XALAPA, VER.- Al sur de Xalapa, se localiza una pequeña área verde que se identifica como Santa Rosa Las Cruces, uno de los últimos reductos del bosque mesófilo de montaña que se ve amenazado por la mancha urbana.
Esther Cruz Martínez, propietaria del predio, dice que en las últimas tres décadas su propiedad se ha reducido en un 50 por ciento, por la invasión de su terreno, no solo por particulares, sino por el propio gobierno que “sobrepuso” la reserva territorial del Estado al predio que su familia adquirió en 1977.
La ambientalista comentó que desde el 2008, cuando murió su padre y se hizo cargo de la propiedad, como parte de su herencia, se ha enfrentado al gobierno, a través del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), que ha usado su propiedad para fraccionar, construir edificios públicos, donar la tierra a particulares, y secar uno de los últimos humedales de la zona.
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A la fecha ha interpuesto al menos 10 denuncias penales en la Fiscalía General del Estado (FGE), todas duermen el sueño de los justos, y por el contrario, un juez había librado una orden de aprehensión en su contra por el delito de falsedad de declaraciones.
Cruz Martínez contó que una parte del predio fue “escriturada” a nombre de un exfuncionario de Invivienda, otra, que se donó a una asociación civil, ahora está en manos de un particular que la oferta en redes sociales, y hay un tercer predio al que, apenas la semana pasada, llegaron trabajadores para “desmontarlo”, por instrucciones de su “dueño”.
Gran parte del área conocida como Santa Rosas Las Cruces presenta un alto grado de contaminación, pues fraccionamientos como Santa Rosa y Miradores de Santa Rosa descargan su drenaje en la zona. Aunque se ha pedido a Comisión Municipal del Agua (CMAS) la introducción de la red para canalizar las aguas negras no ha realizado el trámite, pues ambas colonias no están municipalizadas, lo que deja en la indefensión a los dueños de las viviendas.
Contexto: ¿Cómo se hace de la propiedad la familia de Esther?
La entrevistada menciona que, en 1945, cuando empezó el auge de los ejidos, el gobierno dio garantías a los propietarios de grandes extensiones de tierra, a quienes les otorgó títulos de propiedad, ya cambio les pidió dedicarlos a actividades agrícolas.
En el caso de su predio, en el que se creó la Cooperativa Bosque Don Roberto, lo adquirió su papá en 1977, fue el tercer dueño de una fracción de bosque mesófilo de montaña, que actualmente está rodeado por la mancha urbana. La constancia de su propiedad forma parte del Archivo General de la Nación y está inscrito en el Registro Agrario Nacional.
El gobierno federal, explicó, les pedía a los propietarios marcar linderos con la idea de “delimitar” los terrenos, entre los requisitos les recomendaban que los territorios no debían superar las 100 hectáreas, aunque la extensión fuera mayor, y les otorgaban un documento que acreditaba que ese predio era “no afectable”.
Los dueños ocupaban la tierra para actividades agrícolas, y de ese modo se evitaba que se los expropiaran, “esos certificados de inafectabilidad agraria los expedía el Registro Nacional Agrario y lo firmaba el presidente de la República, estos títulos protegían la propiedad de los ciudadanos”, detalló en entrevista con La Silla Rota.
El predio, recuerda, lo compró Fernando Iriarte, una persona originaria de la Ciudad de México, incluía parte de Santa Rosa y la vieja hacienda de Pacho Viejo, y renombra el terreno como Santa Rosa Las Cruces, “el presidente (Manuel) Ávila Camacho le extiende el certificado de inafectabilidad agraria”.
El terreno, según el decreto del registro agrario, detalla que la propiedad limitaba con el fraccionamiento de El Dique, la zona de Los Lagos, el camino a Pacho Viejo, el Ejido Mártires de Chicago y la Estanzuela, que hoy se conoce como Emiliano Zapata. La entrevistada refiere que su propiedad era muy extensa.
Para 1977, el papá de Esther adquiere el predio y lo destina al cultivo del café. Por más de una década se respetó su propiedad, no obstante, para 1989 el gobierno del Estado, en el periodo de Dante Delgado Rannauro, determinó crear una “reserva territorial” para la región de Xalapa y municipios aledaños.
En la “delimitación” que hizo el Estado se formó una especie de cinturón que comunicaba los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata, Banderilla, Coatepec y San Andrés Tlalnelhuayocan.
Esther comentó que el plano de la reserva territorial, que determinó Dante Delgado, se declaró como reservado por la unidad de transparencia del Instituto de la Vivienda (Invivienda), sin embargo, la tierra que el Estado anunció como su “reserva” para el crecimiento poblacional, se sobrepone a su propiedad.
Paulatinamente, explicó, se empezó a fraccionar su propiedad y crear unidades habitacionales como Xalapa 2000, Nuevo Xalapa, Santa Rosa, Las Fuentes y Lomas Verdes, que se desarrollaron en el predio que, en la época de Ávila Camacho, se decretó como inafectable pues su función era actividades de siembra y cultivo.
La afectada expone que el gobierno incumplió con su obligación de municipalizar las unidades habitacionales y los fraccionamientos, como consecuencia de que el Estado no es dueño de la tierra, lo que, además, genera una afectación a cientos de familias a las que no se les ha entregado un título de propiedad.
“Con el tiempo, las constructoras que edificaron esos fraccionamientos se declararon en quiebra o se fueron, y la gente, aunque termina de pagar (la vivienda), no hay quién les escriture. El problema es complejo, porque en mi caso hay un daño patrimonial a una propiedad particular, pero también hay un daño a las personas que compraron terrenos o casas y no hay quien les escriture.
“Muchos de esos fraccionamientos o unidades habitacionales no se están recepcionando por el municipio, por lo que no está municipalizado. Entonces, dan los servicios y se pagan al municipio, pero hay una situación muy ambigua, porque cuando hay algún problema, como la falta de luz o agua, ellos dicen que no lo pueden resolver, porque no está municipalizado”.
Red de corrupción invade predios de Santa Rosa Las Cruces
La intención de crear una reserva territorial de parte del gobierno, dice Esther, era para dar una utilidad pública al terreno, en beneficio de la población que no contaba con una vivienda, por eso se edificaron varias unidades habitacionales.
No obstante, el gobierno determinó entregar parte de los predios a particulares, a través de asociaciones civiles, y hoy intentan comercializarlos en redes sociales, a pesar de que la donación no era con fines de lucro.
“Hay una asociación civil que la hace un abogado que se llama Constructores de la Piedra, y él solicita al Estado que le den un terreno, como asociación civil, para hacer un área educativa.
“Resulta que le dan 3 mil metros en Arco Sur, nunca funciona la sociedad civil, y entonces (la persona a la que le donaron) entregó el predio a su hijo, y el hijo lo quiere lotificar y vender. Hay un problema de ilegalidad de los predios que debían ser para un uso social, terminan en manos de particulares”, relató.
La familia de José Martín González, a quien se le donó el terreno, quiere comercializar un terreno que se ubica entre las oficinas del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatver) y el Colegio de Contadores, que también fue una donación a un particular, sumado a que el predio corresponde a la reserva de Santa Rosa Las Cruces, “estamos rodeados de la ciudad, hay mucha ambición de los constructores por construir aquí.”
Comentó que en los últimos años el tema de la apropiación de la “reserva” de parte de particulares se ha agravado, incluso, el Estado la despojó del predio que hoy ocupan las oficinas del Colegio de Bachilleres de Veracruz (Cobaev), sobre Arco Sur y Yanga.
Para acreditar la propiedad del predio, explicó, el gobierno presentó una escritura de La Herradura, un área verde ubicada en la zona de Murillo Vidal, cuando su abogado detectó el error, el representante del Estado le recomendó “demandar”. Se inició la querella, no obstante, la obra no se paró y Cuitláhuac García inauguró las oficinas del Cobaev en enero del 2024.
Cuando acudió a la fiscalía a presentar la denuncia, que se perdió en las oficinas regionales, la encargada de la recepción de la queja le cuestionó si estaba segura de “querer” denunciar al Gobierno, incluso, puso en duda que se abriera la carpeta de investigación del caso.
Secan un humedal, y un particular se apropió del terreno
Frente al Oxxo de Arco Sur, a la altura entrada a Lomas Verdes, contó, había un humedal que según el Instituto de Ecología (INECOL) era uno de los mejor preservados en la ciudad, al que llegaban aves migratorias.
Desde el 2013 inició la disputa legal con Invivienda por el predio, en esa época se intentó fraccionar, sin embargo, ella presentó una denuncia y se frenaron los trabajos, la SSP quedó a resguardo del espacio.
Después de unos años, en 2018, Salvador Arana Watty, que fue representante legal de tomó posesión del terreno, para ello presentó las escrituras que se habían emitido ese mismo año, a pesar de que el área es parte de la reserva territorial que determinó Dante Delgado.
“Era un humedal que llegaba a Nuevo Xalapa, por muchos años venía una grúa y le sacaba agua en la noche (…) el particular hizo una escritura nueva. Yo he denunciado por despojo en la Fiscalía, llevó al menos unas 10 denuncias, de esas ninguna se ha resuelto, las presenté desde el 2010.
“Este señor presentó su escritura, y el fiscal dijo (el predio) es de él, y no tomó en cuenta mi documentación y con esa escritura me abrieron una carpeta de investigación por falsedad de hechos ante la autoridad, y por eso ya estaban por girarme una orden de aprehensión, pero nunca me notificaron de esa carpeta”, relata.
La activista reconoció que la lucha legal se ha complicado para ella, por su género, pues no es común ver a una mujer como la dueña de la propiedad, sumado a que son hombres los que invaden con lujo de violencia; pocas personas le han querido brindar asesoría, al estar en disputa con el Estado.
Catastro modificó el uso de la tierra: de agrícola a urbano
Esther platica que, en 2008, la dirección de Catastro de Xalapa determinó cambiar el uso del predio, paso de agrícola, por la siembra de café, a zona urbana lo que tiene graves implicaciones al pago de impuesto.
A pesar de que cubre los pagos de los servicios al ayuntamiento de Xalapa, le fue suspendido el servicio de agua potable, le cortaron la luz por meses y el municipio renombró la calle principal, lo que llevó a que su casa fuera rodeada por invasores y no reconocerán.
Su papá, explica, construyó una casa en la parte alta de su predio, colinda con Miradores de Santa Rosa. En el año 2000 contrató los servicios de agua y luz con domicilio en la calle prolongación Nardo. Años después construyen en los límites con su vivienda y renombran la calle como Retorno Crisantemo. Tapando la entrada y salida de su casa y el área donde llegaban las tomas de agua y luz.
Los servicios que estaban a su nombre, fueron asignados a las personas que invadieron, y pese a que entregó los contratos, le dijeron que no eran válidos, incluso asignaron el mismo número de su medidor a quienes llegaron a vivir a la zona, y personal de CMAS le pidió recontratar el servicio. Para resolver el abastecimiento del líquido, construyeron un aljibe en el que captan y potabilizan agua de lluvia.
En el caso del servicio de luz, dijo, fue hasta que acudió a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco), que personal de la CFE acudió al lugar a instalar un nuevo medidor sobre un muro, para garantizar el suministro de energía, “lo que hacen es como irte orillando para que digas mejor vendo, para qué quiero tanto problema encima”.
Bosque mesófilo de montaña está desapareciendo
La activista mencionó que el daño ambiental es irreversible, y en su intento por defender su propiedad y el propio bosque mesófilo de montaña, planteó que se declare área natural protegida, pero la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) le quiere acotar aún más su predio.
El bosque mesófilo de montaña es muy importante por su biodiversidad, tanto de animales como de plantas, y la superficie que ocupaba en el estado se sigue reduciendo, “los estudios dicen que del uno por ciento que ocupaba, ya estamos en el .49 por ciento, o sea ya nos echamos el 60 por ciento de ese uno por ciento.
“Esta zona de bosque de niebla debería estar vigilada y preservada, nos la estamos acabando a pasos agigantados, y estando en la capital, donde tenía que haber más cuidado, no lo hay”, lamentó.
Cruz Martínez dijo que desde el 2000 a la fecha, sin importar la filiación partidista del gobierno en turno, han sido omisos y han hecho oído sordo a sus peticiones de respetar su propiedad, regularizar el predio y delimitarlo, para evitar que la mancha urbana lo siga invadiendo.
“Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con el gobierno, pedirle que reconozca los linderos, para que ya no se metan más, y declararlo área natural protegida”.
Al inicio del gobierno de Morena, en 2018, llevó una carta a Palacio Nacional al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, “cuando creía en la 4T, me la recibieron, lo turnaron a la Procuraduría Agraria en las oficinas de Correos. Me pidieron llevar mis papeles. Ya después me dijo el abogado de ahí, que renunció, que dieron la orden que el expediente se guardara y no se hiciera nada”.
Esther menciona que la posibilidad de construir más fraccionamientos y seguir avanzando en la mancha urbana, podría llevar a desaparecer el bosque y su propiedad.
lm