XALAPA, VER.— Durante el sexenio del morenista Cuitláhuac García Jiménez, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observaron el presunto manejo irregular de más de 9 mil millones de pesos en recursos estatales y federales. En contraste solo hay 3 denuncias penales contra presuntos responsables.
El monto observado varió a lo largo del sexenio pasado (2018-2024); sin embargo, fue en 2023 cuando se registró el mayor incremento, con observaciones por más de 2 mil 725 millones de pesos en sectores como salud, infraestructura, educación y entrega de programas sociales.
Sobre este tema, el diputado local y líder de la bancada de Morena, Esteban Bautista Hernández, acusó que la lentitud en los procesos de procuración de justicia ha impedido sancionar a funcionarios por presuntos desvíos de recursos, pese a las observaciones detectadas. Sostuvo, además, que el exgobernador representa “un lastre” para su partido y que en su administración funcionarios se enriquecieron.
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LA SILLA ROTA sostuvo una entrevista con la auditora general del estado, Delia González Cobos, quien señaló que los procesos administrativos pueden tardar hasta siete años en integrarse, y solo después de ese periodo es posible presentar denuncias penales o procedimientos sancionatorios.
Como parte de los informes de seguimiento de las cuentas públicas, tanto el ORFIS como la ASF reportan 375 promociones de responsabilidad administrativa, es decir, posibles procesos sancionatorios; mientras que el Orfis reporta 49 inhabilitaciones y 18 amonestaciones a servidores públicos en los años 2019 y 2020.
Además hay tres denuncias penales: dos presentadas por el ORFIS y una por el Gobierno del Estado. También se registra una persona inhabilitada y otra sancionada con multa dentro del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Durante su comparecencia ante diputados locales en 2025, el excontralor estatal en el gobierno de Rocío Nahle, Ramón Santos Navarro, informó que la dependencia a su cargo inició 64 expedientes y procesos administrativos que derivaron en sanciones contra 288 personas: 222 con inhabilitación temporal, 55 con amonestación pública y 9 con amonestación privada, sin embargo, no hay datos públicos en el portal de transparencia de la dependencia.
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Los procesos en Veracruz prescriben en siete años: Orfis
La auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, afirmó que las investigaciones derivadas de las observaciones a la cuenta pública continúan en curso y que los procedimientos pueden prolongarse hasta por siete años en el ámbito administrativo, antes de determinar posibles responsabilidades.
González Cobos subrayó que la revisión de recursos públicos es un procedimiento largo y establecido en la ley, que implica requerimientos de información, solventaciones y análisis técnico antes de poder avanzar a instancias superiores.
“Nosotros tenemos que agotar nuestro tiempo en la revisión administrativa. Ya una vez que agotamos la revisión administrativa, entonces podríamos acudir tanto al tribunal como a la fiscalía”, expuso.
En ese sentido, advirtió que hay entes fiscalizables que no han atendido los requerimientos de información, lo que complica el avance de las investigaciones y puede derivar en acciones penales y administrativas.
“Tenemos procedimientos de investigación y estamos recibiendo documentación; aquí el asunto es que, a mí me parece, es muy clara la intención de alguien, un servidor o exservidor públicos, que quiere aclarar esos procedimientos que en su momento no aclaró, y los que no quieren hacerlo y no dan seguimiento.”.
Reiteró que hasta el momento se han presentado dos denuncias relacionadas con la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, mientras que otros casos siguen en revisión.
ORFIS: más de 1 mil 907 millones de pesos observados entre 2019 y 2024
Datos que son públicos en el portal del Orfis, reportan que 2019 se observó a 3 dependencias por 16 millones 630 mil 854 pesos; 35 organismos públicos descentralizados por 241 millones 686 mil 412 pesos; y 3 fideicomisos por 21 millones 511 mil 245 pesos, lo que da un total de 279 millones 828 mil 513 pesos.
Para el 2020 se determinó la existencia de presunto daño patrimonial en 5 dependencias por 3 millones 153 mil 102 pesos; 34 organismos públicos descentralizados por 128 millones 853 mil 75 pesos; y 4 fideicomisos por 38 millones 651 mil 510 pesos, con un total de 170 millones 657 mil 689 pesos.
En 2021, derivado de las auditorías financiera y de obra pública, se identificaron observaciones en 3 dependencias por 57 millones 731 mil 938 pesos y 31 organismos públicos descentralizados por 132 millones 167 mil 882 pesos, con un total de 189 millones 899 mil 820 pesos.
En el cuarto año de administración, 2022, el monto observado en 2 dependencias fue de 6 millones 104 mil 527 pesos, y en 28 organismos públicos descentralizados de 155 millones 848 mil 363 pesos, para un total de 161 millones 952 mil 891 pesos.
En 2023, 4 dependencias fueron observadas por 67 millones 603 mil 971 pesos; 30 organismos públicos descentralizados por 207 millones 729 mil 487 pesos; y un fideicomiso por 15 mil 891 pesos, con un monto total de 275 millones 349 mil 350 pesos.
Para el último año de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, en 2024, se observaron recursos en 5 dependencias por 62 millones 632 mil 248 pesos y en 34 organismos públicos descentralizados por 766 millones 765 mil 194 pesos, lo que da un total de 829 millones 397 mil 442 pesos.
Las dependencias con más observaciones son la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la de Educación Pública, la de Medio Ambiente, la Coordinación de Comunicación Social, entre otras.
ASF observa 14 mil millones, casi 8 mil millones son de Cuitláhuac
En lo que respecta a la revisión financiera de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2019, el primer año que administró García Jiménez, se observó el manejo de 2 mil 413 millones 405 mil pesos.
Para 2020, el monto observado fue de 150 millones 881 mil pesos. En 2021, se pidió aclarar el manejo de 2 mil 897 millones 530 mil pesos, de los cuales 1 mil 431 millones correspondían al Estado.
En 2022, el monto observado fue de 539 millones 334 mil pesos, de los cuales 331 millones 4 mil pesos correspondían al gobierno de Morena; Para 2023, ascendió a 3 mil 598 millones 505 mil pesos, de los cuales 1 mil 724 millones 37 mil pesos corresponden al gobierno estatal.
Finalmente, en 2024 lo observado fue de 4 mil 460 millones de pesos, de los cuales 1 mil 896 millones de pesos corresponden a “cuentas por aclarar” del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. El total de la administración pública estatal fue superior a los 7 mil 900 millones de pesos.
Es la secretaría de Salud, de Educación, y el DIF los entes fiscalizables con el mayor monto de recursos observados.
Solo se reportan tres denuncias: 2 del Orfis y una de la Contraloría General
Las observaciones por el mal manejo de los recursos públicos pueden derivar en procesos penales, ante la Fiscalía estatal o federal, -cuando se trata de fondos federales-, o en procesos administrativos que obligan a los exfuncionarios a resarcir el daño, además de que pueden ser multados o inhabilitados de la función pública.
En ese contexto, en el portal del ORFIS, se enlistan dos denuncias penales. Ambas corresponden a la Cuenta Pública del 2019, la primera es contra quien resulte responsable del Instituto Tecnológico Superior de Perote, fue presentada el día 15 de agosto de 2022.
El proceso legal se encuentra radicado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz bajo el número de expediente FGE/FECCEV/554/2022. El recurso objeto de la denuncia asciende a un monto total de 74 millones 527 mil pesos relacionado con irregularidades financieras o actos de corrupción en la institución educativa.
La segunda denuncia penal está relacionada con el manejo de los recursos públicos del Fideicomiso EXPOVER, que se presentó el 21 de junio de 2023.
Esta acción legal derivó de las observaciones de fiscalización FP-071/2018/007 DAÑ y FP-002/2020/011 DAÑ, fue radicada ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales bajo el número de expediente FGE/FIM/F7/078/2023. El daño presunto daño patrimonial es de 21 millones 550 mil 675 pesos.
En el mes de mayo del 2025, la gobernadora Rocío Nahle informó que La Contraloría General del Estado (CGE) presentó una denuncia por daño patrimonial en la Secretaría de Salud en Veracruz, correspondiente al año 2023 derivado de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La denuncia se radicó en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Carpeta de Investigación FGE/FECCEV/80/2025 se inició por los probables delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y enriquecimiento ilícito.
La gobernadora Rocío Nahle mencionó que Jorge Sisniega, exdirector administrativo de la Secretaría de Salud (SSA) tendrá que atender el requerimiento de la fiscalía, al ser el responsable del manejo del presupuesto de la dependencia estatal.
Sistema Anticorrupción reporta dos sanciones a exfuncionarios
En el portal del Sistema Estatal Anticorrupción se reportan sanciones contra exfuncionarios de dependencias estatales por diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Los procesos los iniciaron los órganos internos de control.
Entre los casos se encuentra el de Felipe Hernández Franco, quien se desempeñaba como subjefe de la Jurisdicción Sanitaria IV en Martínez de la Torre, adscrito a la Secretaría de Salud y Servicios de Veracruz. De acuerdo con el expediente PRA/44/2021/SRC-IX, incurrió en negligencia administrativa, considerada como falta grave.
La Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz ratificó la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años, la cual surte efecto a partir del 15 de abril de 2025.
En otro caso, Juan de Dios Romero Domínguez, exjefe en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev), fue sancionado dentro del expediente PRA 40/2021/SRC-IX por peculado y desvío de recursos. La resolución incluyó una sanción económica impuesta en diciembre de 2022.
De acuerdo con datos del Orfis de la Cuenta Pública 2022, Romero Domínguez fue reportado como deudor del Cobaev, luego de que se le entregaran 5 mil 800 pesos que no fueron reintegrados al instituto.
Los otros procesos administrativos
De acuerdo con los registros de la ASF, en el informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, entregado al Congreso Federal, hasta septiembre de 2025, Veracruz acumula 923 acciones de fiscalización emitidas entre las cuentas públicas de 2019 y el primer corte de 2024, es decir, en el periodo de gobierno de Cuitláhuac García.
De ese universo, se registran 375 promociones de responsabilidad administrativa, orientadas a la eventual sanción de servidores públicos; 356 pliegos de observaciones, los cuales implican posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos que deben ser aclaradas o, en su caso, reintegradas al erario, al presumirse un posible daño patrimonial.
Además, se incluyen 136 recomendaciones para mejorar procesos administrativos y 56 solicitudes de aclaración sobre el uso de recursos.
En el desglose por dependencias, se menciona el caso del Cobaev concentra 19 acciones, de las cuales 3 corresponden a recomendaciones, 6 a promociones de responsabilidad administrativa —que se mantienen como “promovidas”— y 10 pliegos de observaciones, de los cuales solo uno ha sido solventado.
Por su parte, el CECyTEV e ICATVER registran 6 acciones cada uno, con 3 recomendaciones concluidas en ambos casos. En cuanto a los pliegos de observaciones, cada uno tiene tres casos: uno solventado, uno en investigación y uno no solventado.
Finalmente, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado (STPSyP) acumula 3 promociones de responsabilidad administrativa, todas en estatus de “promovidas”, sin que se detalle su resolución.
Informe del Orfis reporta 49 inhabilitaciones y más de 200 procesos abiertos
En el informe de seguimiento a las cuentas públicas que se entregó al Congreso de Veracruz, en el mes de marzo, se reporta que en la Cuenta Pública 2019, los órganos internos de control validaron 16 inhabilitaciones temporales a servidores públicos, que implican la prohibición de ejercer cargos públicos por periodos específicos. Entre los casos se encuentran la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) y El Colegio de Veracruz, ambos con sanciones de tres meses.
La mayor concentración de sanciones se registró en los Institutos Tecnológicos Superiores (ITS), donde planteles como Juan Rodríguez Clara, Naranjos, San Andrés Tuxtla y Tantoyuca acumularon dos inhabilitaciones cada uno; mientras que Coatzacoalcos, Misantla y Poza Rica registraron una. Destaca el ITS de Tierra Blanca, con las sanciones más severas de siete y ocho meses. En el nivel superior, la Universidad Politécnica de Huatusco fue inhabilitada por ocho meses y la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora por tres meses.
Además, se aplicaron 12 amonestaciones públicas y 2 privadas, principalmente en dependencias como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y SEDECOP, así como en diversos institutos tecnológicos.
Para 2020, se determinaron 33 inhabilitaciones temporales, además de sanciones en dependencias como SEDARPA, SEDECOP, el IPAX, RTV y el Fideicomiso del Parque Takilhsukut. Nuevamente, los Institutos Tecnológicos Superiores concentraron la mayor carga sancionatoria, destacando Cosamaloapan por inhabilitaciones de hasta 12 meses y Martínez de la Torre por el número de sanciones.
También se aplicaron dos amonestaciones públicas y dos privadas, entre ellas a los ITS de Cosamaloapan y Jesús Carranza, y al propio ITS de Cosamaloapan.
En 2021 se reportan 27 expedientes abiertos y 6 investigaciones; en 2022, 44 los órganos internos de control iniciaron proceso de investigación y tres informes de presunta responsabilidad administrativa; en 2023, se reportaron 70 expedientes de investigación abiertos de 80 entes notificados; y en 2024, 81 entes fueron notificados, de los cuales 71 iniciaron expedientes en sus órganos internos de control.
Será en el mes de septiembre de este 2026, cuando el Orfis informe del avance de todos esos procesos administrativos que se iniciaron por las notificaciones de los pliegos de observaciones de las cuentas públicas del 2021 al 2024.
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