XALAPA, VER.- El 23 de diciembre del 2015, Flavino Ríos Alvarado, secretario de Gobierno, ordenó el desalojo de pensionados que bloqueaban la calle Enríquez, frente a la Plaza Lerdo, con el uso de la fuerza pública. El segundo a bordo del gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), ordenó liberar la vialidad, ante la queja de los pensionados a quienes se les había retrasado su pagos y la entrega del aguinaldo. En el operativo de desalojo la policía de la SSP utilizó bastones eléctricos y macanas, hubo empujones, jaloneos que dejaron un saldo de seis personas lesionadas.
Un hecho similar se vivió el pasado 20 de junio, cuando los elementos de la SSP, de la Fuerza Civil -que inició su extinción 3 días después-, desenfundaron sus armas contra pobladores de la comunidad de Totalco, en el municipio de Perote, dejando como saldo dos personas muertas y varios heridos. La instrucción era liberar la carretera federal, frente a Granjas Carroll, donde los pobladores denunciaban el acaparamiento de agua y contaminación de parte de la trasnacional.
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El actuar de las policías, estatales y municipales, de disolver las manifestaciones con el uso de la fuerza ha sido una práctica recurrente en Xalapa, Coatepec, Ixtaczoquitlán, y San Andrés Tuxtla, al menos en los últimos dos meses de este 2024, dejaron 3 personas muertas y patrullas quemadas.
Especialistas en sociología y activistas de Veracruz plantearon que la represión forma parte de la política pública de los gobiernos estatal y municipal, y aunque antes optaron por desaparecer a las personas, en la actualidad el gobierno va en abierto contra quienes disienten con ellos o exigen que se garanticen sus derechos. Usando la fuerza pública y a quienes deberían tener como principal función cuidar a los ciudadanos.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benitez informó que el organismo a su cargo emitió un total de 21 recomendaciones a la Fuerza Civil, de esas 17 corresponden a quejas de violación a derechos humanos durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez. Los elementos incurrieron en uso excesivo de la fuerza, incluso, torturaron a los detenidos e incurrieron en desaparición forzada.
Desde el 1 de diciembre del 2018, cuando inició el gobierno de Cuitláhuac García, al viernes 29 de junio, la CEDH recibió al menos mil 479 quejas por violación de los derechos humanos que involucraba a elementos de la Fuerza Civil del Estado. La falta de agua, fenómeno mundial que se ya se padece en Veracruz, van a incrementar el número de manifestaciones en corto tiempo, dijeron los especialistas, por lo que pidieron al próximo gobierno, que encabezará la gobernadora electa Rocío Nahle, a cambiar el “chip” y evitar el uso de la fuerza pública para inhibir o dispersar futuras manifestaciones.
¿Qué dice la ley?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, protege el derecho a la libre manifestación de las ideas, siempre y cuando no se ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
La Constitución de Veracruz dicta, en su artículo 4, que toda persona tiene derecho a la libre manifestación de sus ideas y que el ejercicio de este derecho no estará sujeto a ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en los casos en que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
Tan solo en 2024, el actuar de policías del gobierno estatal y los de los municipios, han dejado como saldo cuatro personas muertas este 2024: el asesinato de Brando Arellano, en Lerdo de Tejada el 9 de enero; José Luis Zapata en San Andrés Tuxtla el 18 de junio; y los hermanos Jorge y Alberto Cortina, en Perote el 20 de junio. Argumentando que se afecta a terceros y se perturba el orden público, policías han dispersado manifestaciones.
En Veracruz persiste un “rezago” a la libre manifestación: Sociólogo
El doctor Gualberto Díaz González, profesor investigador de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV), recordó que el derecho a la manifestación es muy importante para la ciudadanía, es la vía que se tiene para exigir derechos constitucionales, se garanticen servicios o se restituya un agravio.
Los movimientos sociales, dijo, son instrumentos que tiene la población para manifestarse de manera libre y colocar en la agenda política y pública de Veracruz una exigencia ante la autoridad. Lo que pasó en Totalco, donde elementos de la extinta Fuerza Civil atacaron a los pobladores, refleja un “rezago” en el reconocimiento a la libre manifestación y de ver ese tipo de movilizaciones como algo normal.
“Todavía se ve (las manifestaciones) como algo anormal, algo raro que tiene que ser corregido o que tiene que ser reprimido. Seguimos muy lejos de eso (garantizar los derechos). La semana pasada se vivió un escenario reprobatorio, en función de que la población de Totalco exigía su derecho al agua, a un medio ambiente libre de contaminación”, dijo el experto.
La empresa Granjas Carroll, recordó Díaz González, tiene un largo historial de generar contaminación en Veracruz y Puebla y de acaparar el agua afectando a las comunidades de ambas entidades federativas. Al revisar el actuar del gobierno, planteó que la orden de extinguir la Fuerza Civil da señales de que no se dio una coordinación y persiste la falta de estrategia para atender la demanda de los pobladores, ante una exigencia que tiene más de 20 años en la zona de Perote y Puebla.
Desde el 2003, 2006 y 2009 se ha denunciado a nivel nacional e internacional a la trasnacional por la contaminación que genera a los cuerpos de agua y al medio ambiente; y se le responsabilizó de estar vinculado a la gripe aviar, luego de que se detectó el caso cero en la comunidad de La Gloria del municipio de Perote, donde está asentada Granjas Carroll.
“Ese problema sigue ahí, se ha extendido la empresa. Sigue acaparando el territorio y el agua y las comunidades no han sido escuchadas. En la primera lectura de cómo está ese problema (…) es un problema no resuelto (por ningún gobierno), es un problema de regulación y acaparamiento y habla de una descoordinación de todos los niveles de gobierno”, declaró a la Silla Rota.
Lo más grave, dijo Díaz González, es que la desatención de varias administraciones estatales y federales dejó como saldo la muerte de dos personas y dos familias en el desamparo. El experto valoró que la extinción de la Fuerza Civil fue una medida desesperada, pues se ordenó su disolución sin priorizar investigar quiénes fueron los responsables de disparar, lo anterior, teniendo conocimiento que el grupo de seguridad había actuado al margen de los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en otros momentos, según lo reconoció el gobernador Cuitláhuac García en conferencia de prensa.
Incluso, la decisión del gobierno, que se anunció solo tres días después del desalojo y la muerte de Jorge y Alberto Cortina, solo genera confusión entre la población, cuando el mensaje que se tenía que enviar era: garantizar una investigación para dar con los responsables de la muerte de los hermanos y, que el Estado está dispuesto a garantizar el derecho a la libre manifestación de los ciudadanos.
El sociólogo no ve que en lo inmediato se pueda usar a la fuerza pública para inhibir las manifestaciones, sin embargo, destacó que lo importante es que desde el gobierno se atiendan las exigencias de los pobladores para reducir el riesgo de que vuelvan a salir a cerrar carreteras.
Hay todavía resabios de un régimen autoritario que en Veracruz gobernó por mucho tiempo y, aunque se dio la alternancia en el poder de un partido a otro, eso no implica que se van a cambiar viejas prácticas como lo es el uso de la fuerza pública para “desalojar” a manifestantes.
Valoró engañoso que se mande policías a disuadir manifestaciones, argumentando que se afecta a terceros, pues cuando un grupo de ciudadanos sale a la calle lo hace ante la desesperación de que sus demandas no son atendidas, “si no hacemos esto, no nos hacen caso, se piensa”.
El cambio climático y la falta de agua incrementará las manifestaciones
Beatriz Torres Beristain, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la UV, y miembro de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), destaca que para el gobierno federal, estatal y municipales el tema de las política ambiental está en último lugar, a pesar de que tendría ser prioritario.
Se les olvida que la problemática ambiental está vinculada a la salud, al derecho a la vivienda digna y sana, al trabajo de todos los ciudadanos, por lo que la falta de agua será un detonante para el incremento de manifestaciones, tal como ocurrió en Totalco, donde las familias denunciaban el acaparamiento del líquido de la empresa Granjas Carroll.
La activista y defensora del agua, planteó que ante una sociedad activa existe el riesgo de que las autoridades no respeten el derecho a la libre manifestación, “pero al mismo tiempo dan más coraje y dan más ganas de manifestarse, porque es la única manera en que a veces se escucha.
“Como cuando se cerraron los accesos a Coatepec para apagar los incendios. Se veía que no había de otra, y también había represión. Es muy contradictorio que la gente que está trabajando, está pidiendo apoyo a otras personas se les reprima”.
La académica califica como lamentable la actitud del gobierno que usa a las policía para inhibir las protesta, cuando debería pedir disculpas públicas e investigar quiénes son los responsables de la muerte de los hermanos Jorge y Alberto, “Hay una cadena de mando en las fuerzas públicas y sí, es necesario saber quién dio esa orden.
Torres Beristain auguró que cada vez va a ser más seguido que la gente salga a las calles a exigir agua, “porque se está destruyendo el medio ambiente del cuál dependemos para sobrevivir, y está en el último lugar pensando que es un lujo o un accesorio decorativo, no estamos entendiendo que es la base que nos da sustento.
“Esperamos que el gobierno que entre cambié el chip, porque esto se va a seguir repitiendo con más frecuencia, y los activistas no nos vamos a dejar intimidar por (el uso de la fuerza) que lastimó y nos duele muchísimo”.
Antes desaparecían a los activistas, hoy someten a los manifestantes: Cafetaleros
Cirilo Elotlán Díaz, integrante del Consejo Regional del Café de Coatepec, explicó que desde siempre el gobierno ha apoyado a las grandes transnacionales, sin importar el derecho de los ciudadanos. En 2023, Cirio Ruiz González, presidente del Consejo Regional del Café; Viridiana Bretón, ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café, así como los productores Crisanto Valiente, Minervo Cantor y Abraham Cabal, fueron detenidos por el incendio ocurrido en enero de 2022 en las bodegas de Agroindustrias Unidas de México (AMSA) SA de CV.
El activista comentó que ellos vivieron la persecución del Estado, por manifestarse contra las trasnacional AMSA, filiar a Granjas Carroll; recordó que en la historia reciente Javier Duarte usó la fuerza pública contra personas de la tercera edad.
“Antes se hacía de manera triangulada, no lo hacía el gobierno, sino a través de otros medios, los mandaban a desaparecer, provocan accidentes. Hoy en realidad el gobierno se está viendo más directo en someter a los manifestantes, primero la intimidación y luego al sometimiento”.
“Nosotros tenemos un compañero al que detuvieron por manifestarse ante el castigo al precio del café, esto ha existido desde siempre, está siendo más evidente la actitud de represión del gobierno y ahí se ven los resultados”. El activista planteó que la ciudadanía está desprotegida y las leyes solo existen para las grandes empresas y quien salga a defender sus derechos es reprimido, “eso refleja el pacto de complicidad entre el gobierno y las grandes empresas y corporativos”.
Elotlán Díaz expuso que si la ideología del gobierno es la represión, la formación de los grupos de seguridad será esa, la de inhibir y limitar la libre manifestación, por lo que auguró que, pese a la disolución de la Fuerza Civil, se hará uso de la fuerza del estado contra quién disienta, “a todas las personas que se levante en favor del bienestar y la justicia, es lo que nos espera”.
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