XALAPA, VER.- Con el inicio de los nuevos gobiernos municipales, han salido a la luz conflictos en al menos una decena de Cabildos de Veracruz, donde los actuales ediles han señalado y denunciado penalmente irregularidades atribuidas a exfuncionarios municipales.
Este domingo 18 de enero, por ejemplo, el alcalde de Las Vigas, Rafael Marín de la Luz, presentó una denuncia penal contra exfuncionarios de la administración 2022-2025, por haber reportado como concluida una obra pública que permanece inconclusa. La denuncia fue difundida por el propio edil a través de sus redes sociales.
Al igual que el alcalde emanado de Morena, otros presidentes municipales iniciaron acciones legales o anunciaron que procederán debido a presuntas irregularidades cometidas por los administradores del periodo 2022-2025, particularmente por el incumplimiento en el proceso de entrega-recepción.
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Se prevé que el número de denuncias aumente a partir del mes de febrero, ya que los alcaldes tienen la obligación legal de denunciar omisiones o irregularidades detectadas durante dicho proceso.
Desde el 1 de enero de 2026, ediles que asumieron funciones han denunciado que recibieron Ayuntamientos sin documentación, con parque vehicular inservible o, incluso, sin que se hubiera llevado a cabo el proceso formal de entrega-recepción.
Gobierno reconoce que algunos exalcaldes dejaron desorden administrativo
En declaración del 7 de enero de 2026, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció que las administraciones salientes dejaron en malas condiciones el parque vehicular en varios municipios; desde patrullas, ambulancias y camiones recolectores de basura, lo que limitó la prestación de servicios públicos.
Dijo que, de detectar faltas administrativas o el probable desvío de recursos públicos, las nuevas autoridades deben presentar las denuncias penales, ante las instancias competentes.
“Los presidentes municipales cuentan con un plazo de 30 días para realizar observaciones durante el proceso de entrega-recepción y, en su caso, iniciar el trámite; si se trata de un asunto administrativo o de litigio identificarlo correctamente en el inventario y, el patrimonio que debe de quedar en resguardo de cada administración”, dijo en entrevista.
Estos son los plazos legales para denunciar irregularidades administrativas
La ley dice que el proceso entrega-recepción se debe realizar el 1 de enero. Una vez concluida la entrega-recepción, el Ayuntamiento entrante debe designar una Comisión Especial, integrada al menos por el tesorero, el director de Obras Públicas y el titular del Órgano de Control Interno municipal. Esta comisión tiene la responsabilidad de analizar el expediente conformado con la documentación entregada y formular un dictamen en un plazo máximo de 30 días naturales.
Dicho dictamen debe ser sometido a la consideración del Cabildo dentro de los cinco días hábiles siguientes. En este periodo, el Ayuntamiento puede citar a las personas servidoras públicas de la administración saliente para que expongan lo que a su derecho convenga respecto de las observaciones detectadas, o bien para requerir información o documentación complementaria.
La ley establece que los exfuncionarios municipales tienen derecho a solicitar documentos necesarios para la integración del expediente de entrega-recepción, y que el Ayuntamiento deberá responder a estas solicitudes en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente.
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Una vez agotadas estas etapas, el Ayuntamiento dispone de 10 días hábiles para emitir un Acuerdo en vía de opinión, el cual deberá ser remitido al Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización, acompañado del Acta Circunstanciada y del expediente completo de entrega-recepción, con el objetivo de que se realice la revisión de las Cuentas Públicas Municipales.
Lo anterior, como parte de la obligación de las autoridades entrantes de revisar, documentar y dar seguimiento a posibles omisiones, inconsistencias o irregularidades detectadas durante el cambio de administración. Cuando se incumple con lo establecido en la ley se debe proceder legalmente.
A la fecha se conoce que ya presentaron denuncias penales por falta de información o información incompleta los siguientes alcaldes
1.— Las Vigas
Representantes del municipio de Las Vigas, Veracruz, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) por presuntas irregularidades en la ejecución de obra pública municipal.
A través de redes sociales, el alcalde Rafael Marín de la Luz informó que acudió a ambas instancias para denunciar una obra que fue reportada como concluida, aunque en los hechos permanece inconclusa, lo que podría constituir un daño patrimonial.
El presidente municipal precisó que la denuncia es contra quien resulte responsable de la administración encabezada por José de Jesús Landa, exalcalde electo por el extinto partido Unidad Ciudadana, quien posteriormente se incorporó a Morena.
La obra se ubica en la calle Francisco Portilla, esquina con calle Guerrera, en el barrio de San Juan, y fue registrada en documentos oficiales como terminada, pese a que físicamente no se encuentra concluida.
La irregularidad fue detectada el 6 de enero, cuando el alcalde realizó una supervisión en el lugar y constató que la empresa contratista no había finalizado los trabajos. “Así fue como encontramos esta obra: inconclusa, a pesar de haber sido reportada como solventada”, publicó el edil.
De acuerdo con información del ORFIS, la obra fue contratada en noviembre y debía concluirse en diciembre, con un plazo de 60 días. Aunque no existe acervo fotográfico que acredite su conclusión, fue registrada como terminada, con un costo de 4 millones 826 mil pesos.
Asimismo, el ORFIS reporta que exfuncionarios municipales de Las Vigas tienen pendiente por justificar 15 millones 444 mil pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2024, derivado de observaciones al manejo financiero del antepenúltimo año de gobierno. Las Vigas de Ramírez está ubicado en la zona central montañosa.
2.— El Higo
De manera similar, el Ayuntamiento de El Higo -ubicado en el norte del Estado- informó que el representante legal del municipio presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado contra quien resulte responsable, por presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción.
La administración, encabezada por la alcaldesa Juana María Martínez Guerrero, emanada del Partido del Trabajo (PT), interpuso la denuncia en contra de la gestión de Víctor de la Garza, presidente municipal en el periodo 2022-2025 que fue postulado por el Verde Ecologista, por la omisión de información.
En un comunicado difundido en redes sociales, el Ayuntamiento señaló que la administración fue recibida en condiciones generales deficientes, tanto en el ámbito administrativo como operativo.
Durante el acto de entrega–recepción, se constató la ausencia de documentación esencial, así como la falta de información técnica, financiera y administrativa necesaria para garantizar la continuidad de los servicios públicos y el adecuado ejercicio de las funciones municipales.
El gobierno municipal indicó que esta situación impide, por el momento, contar con un diagnóstico completo y preciso del estado real del Ayuntamiento, por lo que se inició un proceso inmediato de revisión, verificación y reconstrucción de información, con el fin de determinar la situación financiera, patrimonial y administrativa, así como las posibles irregularidades existentes.
El 12 de enero, el síndico José Lara Vega presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la no entrega oportuna de información y por presuntamente falsear datos ante la autoridad.
La administración del exalcalde emanado del Partido Verde tiene pendiente por justificar el manejo financiero de 10 millones 960 mil pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2024, de acuerdo con el Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
3.— Tamiahua
Tras la anulación de la elección municipal, en Tamiahua fue designado un concejo municipal encabezado por Luis Fernando Cagnant Ramírez. A solo unas horas de rendir protesta, el responsable de la administración denunció que la alcaldesa saliente, Linda Guadalupe Rodríguez Torres, incumplió con el proceso de entrega-recepción.
El 16 de enero, a través de redes sociales, el concejal Cagnant Ramírez informó que acudió al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), específicamente al área de combate a la corrupción, para exponer las irregularidades administrativas detectadas.
En su publicación, el concejal señaló que dichas irregularidades serán investigadas y advirtió que “se procederá legalmente con las denuncias pertinentes ante las instancias correspondientes”.
De acuerdo con los registros de fiscalización, Rodríguez Torres, junto con exfuncionarios de la administración 2022-2025, deberá justificar el manejo financiero de 3 millones 494 mil pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
4.— Nanchital
El alcalde de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pérez Salinas, informó que, una vez que se emita el dictamen del proceso de entrega-recepción, se interpondrán las denuncias penales correspondientes por las irregularidades detectadas en la administración saliente.
En entrevista, el pasado 5 de enero, el edil señaló que al asumir el cargo encontraron oficinas vacías y la ausencia de documentación de la administración anterior. Indicó que, previo al cierre del periodo constitucional, el 31 de diciembre, se dejaron de prestar servicios públicos básicos, como la recolección de basura.
Pérez Salinas afirmó que el gobierno encabezado por la morenista Esmeralda Mora Zamudio incumplió con las obligaciones legales en materia de entrega-recepción, por lo que procederán ante las instancias correspondientes.
“Nos entregaron un Ayuntamiento con las arcas vacías, un parque vehicular recolector de basura descompuesto y computadoras que ya no sirven. No dejaron absolutamente nada: sin archivos ni documentación; el DIF lo dejaron vacío, entregaron el cajón, como se dice. Haremos las observaciones y las acciones legales correspondientes”, declaró.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2024, aunque la administración saliente —cercana a la gobernadora Rocío Nahle— no presenta daño patrimonial, sí recibió observaciones en obra pública y en el reporte de la deuda municipal, las cuales deberán ser actualizadas por el Ayuntamiento. Nanchital está ubicado en la zona sur del estado.
5.— Mixtla de Altamirano
La alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Celia García Rodríguez, emanada del PRI, denunció que su antecesora, Norma Estela Hernández Sánchez, de Morena, falsificó documentación que fue remitida al Congreso del Estado de Veracruz.
De acuerdo con la información oficial, el 24 de septiembre el Congreso local aprobó la venta de 13 unidades, entre ellas tres motocicletas, cuatro camionetas modelos 2011, 2009, 2007 y 2020, así como un vehículo Nissan March Active.
En la autorización también se incluyeron una camioneta Toyota Hilux modelo 2013, una Ford F-350 Super Duty modelo 2000, un camión de pasajeros Freightliner FS-65 modelo 2001, una camioneta Ford Ranger Raptor 4x4 modelo 2023 y una retroexcavadora.
Posteriormente, el 10 de enero, el diputado local Esteban Bautista reconoció que la información presentada por la administración encabezada por la exalcaldesa fue apócrifa; no obstante, deslindó al Congreso de Veracruz de iniciar acciones legales, al señalar que ello correspondería a las autoridades municipales en funciones.
El legislador informó que el Congreso conformará un grupo de trabajo que acudirá a los Ayuntamientos para verificar el estado físico de los bienes muebles que serán subastados desde los municipios.
Cabe recordar que, en marzo de 2024, la entonces alcaldesa Norma Hernández Sánchez denunció el robo de una camioneta Ford Raptor, color azul metálico, hecho ocurrido en el tramo carretero Vicente Guerrero–Comalapa, en el municipio de Zongolica.
Además, de acuerdo con datos del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la exalcaldesa Hernández Sánchez, junto con su Cabildo, tiene pendiente por justificar el gasto de 4 millones 806 mil pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
6.— Agua Dulce
El Cabildo de Agua Dulce, encabezado por Ángel de Jesús Delgado Ramírez, postulado por el partido Morena, anunció que presentaría denuncias penales por la falta de documentación e información de la administración saliente.
De acuerdo con las autoridades entrantes, el morenista José Noé Castillo Olvera no entregó la información del proceso entrega-recepción, por lo que se anunció la presentación de denuncias tanto en la Fiscalía General del Estado como ante el ORFIS; órgano que reporta a la administración anterior como pendiente de justificar el manejo financiero de 6 millones 494 mil pesos del ejercicio 2024.
7.— Lerdo de Tejada
Este 20 de enero, el síndico de Lerdo de Tejada, Johard Alejandro Cruz Delfín denunció al exalcalde de Fabián Sosa Cárdenas, por amenazas. El representante legal del municipio denunció que el exalcalde del periodo 2022-2025 lo agredió y amenazó por no querer firmar la documentación que formalizaba el proceso de entrega-recepción de la Comisión Municipal del Agua de Lerdo de Tejada.
Cruz Delfín además acusó que es Sosa Cárdenas quien sigue administrando el municipio y quien toma las decisiones, pese a que fue mamá, Flor María de Jesús Sosa quien rindió protesta de ley.
lm