XALAPA, VER.- Solo un día después de que rindió protesta como gobernadora, Rocío Nahle García declaró que Veracruz es una de las entidades más endeudadas a nivel nacional y la “carga financiera” que le fue heredada limitará la construcción de obra pública.
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Datos del presupuesto 2025, que se prevé será aprobado a más tardar el 20 de diciembre próximo, contempla el pago de más de 8 mil millones de pesos para cubrir intereses y amortizar la deuda pública de Veracruz con la banca privada y de desarrollo.
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El dinero que se tendrá que destinar al pago de deuda de los años 2025 al 2030 implica un aumento de más de 2 mil 100 millones de pesos, ese monto equivale al presupuesto que se destinó este año para el Poder Judicial, encargado de impartir justicia en Veracruz.
El exgobernador Cuitláhuac García Jiménez declaró en reiteradas ocasiones que su gobierno había logrado reducir en más de 21 mil 906 millones de pesos, la deuda pública del año 2018 a septiembre del 2024.
Al inicio de la administración del morenista la deuda pública era de 87 mil 207 millones de pesos y, para el 2024, se entregó con pasivos bancarios por 65 mil 301 millones de pesos, se informó en el mes de septiembre.
Datos contenidos en el mismo presupuesto reportan un notable incremento de lo que se pagó en 2021, cuando se reflejó la reestructuración de la deuda que hizo el pasado gobierno (8 mil 230 millones) y de lo que tendrá que pagar la gobernadora Rocío Nahle del 2025 al 2030.
La proyección que hizo Sefiplan de los 5 años de su gobierno implica el pago de más de 46 mil 700 millones de pesos. Ese monto de dinero equivale al gasto anual de los 212 municipios y permitiría remodelar en cuatro ocasiones el estadio Luis Pirata Fuentes y se permitiría la construcción de igual número de estadios del Nido del Halcón.
Nahle confirma que la deuda es una carga financiera
En una entrevista radiofónica el 2 de diciembre, la gobernadora Rocío Nahle García recordó que ofreció hacer un manejo adecuado del presupuesto del Estado, que para el 2025 supera los 175 mil 245 millones de pesos.
“Somos uno de los estados que estamos más endeudados y esta es una carga que nos quita dinero para hacer obra. Si no tuviéramos deuda, bueno, yo no sé, estaría yo haciendo cuatro veces más de lo que tengo pensado hacer. Sin embargo, pues hay que pagar esa deuda. Los gobiernos anteriores la dejaron, es una responsabilidad del Estado, vamos a tener que afrontar” dijo en un noticiario local.
Lima se baja del barco
El 26 de junio la gobernadora Rocío Nahle García anunció que el entonces secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, repetiría en su administración como titular de Sefiplan. El 28 de noviembre, el funcionario envió una carta a la gobernadora en la que declinó la invitación, con el argumento que buscaría participar en el proceso interno de Morena, a la alcaldía de su natal Poza Rica.
La gobernadora confirmó el 2 de diciembre que la salida de Lima Franco de su próximo gabinete estaba relacionada con su intención de contender por un nuevo cargo y el exfuncionario planteó que no sería “ético” asumir una responsabilidad y renunciar el mes próximo.
El funcionario, que ya no repitió en el gobierno de la primera mujer gobernadora, fue el responsable de integrar el proyecto de presupuesto para el 2025, que incluye el desglose de los años 2025 al 2030 -cinco años del gobierno de Nahle García- del dinero que se tendrá que pagar por la deuda pública de Veracruz.
En el lugar de José Lima Franco, rindió protesta el economista Miguel Reyes Hernández quien haría equipo con el exsecretario desde la Subsecretaría de Finanzas y Planeación.
Presupuesto 2025 incluye deuda a corto plazo y otros pagos
Según el documento, que será revisado por los diputados locales antes de emitir el dictamen, en su artículo 8, autoriza al Ejecutivo del Estado para que conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera contraiga un endeudamiento neto hasta por un monto equivalente al 6 por ciento de los Ingresos Totales aprobados en la Ley de Ingresos que permitió programar el gasto de más de 175 mil 245 millones de pesos.
El monto a contratar sería superior a los 10 mil millones de pesos y solo se podrían destinar a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal, y el pago del crédito no debe exceder el periodo constitucional de la Administración.
Para el 2025, según el artículo 33, se etiquetarán 8 mil 59 millones para el pago de deuda; de ese total, 916 millones 798 mil pesos son para amortización de la deuda pública, es decir, es lo que se reducirá de los pasivos con la banca privada y de desarrollo.
Por intereses de la deuda pública se pagarán 6 mil 99 millones de pesos; para gastos de la deuda pública 43 millones 680 mil 736 pesos, y dispondrán de mil millones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas).
En la proyección del presupuesto se detalla que para el año 2026 el Estado tendrá que pagar 8 mil 448 millones de pesos; en el tercer año de la administración -2027- el pago de la deuda será de 8 mil 856 millones de pesos.
Para el 2028, el pago estimado de la deuda es de nueve mil 284 millones de pesos; en 2029, el monto es de nueve mil 733 millones de pesos; y para el 2030 el dinero que se pagará a los bancos será de 10 mil 205 millones de pesos.
El monto de lo que se va a destinar a obra pública para el año próximo es de 5 mil 747 millones de pesos, no obstante, la deuda de Veracruz implica el pago de un 171 por ciento más
En 2019, Cuitláhuac reestructuró la deuda pública
Con 31 votos a favor, dos en contra y una abstención, el Congreso local autorizó al Gobierno de Veracruz reestructurar la deuda pública del estado, propuesta por el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez, cuyo monto ascendía a 41 mil millones de pesos.
En la sesión del 31 de julio del 2019, se informó que dicha reestructuración permitiría reducir el plazo de 21.5 a 20 años y se lograría un ahorro de 4 mil 600 millones de pesos.
El 2 de septiembre de este año, el entonces secretario José Luis Lima Franco confirmó que para el año 2027 se tendrá que sentar nuevamente a negociar con la banca de desarrollo y la privada, para mejorar el pago de la amortización de los créditos contratados por el gobierno de Cuitláhuac Jiménez.
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