XALAPA, VER.- El Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 contempla la modernización, mantenimiento, rehabilitación y operación de 45.3 kilómetros de la vía rápida Córdoba–Orizaba – Ciudad Mendoza. La licitación de la obra, lanzada en septiembre, ha generado malestar e inconformidad social ante la posibilidad de que se instalen casetas de peaje, lo que obligaría al pago de cuotas por parte de automovilistas y transportistas.
El lunes 28 de octubre, la gobernadora Rocío Nahle García afirmó que el proyecto no será aceptado si implica la colocación de casetas de peajes, aunque reiteró la necesidad de construir un libramiento en la zona para mejorar la vialidad.
Uno de los principales críticos del proyecto es el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Díez Francos, quien calificó como una “estupidez” o “absurdo” impulsar una obra de 45 kilómetros que —dijo— no mejoraría la movilidad local, cuando ya existía una propuesta de libramiento que acortaría el recorrido y tendría el mismo costo que la obra actualmente licitada.
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El 28 de octubre, se informó que una comitiva encabezada por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, acudió al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para presentar una propuesta alternativa del Gobierno del Estado.
Aunque autoridades municipales y estatales han anunciado la cancelación del proyecto, el Gobierno Federal, a través del portal Proyectos México, mantiene activa la licitación pública. El mismo 28 de octubre se confirmó que el 18 de noviembre se dará a conocer al ganador del concurso, y un día después se prevé el inicio de los trabajos de construcción.
El alcalde Juan Manuel Díez Francos aseguró, además, que la obra ya fue asignada a la empresa Cal y Mayor, la cual —según el priista— cuenta con capital colombiano y enfrenta señalamientos por corrupción.
¿Cuál es el proyecto de la Federación?
El Plan Carretero 2025-2030 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contempla 10 ejes carreteros, 21 puentes y distribuidores viales, y siete proyectos de nueva infraestructura carretera a desarrollarse mediante esquemas mixtos de financiamiento, entre ellos la vía rápida Córdoba–Orizaba–Ciudad Mendoza, además de otras vías de comunicación estratégicas.
El proyecto mixto permite la inversión público-privada. Según la licitación LA-06-G1C-006G1C003-N-25-2025, se plantearon servicios de agente administrador supervisor, consistentes en la supervisión técnica y control de calidad, asesoría integral, gestión, monitoreo, supervisión y administración de la modernización, rehabilitación, mantenimiento y operación de la “Vía Rápida Córdoba–Orizaba–Ciudad Mendoza”.
Los plazos de la convocatoria establecían el 17 de septiembre como fecha límite para el envío de aclaraciones; el 18 de septiembre se realizó la junta de aclaraciones para quienes compraron las bases de licitación. El 18 de noviembre, al mediodía, se dará a conocer el fallo, y el 19 del mismo mes iniciaría el periodo de contrato.
¿Quiénes son las empresas interesadas?
De acuerdo con el acta de apertura de propuestas, 17 empresas adquirieron las bases de la licitación y presentaron una propuesta económica para ejecutar los trabajos de la denominada vía rápida Córdoba–Orizaba–Ciudad Mendoza. Propuestas económicas presentadas
- Arde Ingeniería, S.A. de C.V.; Ingeniería, S.C.; y Constructora y Supervisión Radso, S.A. de C.V. plantearon un costo de 217 millones 458 mil pesos.
- Asesores y Facilitadores de Infraestructura, S.A. de C.V.; Geosol, S.A. de C.V.; Consultoría, Supervisión, Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V.; y Whaleco, S.A. de C.V. ofertaron 286 millones 614 mil pesos.
- Ayesa México, S.A. de C.V.; y RAM Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V. propusieron 231 millones 999 mil pesos.
- Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V.; Ingeniería, Control y Administración, S.A. de C.V.; y Tecon Tecnología Avanzada para Construcción, S.A. de C.V. ofrecieron 257 millones 114 mil pesos.
- Edac Ingenieros, S.A. de C.V.; y Labicta, S.A. de C.V. solicitaron 213 millones 434 mil pesos.
- Gestión Servicios Consultoría para la Obra Pública, S.A. de C.V.; y Dirección de Operaciones, S.A. de C.V. plantearon un costo de 229 millones 94 mil pesos.
- Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V. presentó una propuesta de 191 millones 74 mil pesos.
- Mextypsa, S.A. de C.V.; Raurosmx, S.A. de C.V.; Urba Ingeniería, S.A. de C.V.; y Proyecto Civil Integral, S.A. de C.V. ofertaron 238 millones 916 mil pesos.
- Orva Ingeniería, S.A. de C.V.; Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V.; y Antea México Consultores, S.A. de C.V. calcularon un costo de 216 millones 502 mil pesos.
- Proyeco, Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A. de C.V.; Tekia Ingenieros de México, S.A. de C.V.; RL Infraestructura, S.A. de C.V.; y Pruebas, Ensayos y Proyectos, S.A. de C.V. propusieron 283 millones 551 mil pesos.
- Rocher Ingeniería, S.A. de C.V.; y Sistemas Avanzados en Ingeniería Civil, S.A. de C.V. ofertaron 205 millones 414 mil pesos.
- Servicios Especializados en Ingeniería Yatzachi, S.A. de C.V.; y Survec Supervisión y Control de Calidad, S.A. de C.V. propusieron 248 millones 356 mil pesos.
- SMC y Asociados, S.A. de C.V.; Construcción y Asesoría en Obras y Servicios, S.A. de C.V.; y Grupo Industrial Caso, S.A.P.I. de C.V. valoraron la obra en 297 millones 889 mil pesos.
- Transconsult, S.A. de C.V.; Asesoría y Consultoría Técnica en Ingeniería e Infraestructuras; Hala Ken Consulting, S.A.P.I. de C.V.; Desarrollo Tecnología y Planeación, S.A. de C.V.; y Liec, S.A. de C.V. estimaron un costo de 284 millones 871 mil pesos.
El proyecto plantea casetas de peaje en dos tramos
El proyecto federal denominado “Vía Rápida Córdoba–Orizaba–Ciudad Mendoza” contempla en realidad la modernización y operación de una autopista de cuota, con la instalación de casetas de peaje en al menos dos tramos del corredor carretero, según se detalla en el documento técnico de licitación revisado por este medio.
El Plan Carretero 2025–2030 del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incluye este proyecto dentro de los esquemas mixtos de inversión público-privada, con una extensión total de 45.3 kilómetros.
La obra abarca la modernización, mantenimiento, rehabilitación y operación del tramo, con una ampliación de cuatro a ocho carriles, además de la rehabilitación de 15.24 kilómetros en ambos cuerpos de la vía.
De acuerdo con el anexo técnico del contrato, el proyecto se divide en ocho tramos, cuatro de ellos confinados (de acceso controlado) y el resto libres. En el Tramo 4, de 7.62 kilómetros, y el Tramo 5A, de 3.5 kilómetros, se plantea la construcción de plazas de cobro auxiliares o casetas de peaje, lo que confirma que la llamada “vía rápida” operaría bajo un modelo similar al de una autopista concesionada.
El documento especifica que el Agente Administrador Supervisor tendría a su cargo la supervisión técnica, control de calidad y administración de la obra por un periodo de 10 años, el plazo vencería el 1 de mayo de 2036, bajo un esquema de operación por estándares de desempeño.
La licitación pública nacional LA-06-G1C-006G1C003-N-25-2025, publicada por Banobras, sigue vigente en el portal Proyectos México, el pasado 28 de octubre, cuando una comitiva de Veracruz viajó a la Ciudad de México, se emitió una circular en la que se insiste que el 18 de noviembre se dará a conocer quién ganó la licitación, toda vez que en la convocatoria establecía el 30 de octubre como la fecha para dar a conocer a la empresa ganadora.
El techo presupuestal para la obra se fijó en 335 millones de pesos, con la posibilidad de incrementarse hasta en un 20 por ciento. De acuerdo con la licitación, la adjudicación del contrato de prestación de servicios del Agente Administrador Supervisor contempla la supervisión técnica y el control de calidad, así como la asesoría integral, gestión, monitoreo y administración de los trabajos de modernización, rehabilitación, mantenimiento y operación de la autopista, es decir, los ingresos por el cobro del peaje serían para la empresa ganadora de la licitación.
La convocatoria también establece que la convocante -Banobras- podrá cancelar el procedimiento de contratación en cualquier momento antes de emitir el fallo, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, o bien, cuando existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad de contratar los servicios o que, de continuar el proceso, pudieran ocasionar un daño o perjuicio al Estado o a la propia institución convocante.
Gobernadora manda una comitiva a Banobras, ella quiere un libramiento
Durante la conferencia del pasado lunes 28 de octubre, la gobernadora Rocío Nahle García recordó que, como parte de sus compromisos de campaña y los de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se anunció la construcción de un libramiento en la zona centro del estado.
“Saca una licitación Banobras, ni siquiera la SICT, ni siquiera la Secretaría de Infraestructura del Estado. Nosotros le pedimos a la presidenta, en campaña, que nos ayudara a hacer un libramiento Córdoba–Orizaba. Nos dijo que sí, que sería una asociación público-privada”, explicó la mandataria.
Nahle detalló que Banobras publicó la licitación para seleccionar a un administrador del proyecto, pero aclaró que la obra no corresponde a la propuesta que hizo el Estado, ya que contempla la construcción de un carril adicional y la instalación de una caseta de peaje.
“Y dijimos: no, así no. Ya hablé con Banobras, con Jorge Mendoza, su director, y le dije: No, Jorge, así no lo pedimos ni así lo queremos. Muéstranos tu proyecto. El día de hoy nos muestra el proyecto, pero de antemano me dijo: Si el Estado no lo acepta, no se hace. Así como lo están planteando, no lo vamos a aceptar”, afirmó Nahle.
Por su parte, el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Díez Francos, confirmó que acudió a una reunión en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) junto con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, y el empresario Édgar Chain Trueba, para exponer la posición del Estado y los municipios frente al proyecto federal.
El edil priista señaló que el acuerdo alcanzado fue que no se instalarán casetas de cobro y que, para resolver la problemática de movilidad, se analizaría retomar el proyecto original de libramiento, planteado hace 13 años, con el fin de aprovechar los recursos etiquetados para el Estado y evitar que se pierdan.
“Se vio que es completamente inviable el proyecto. El que estaban manejando era absurdo; los empresarios de Cal y Mayor argumentaron cosas sin sustento, todas fueron rebatidas técnica y socialmente.
“Estábamos en comunicación con la gobernadora; nos dijo: córtenle ahí, no va a haber casetas, no se van a aceptar. El director de Banobras dijo que el proyecto se cancela por absurdo”, relató Díez Franco
vtr