XALAPA, VER.- La presidenta del Congreso de Veracruz, Adriana Esther Martínez Sánchez, confirmó que a un mes de concluir su periodo constitucional, se han comenzado a archivar las propuestas de reforma de ley para entregarlas a los integrantes de la próxima Cámara, que entrará en funciones el 5 de noviembre.
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La legisladora de Morena planteó que si el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reenvía el Ley de tránsito, que llevaría a regular las grúas en el estado, el tema se quedará pendiente para la siguiente legislatura, dejando la responsabilidad a los diputados electos y al nuevo gobierno, que entra el 1 de diciembre, la obligación de regular las grúas.
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Desde el año 2022, García Jiménez ofreció públicamente regular el arrastre de las grúas y establecer un tabulador único para evitar que los grúeros abusen al imponer sus propias tarifas por remolcar unidades y resguardarlas en el corralón.
Los empresarios Carlos Luna Gómez y Fernando Arana Watty, plantearon que es necesario que el tema se atienda a la brevedad, pues los altos costos que imponen las empresas de grúas por el arrastre de los vehículos es lacerante para la economía de los automovilistas.
Los empresarios agregan que tampoco hay claridad a dónde ingresa ese recurso, pues muchas empresas no entregan ni recibos por el pago, y se debe hacer en efectivo en sus oficinas.
Nahle habla de reestructuración de temas relacionados a tránsito y vialidad
Este 3 de octubre, la gobernadora electa Rocío Nahle anunció la reestructuración de las labores de Tránsito y Transporte Público para hacerlos más eficientes y ágiles en su función y en los trámites que debe realizar la ciudadanía.
Adelantó que introducirá el modelo de Gobierno Digitalizado, para acabar con la burocracia y reducir actos de corrupción, ligados a excesivos trámites en oficinas gubernamentales.
Adelantó que pondrán en operación las licencias de conducir electrónica, además de mejorar las funciones de las empresas concesionarias del manejo de las grúas, mismas que implementarán el uso de arañas inmovilizadoras como ocurre en la Ciudad de México.
La línea del tiempo de la promesa sin cumplir de Cuitláhuac
El 5 de enero del 2022, el gobernador Cuitláhuac García planteó que para acabar con los abusos de empresas de grúas era necesario que los ciudadanos denunciaran las irregularidades con las que operaban.
Reconoció que casos de corrupción en los que funcionarios públicos y trabajadores de las concesionarias han abusado de los dueños de automóviles que se quedan mal estacionados.
“Nos percatamos de que la situación estaba fuera de control, les dijimos: alto ahí, paramos el lote donde estaban las grúas, hicimos un operativo, pero más nos tardamos en hacer el operativo que el tiempo en que ellos nos mostraron documentos en los que comprobaban que estaban amparados”, dijo.
El mandatario planteó que desde su punto de vista este tipo de servicios no debería tener los costos tan abusivos que aplican, ya que afectan la economía de las familias.
El 15 de agosto del 2022, en conferencia, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que hasta ese momento había 6 carpetas de investigación en la dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, por presuntos actos de corrupción.
Las 6 carpetas abiertas involucran a 10 oficiales de tránsito que presuntamente actuaron contrario a la ley al prestar el servicio de grúas. En ese momento, confirmó que tres elementos habían causado baja.
En esa ocasión, anunció, ya estaba listo el reglamento para la dirección de Tránsito del Estado y regular, entre otros temas, la operación de las empresas que brindan servicio de arrastre.
El 17 de agosto del 2022, en un foro con integrantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y la Asociación de Autotransportistas de Veracruz, el entonces secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, anunció que estaba listo el nuevo reglamento para regular el servicio de grúas en la entidad, con lo cual se establecerán condiciones claras en el operar de este tipo de empresas.
“Las nuevas disposiciones jurídicas nos beneficiará a todos, pues se encuentran armonizadas con la Constitución Política, y nos pone a la vanguardia en las leyes”, explicó y dijo que sería la Secretaría de Finanzas será la autoridad para cobrar las multas y mensualmente pagar a las empresas prestadoras del servicio.
Para el 3 de septiembre del 2022, José Antonio Campos Valencia, director de Tránsito del Estado, dijo que en Veracruz operaban al menos 44 empresas de grúas, y que a partir de la publicación del reglamento, serían obligadas a tramitar un permiso cada año, ante la Dirección de Transporte.
El funcionario planteó que las empresas contarían con un periodo de 180 días para regularizarse y tendrían que cumplir, entre otras obligaciones, con un corralón con cámaras de vigilancia, espacio de al menos 5 mil metros cuadrados, seguridad y expedir facturas.
Adelantó que el cobro por el costo del arrastre ingresaría a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y que las empresas encargadas de prestar el servicio deberían registrarse en el padrón de proveedores de la dependencia estatal.
El 8 de febrero del 2023, el gobernador retomó el tema en su conferencia de prensa y anunció que en marzo de ese mismo año se "echaría" a andar el programa piloto para el cobro de infracciones viales a través de aparatos electrónicos en el lugar donde se cometía la infracción.
Para ese mismo mes, dijo, buscaban tener listas las modificaciones al reglamento de Tránsito en Veracruz que tenía como objetivo frenar el cobro excesivo de los servicios de grúas, así como de infracciones viales.
“Estamos en la cuarta revisión del reglamento y de la Ley de Tránsito para que abarque esto, estamos detenidos en el cobro de las infracciones en el lugar donde sucedieron con un aparato electrónico. Vamos a hacer en marzo el programa piloto (…) queremos que también tome el dato de las grúas, de los corralones, para que no quede a criterio de ellos, de los dueños de las grúas y los corralones, cuánto tienen que cobrar, sino que esté establecido”, dijo en palacio de gobierno.
El 28 de febrero del 2023, el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) José Luis Lima Franco explicó que un banco había proporcionado las primeras tabletas de uso rudo, para el cobro de las multas.
Y si el programa piloto, que iniciaría en marzo, daba buenos resultados el Estado estaría obligado a comprar el resto de los equipos para dotar de una terminal a los elementos de tránsito.
“La intención es que sean cerca de 100, el objetivo es que no le cuesta al Estado, y con los esquemas se pueda tener un acuerdo con los bancos”.
Pasaron nueve meses, para que el tema se retomara, el 16 de noviembre del 2023, García Jiménez ya no solo planteó la entrada en vigor de un reglamento, explicó que enviaría una iniciativa al Congreso de Veracruz para modificar la ley de tránsito.
“Ya iniciamos las pruebas. Estamos haciendo las pruebas de los equipos, del personal que ya capacitamos, haciendo los últimos ajustes para evitar que, si alguien comete una infracción de tránsito y encima de la infracción luego le enciman el arrastre por grúa”, dijo.
Cuitláhuac García Jiménez dijo que de ese modo se reduciría el el uso de grúas, pues los ciudadanos podrán decidir pagar al momento de ser infraccionados por los elementos de Tránsito Estatal, y asi ya no se tendría que llevar la unidad al corralón. El programa piloto se anunció para Xalapa, Banderilla y Emiliano Zapata.
El 8 de enero del 2024, el tema de las grúas retomó relevancia cuando en una conferencia, el mandatario reveló una empresa que operan en el municipio de Córdoba estarían relacionadas con la delincuencia organizada. Detrás de estas grúas estaría Juan Miguel "N", alias "El Momo", presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Recordó que, respecto a los abusos en Córdoba, se está llevando a cabo una investigación que ha llevado a la empresa a cambiar de nombre. «Es una actividad ilegal y tomaremos medidas en su contra». Además, en ese momento, anunció que se han decomisado dos grúas y se continúa recabando información para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
El 16 de julio de 2024, García Jiménez acusó que había enviado una iniciativa al Congreso de Veracruz, que buscaba regular las grúas, sin embargo, los diputados locales no le habían dado trámite, por lo que decidió retirarla y enviar una nueva propuesta con algunas adecuaciones.
“Con respecto a la ley la envié hace meses al Congreso, nada más que se tardaron y la retiré porque no quiero que se quede ahí estancada. La voy a reenviar y le haré tres correcciones para que sea diferente”, dijo en conferencia de prensa.
¿Qué piden los empresarios?
Carlos Luna Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco Servytur) Xalapa planteó que, desde hace dos años, cuando se ofreció el regular los servicios los empresarios celebraron el anuncio.
Y hoy solo piden al Estado, cumplir con la obligación de regularizar el uso de la grúas y establecer precios justos para el costo del arrastre de los vehículos, “se tiene que reglamentar y frenar el abuso que ha sufrido la ciudadanía”.
El empresario externo que los abusos de las grúas no serían posibles si no existe contubernio con autoridades del Estado, que solapan, incluso, se hacen acompañar de las grúas en sus recorridos por la ciudad, solo esperando que alguna unidad cometa una infracción o se estacione en lugares prohibidos.
“No se trata de otras circunstancias que la famosa frase de: voluntad politica, cuando realmente se quieren hacer las cosas, el gobierno tiene el poder transformar de manera positiva todo lo que el ciudadano vive de manera recurrente. La realidad no se ha querido hacer, desconozco los motivos o razones.
“Sin embargo, los que al final sufren es la ciudadanía. Y yo creo que ya quedaron desfasados los dichos, los de antes me lo dejaron así, ya tuvieron seis años para hacer las cosas, quedaron a deber mucho”.
Confió que la próxima Cámara, que entra en funciones en noviembre de este año, deberá atender el tema de la regulación de las grúas como una prioridad, “hay muchas cosas que se han dejado intocadas, pero las grúas es una prioridad dado que toca el bolsillo de los ciudadanos”.
Fernando Arana Watty, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano, recordó que existía un compromiso del Ejecutivo, de poder regular el servicio de las grúas, ante la queja de las ciudadanas.
Pues su actuar, dijo, podría interpretarse como que se extralimitan en sus funciones, sumado a que el costo del arrastre y corralón es excesivo, y no existe legalidad en el cobro de tarifas, pues ni siquiera expiden facturas, lo que hace dudar que el Estado recibe el pago de impuestos.
“Vemos que las multas tienen un costo relativamente adecuado, pro cuando vemos lo que cobran por el arrastre y el tiempo del corralón es demasiado disparado con el costo de la multa. La forma en que se cobra, no hay legalidad, no se dan factura para que se pueda deducir el pago.
“Al quedarnos a deber el gobernador, por que el reglamento no dio tiempo de sacarlo, la realidad es que (remitirlo al Congreso) es volver a empezar los trámites y cada día que pasa persisten las quejas”.
El empresario planteó que el tema de la regulación no se presume “complicado”, incluso, pidió conocer la primera propuesta que García Jiménez envió al Congreso y que él mismo anunció que había retirado, por la desatención de los legisladores.
vtr