XALAPA, VER.- Por tres administraciones estatales –encabezadas por PRI, PAN y Morena- la Universidad Veracruzana (UV) ha exigido se le garantice “autonomía financiera”, es decir, que el Estado asigne un porcentaje de sus ingresos totales para la educación superior. Por 7 años (2016-2023) la petición no ha logrado los resultados esperados.
Desde el año 2016, en el ocaso del gobierno del priista Javier Duarte, la UV pidió garantizar un presupuesto suficiente para atender la demanda educativa y elevar la calidad de sus programas y planes de estudio. En ese entonces, se modificó el artículo 10 de la Constitución, para establecer cómo les asignarían su presupuesto.
El planteamiento de la exrectora Sara Ladrón de Guevara, en el periodo 2013-2021 -tras ser reelecta-, pasó por el filtro del panista Miguel Angel Yunes Linares (2016-2018) que validó darle más dinero a la UV, aunque también puso un candado, pues el aumento sería gradual y se consolidaría hasta el 2023.
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Este lunes 25 de septiembre, al rector Martín Aguilar Sánchez y la comunidad universitaria, iniciaron la campaña UV con Sentido Social #Porel4porciento, con la idea de pedir al Congreso de Veracruz y al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez garantizar mil 200 millones de pesos extras en el proyecto de gasto para el 2024.
La exigencia de la comunidad universitaria se dio por acuerdo del Consejo General de la UV, que anunció un mes de conferencias, eventos y actividades culturales para recordar la aportación de la máxima casa de estudios al desarrollo de Veracruz.
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Académicos han criticado que el rector Martín Aguilar no ha demandado con exigencia que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez les den el dinero que les corresponde, no obstante, el representante de la comunidad universitaria aseguró que no todo se resuelven con “marchas” y “manifestaciones”, por lo que ahora le apuestan al diálogo.
En respuesta a esa última propuesta, el titular de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco -responsable de presentar el proyecto de presupuesto que deben aprobar los diputados del Congreso de Veracruz- calificó como válida la exigencia de la máxima casa de estudios, sin embargo, planteó que no tiene sustento, pues ellos han cumplido con la obligación de ley.
Comienza la lucha por la “autonomía” presupuestal
En febrero del 2016, el último año de la administración de Javier Duarte (2010-2016), anunció que enviaría una propuesta al Congreso de Veracruz -el último con mayoría priista- para garantizar dar a la UV el 3 por ciento de los ingresos totales del Estado.
El anuncio se dio en medio de la denuncia de la retención del presupuesto para educación superior. El gobierno no entregó el subsidio que se había etiquetado para la UV desde el año 2013 y dejó de pagar a Hacienda las retenciones de impuestos, lo que generó un pasivo de 2 mil 336 millones de pesos.
En ese momento, la rectora Sara Ladrón de Guevara encabezó manifestaciones para pedir al gobierno del expriista Javier Duarte, hoy preso por delitos de corrupción, pagar los adeudos. En respuesta, el entonces secretario de finanzas, Antonio Gómez Pelegrín aseguró que la UV debía más de 3 mil 400 millones de pesos por el pago al IPE y el impuesto a la nómina.
Para deslindar responsabilidades la UV presentó dos denuncias penales. Una por no cubrir el pago de subsidios por 2 mil 76 millones de pesos, dinero pendiente desde el 2013. Y la otra fue una demanda de amparo contra la Ley de Egresos del Estado, que reducía el subsidio de la institución respecto de 2015, en 249 millones 844 mil 705 pesos al año.
En medio de la polémica y los dimes y diretes, el gobernador priista anunció que enviaría una propuesta para garantizar la autonomía financiera de la UV.
“Así respondemos a la justa demanda de la rectora, Sara Ladrón de Guevara González, quien en representación de los intereses de la comunidad universitaria ha encauzado un decidido posicionamiento en favor de la Universidad, a fin de darle certidumbre y un mejor rumbo”, dijo en palacio de gobierno en febrero del 2016.
Economista alerta de “trampa” en anuncio oficial
Tras el anuncio oficial, el economista de la UV, Hilario Barcelata, consideró que la iniciativa era una trampa, solo para tratar de calmar a la comunidad que había salido a las calles a exigir el pago de los adeudos.
En ese momento, en 2016, el monto que le entregaba el Estado a la UV representaba el 2.3% del total del presupuesto del gobierno. El ofrecimiento del incremento solo implicaba un 0.7% adicional, que en recursos equivalía a 663 millones de pesos.
“Ese incremento apenas alcanza para recuperar los 249.8 millones en que se redujo el presupuesto de la UV este año (2016), y para pagar los 400 mdp de las pensiones que ahora tiene la universidad la obligación de pagar debido a la reforma a la ley del IPE. Estas dos cantidades suman un total de 650 mdp, por lo que el incremento real del presupuesto con esta propuesta sería de apenas 13 mdp. Es decir, nada”, declaró a los medios.
El economista planteó que para atender las necesidades de la máxima casa de estudios eran necesario etiquetar el 5 por ciento de los ingresos del Estado, lo que garantizaría a la UV 2 mil millones de pesos adicionales para el año 2017.
En ese entonces, como ahora, el Consejo Universitario General de la UV, acordó una marcha multitudinaria en la que exigieron el 5% del presupuesto estatal y que el gobierno se pusiera al corriente con el pago de 2 mil millones de pesos.
En abril del 2016, se informó que el Colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana (UV) y académicos entregaron en la oficina del gobernador priista Javier Duarte más de 60 mil firmas de estudiantes, exalumnos, investigadores y de la sociedad civil en general que le pedían pagar adeudos a la máxima casa de estudios.
Congreso priista aprueba reforma a favor de la UV en primera vuelta
Para el 26 de junio del 2016, ya al cierre del periodo de la 63 legislatura se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado. Se modificó la propuesta inicial y se estableció que, en lugar del 3 por ciento, se garantizaría el 4 por ciento del presupuesto general del Estado.
Sin embargo, la carga financiera aplicaría para el siguiente ejercicio fiscal, es decir, se heredaría a la siguiente administración, que encabezó Miguel Angel Yunes Linares, gobernador del 2016 al 2018.
Yunes Linares también lo respalda, pero pone candados
Al tratarse de una reforma constitucional, era necesario el que la modificación se votara en dos periodos ordinarios consecutivos. Sin embargo, para noviembre del 2016 se dio el cambio e inició el primer periodo de la 64 Legislatura -la primera con mayoría panista- que dilató un año -junio del 2017- para ratificar la reforma al artículo 10 de la Constitución. Y se debía recibir el aval de la mitad de los Ayuntamientos más uno, por lo que cobró vigencia constitucional el 13 de noviembre del 2017.
“El presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana no podrá ser menor al cuatro por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la legislación aplicable y, en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior” dice el párrafo que se agregó.
El dictamen aprobado establecía que, para cumplir con el incremento, para el 2018 se le fijaría un presupuesto del 3 por ciento del total del presupuesto general del estado, a partir del cual se incrementaría gradualmente de forma anual hasta llegar al 4 por ciento para el ejercicio 2023.
Nuevamente, el gobernante en turno dejó la responsabilidad a un nuevo gobierno, ahora de Morena, que también incumplió con la obligación.
Cuitláhuac “reinterpreta” la reforma
La administración de Cuitláhuac García Jiménez, académico de la UV, determinó modificar la ley. Se cambió el concepto “presupuesto general del Estado”, por: “recursos de libre disposición” lo que disminuye significativamente el total, en base al que se debería calcular el dinero para la UV, el Poder Judicial y la Fiscalía, que tienen derecho a un porcentaje fijo de los ingresos del Estado.
Este 2023, se calcularon ingresos por 148 mil 474 millones 622 mil pesos. De ese total, los recursos de libre disposición corresponden a poco más de 55 mil 125 millones, el resto- el 67 por ciento de los ingresos- ya tiene un fin en su gasto.
Para este 2023, la UV pedía 8 mil 800 millones de pesos. No obstante, se presupuestaron 5 mil 844 millones de pesos; integrándose por 3 mil 64 millones de pesos de Subsidio Estatal Ordinario y 2 mil 780 millones de pesos de Recursos Federales.
En un evento en Poza Rica, en noviembre del 2022, el rector Martín Aguilar aclaró que el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional establecía que les correspondía el 4 por ciento del total de los ingresos del Estado y no solo del dinero de libre disposición.
“Solamente quiero plantear que en la Constitución hay un elemento que está un poco a debate, en una reforma al 2020, se planteaba que los entes autónomos tendrían el 4 por ciento de los recursos de libre disposición.
“Sin embargo, hay un transitorio sobre la UV, donde se dice que el 4 por ciento es a partir del presupuesto general del gobierno estatal. En base a eso hicimos este procedimiento y lo estamos haciendo de manera respetuosa e institucional”, dijo, no obstante, se conformaron con los 5 mil millones que les asignaron.
CGU determina acciones para obtener su 4 por ciento
El 28 de agosto en el Consejo Universitario General Extraordinario, consejeros universitarios aprobaron la realización de un plan de acción para lograr su presupuesto. Por un lado, se planteó ratificar el diálogo y las negociaciones con el Gobierno del Estado de Veracruz de obtener su 4 por ciento.
Además, una campaña pública de sensibilización, dirigida a la sociedad en general y centrada en la comunidad universitaria. Mostrando los resultados del trabajo del quehacer institucional de la máxima casa de estudios. La campaña UV con sentido social, #PorElcuatroPorciento, inició la tarde de este 25 de septiembre del 2023.
No le salen las cuentas a la UV
El rector Martín Aguilar Sánchez planteó que la secretaría de finanzas tendría pendiente el pago de al menos el 40 por ciento de lo que les correspondería por el 4 por ciento de los ingresos totales del Estado.
“Nos debe una parte del 4 por ciento, aproximadamente un 40 por ciento, del global, serían mil millones de pesos (…) nosotros pensamos que en 2024 el Estado tendría la disponibilidad de darnos el 4 por ciento, que implica mil 200 millones más”.
El académico dice que van a esperar a ver cuál es el resultado de su campaña, para determinar nuevas acciones con miras a la aprobación del proyecto de presupuesto, “entendemos las necesidades del estado, pero lo que nosotros necesitamos es apoyarnos con los recursos para atender la ampliación de la matrícula, reforzar la investigación y apoyar a estudiantes vulnerables”.
Martín Aguilar aseguró que como la situación de la UV no es como en 2016 y 2017 no es necesario ser más radicales en la exigencia, no obstante, señaló que hay un mandato constitucional que los diputados locales y la Sefiplan deben atender.
“Nunca hemos sido omisos, el año pasado solicitamos ante Finanzas, ante el Congreso, ante el Gobierno del Estado, No nos quedamos callados, lo que pasa es que no todo se arregla con marchas y manifestaciones”.
La campaña va a durar un mes y aclaró que en este momento el tema no se va a vincular a cuestiones electorales. El 7 de octubre, dijo, van a entregar su propuesta de presupuesto a la Sefiplan y verán si hay la disposición para dar el 4 por ciento que marca la ley.
Sefiplan asegura que ha cumplido con la ley
El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, afirma que el Gobierno del Estado ha entregado 4% de los recursos provenientes del Presupuesto General del Estado, entendido como: el total de los ingresos de libre disposición.
“El monto que toma de base la UV es impreciso porque no se puede tomar de base todos los ingresos del Estado. Ahí van los recursos de los municipios, recursos etiquetados para salud, educación, seguridad. Por lo tanto, desde el 2019 se precisó en la Constitución que la base para presupuestar a los órganos autónomos, como la UV, sería de los Ingresos de libre disposición”.
Recordó que la actual administración ha fortalecido a la UV y se liquidó un adeudo histórico de Duarte de más de 3 mil 300 millones de pesos.
“Entendemos que es una petición legítima querer más presupuesto y por parte del gobierno del estado se está buscando seguir fortaleciendo a la UV con más presupuesto; seguimos dialogando siempre y cuando sea sobre una base racional” dijo el funcionario.
mb