro oficial que permita relacionar estos padecimientos con la exposición constante a agroquímicos.
“En las clínicas no se documentan las causas, y cuando ocurre una intoxicación muchas veces no hay personal para atenderlos”, señaló. Ante la urgencia, las familias suelen recurrir a médicos privados, lo que también representa un gasto adicional para hogares en condiciones de vulnerabilidad.
Rodríguez indicó que el cultivo se ha extendido a comunidades como El Naranjo, Otilpan, Xolostla, Rancho Viejo, Tejocotal, Mesa Chica, Capulines y Zoncuantla, por lo que las afectaciones a la salud también se han multiplicado. La falta de expedientes clínicos especializados impide que, incluso en hospitales de referencia como el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa, se pueda establecer una relación entre diagnósticos y la exposición prolongada a agroquímicos.
Como sociedad civil, dijo, se han impulsado procesos organizativos para documentar testimonios y visibilizar no solo las dolencias físicas, sino también el impacto económico que representa atender enfermedades derivadas de la contaminación.
El agua que llega a Xalapa está contaminada
El ambientalista advirtió que la contaminación alcanza la subcuenca del río La Antigua, la cual abastece cerca del 38 por ciento del agua que se consume en Xalapa. Explicó que investigaciones del Instituto de Ecología A.C. han documentado la presencia de clorpirifos —residuos de plaguicidas— en cuerpos de agua y en fauna de la región.
“El impacto está ahí, aunque no se ha investigado de manera oficial. Hay un riesgo fundado de que manantiales y represas de Tlalnelhuayocan estén siendo afectados por la cercanía con los cultivos”, afirmó.
Ante ello, urgió a implementar medidas preventivas y correctivas para reducir el daño ambiental y proteger a las comunidades cercanas.
Por abandono al campo, productores rentaron sus predios
Rodríguez explicó que el abandono histórico al campo llevó a muchos propietarios de ejidos a rentar sus tierras para la siembra de papa, actividad que deja ingresos de entre 20 y 40 mil pesos anuales por hectárea. Detalló que en esta dinámica se realizan dos ciclos de cultivo al año, lo que convierte la renta en una alternativa económica atractiva para familias que ya no viven directamente de la producción agrícola.
“Hay una migración importante y muchos herederos de ejidatarios ya no tienen vínculo con el cultivo”, señaló y mencionó que quienes aún trabajan la tierra enfrentan márgenes de ganancia reducidos frente a la inversión que implica producir.
CNDH emitió recomendación por uso de plaguicidas desde 2018
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2018 la Recomendación 82/2018, en la que documentó violaciones a los derechos a la salud, al agua, a la alimentación y a un medio ambiente sano, derivadas de la falta de regulación efectiva sobre plaguicidas altamente peligrosos. El organismo concluyó que dependencias federales permitieron la comercialización y uso de sustancias tóxicas sin controles suficientes, pese a advertencias internacionales sobre su peligrosidad.
La recomendación asignó tareas específicas: a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios revisar registros sanitarios y proponer restricciones; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaborar diagnósticos sobre contaminación; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural desarrollar estudios de riesgo; y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria establecer límites máximos de residuos.
Además, se planteó que municipios dentro del área natural protegida Archipiélago de Bosques y Selvas cumplan con el Ordenamiento Ecológico Territorial para evitar prácticas agrícolas incompatibles con la conservación ambiental. El estudio también sugirió realizar análisis locales de residuos de plaguicidas en población, suelo y agua, fortalecer campañas de prevención y promover vigilancia ciudadana.
Rodríguez consideró que es momento de que el Estado asuma la rectoría del tema: “Es una papa caliente, nadie la quiere atender. Una dependencia se la pasa a otra y al final nadie resuelve el problema”.
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