XALAPA, VER.- En 2022, los 212 municipios de Veracruz gastaron 26 mil 616 millones de pesos y en estos momentos el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) están “revisando” si verdaderamente la inversión del recurso se dio en obras y en acciones a favor de los veracruzanos.
El trabajo de revisión del dinero presupuestado desde la federación para los alcaldes de todos los partidos políticos lo pueden realizar la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) o el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). En este momento dicha tarea se debate en medios.
El 10 de julio de 2023, funcionarios de la ASF visitaron el estado de Veracruz para anunciar auditorías a 55 municipios, y lanzaron la advertencia de que ellos deben inspeccionar cómo se gasta el recurso federal que se entrega a los municipios. En respuesta, la auditora general, Delia González Cobos, no descartó acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a dirimir la competencia de revisión entre los dos órganos.
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Mientras la disputa mediática persiste, el economista Hilario Barcelata Chávez y el politólogo Juan Shuster Fonseca opinan que es necesario que las autoridades no pierdan de vista la importancia de transparentar el manejo del gasto de los recursos tanto federales como estatales.
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Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llegó al poder con el discurso del combate a la corrupción, sin embargo, para los especialistas consultados, la disputa por fiscalizar los fondos evidencia una intención de “proteger” a sus alcaldes y fomentar la opacidad que desde la presidencia se promueve al ocultar contratos millonarios y desmantelar al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Los entrevistados, recordaron que persiste la queja que a nivel local el Orfis se ha usado para coaccionar a alcaldes en épocas electorales, y el año 2024, se votará por 30 diputados locales y 20 de representación proporcional, gobernador, así como presidente, 19 diputaciones federales y 3 senadurías.
Los 212 municipios de Veracruz, como el estado, tienen dependencia de los recursos que envía la federación. A los Ayuntamientos les transfieren recursos de al menos 7 fondos. Algunos vienen etiquetados como el Fondo General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
En 2021 ya había polémica; Jesús Guzmán Avilés, exalcalde de Tantoyuca emanado del PAN, denunció a funcionarios del Orfis por una multa que le fue impuesta. Los diputados determinaron no aprobar la Cuenta Pública del 2021 con el argumento de que el Orfis no respetó la garantía de audiencia de los entes, al no tomar en cuenta documentación que solventaba el pliego de peticiones; lo anterior, porque las nuevas autoridades no apoyaron a los exalcaldes.
Desde esa fecha, en la comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz se pidió a la auditora Delia González Cobos explicar si había un convenio de coordinación con la federación para revisar el gasto de los recursos federales, pues consideraban que se estaba extralimitando en sus funciones.
En la auditoría del Orfis de la Cuenta Publica del 2021 el municipio de Tantoyuca contabilizó 180 observaciones por el manejo financiero de 252 millones 502 mil pesos. El panista, hermano del exdirigente de Acción Nacional, no entregó información al órgano local porque estaban solventando ante la ASF.
El alcalde de Tantoyuca del periodo 2017-2021, Jesús Guzmán Avilés, se inconformó por el resultado de la Cuenta Pública 2021, debido al monto observado, y recurrió a una autoridad jurisdiccional, además, denunció a funcionarios del Orfis por “excederse en sus atribuciones”, confirma la auditora, Delia González Cobos.
“Hay un procedimiento legal, está en curso, todavía no se define, pero hay un juicio. Se va contra del resultado (de la revisión del gasto), pero señala esa parte que hay incompetencia (del Orfis) porque le impusimos una sanción económica, porque no hubo cumplimiento de la entrega de documentación”.
En 2021 se obligó al cambio de presidente de la Comisión de Vigilancia. Rafael Fararoni Magaña suplió a Luis Arturo Santiago Martínez en medio de acusaciones que se estaban cobrando “moches” para “limpiar” las Cuentas Públicas. Y tras una segunda revisión se aprobó el informe de resultados el 23 de enero del 2023; el daño patrimonial fue de 3 mil millones de pesos.
Auditor de ASF revive polémica por competencia del Orfis
El secretario técnico de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Ortiz Calzada, visitó la capital del estado el 10 de julio del 2023.
En un evento ante alcaldes, en el Congreso de Veracruz, el funcionario federal aclaró que desde el año 2021 se determinó que se daban por concluidos los acuerdos de colaboración con los órganos estatales encargados de auditar el manejo de los recursos públicos.
“La postura oficial respecto a las auditorías que realizan los entes estatales, respecto a los recursos federales es muy clara, no tienen atribuciones, es una postura proveniente de la Constitución en su artículo 79 que establece que únicamente la ASF puede revisar los recursos que se le entregan a los estados y municipios”, dijo ante los alcaldes.
En entrevista en el Congreso de Veracruz, reconoció que en el pasado los órganos locales hacían revisiones que no apoyaban al trabajo de fiscalización de la Auditoría Federal: “cada uno auditaba como quería, cuando quería y en los tiempos que querían y, para nosotros, era sumamente complicado”.
Y abundó: “En este momento el Orfis no puede realizar ninguna revisión, de hacerlo, estaría incurriendo en un exceso de atribuciones”, dijo y comentó que eso podría ser denunciado ante autoridades judiciales.
Orfis recurriría a la SCJN para delimitar competencia
La auditora general del Estado, Delia González Cobos, expuso que han planteado a funcionarios de la ASF que la ley les da las atribuciones para revisar el manejo de los recursos públicos, incluso, -los federales- que gastan los 212 municipios.
“La Constitución es muy clara, cuando nos dicen no puede revisar los fondos federales, nosotros decimos, revisamos la Cuenta Pública; no podemos dejar de hacerlo es una obligación constitucional y legal, entonces, se está cumpliendo con la competencia que nos otorga la propia ley”.
La postura de los funcionarios federales, plantea la auditora, no tiene un sustento jurídico, se está dando una interpretación un tanto “equivocada” de la ley, pues la Constitución detalla que deben fiscalizar el recurso de manera directa, pero no exclusiva.
“El artículo 79 -fracción primera- de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas federal dice que la Auditoría Superior va a revisar y ejercer su función de fiscalización del gasto, independientemente, de las atribuciones que tienen otras autoridades”.
En medio de la polémica por el trabajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha demeritado su función y organizado protestas en contra del organismo autónomo, Delia González dijo que los ministros son los responsables de dirimir las diferencias entre la ASF y el Orfis.
“Tendríamos que ir a la Corte, aunque ya hay precedentes. El Tribunal Colegiados se ha manifestado en ese sentido, y dijo que, si bien hay un señalamiento de la atribución directa de la ASF, se ha manifestado que los entes locales tienen atribuciones de hacer la revisión, en base al artículo 116 de la Constitución”.
Para evitar duplicar funciones, la auditora, comenta que han aplicado el criterio de no revisar lo que ya auditó la ASF y enfocarse en el gasto de otros recursos, “si hemos tomado previsiones”.
La ley es clara sobre las atribuciones de la ASF y el Orfis: Economista
Hilario Barcelata Chávez, economista e investigador de la Universidad Veracruzana (UV), explicó que la ley es clara al señalar que el dinero que la federación pone en manos de los Ayuntamientos son: las participaciones, que son de libre disposición; o las aportaciones federales, que están etiquetados para acciones en favor de la pobreza.
Los recursos que entran por concepto de participaciones federales adquieren la calidad de recursos propios, porque derivan del pacto fiscal en donde los municipios ceden su potestad tributaria para que cobre la federación, y luego, les regresan el dinero. Pierde su calidad de federal y puede ser fiscalizado por el Orfis, explica.
En el caso de las aportaciones federales, forman parte del presupuesto de egresos de la federación y, por acuerdo con la tesorería, los transfiere a los estados y municipios para que los gasten en acciones directas, están etiquetados, y no pierden la naturaleza de recurso federal. Es por eso qué deben ser fiscalizados por la ASF, detalla el académico de la UV.
La federación, explica el economista, hacia convenios con las entidades, a través de sus órganos locales, para darles la “potestad” de revisar el gasto “a su nombre”, pero, al parecer la revisión era con tintes políticos, Orfis era juez y parte, y la ASF decidió cancelar los acuerdos.
“A mi me parece que la controversia no tiene fundamento, porque está claro cuál es la facultad de cada quién. Lo dicho por la auditora, me parece que trata de ser una justificación para entrarle a recursos que no les corresponden. Y si lo hacen están cometiendo una falta administrativa, no creo que sea procedente una controversia”.
Barcelata Chávez considera que el limitar el margen de fiscalización del Orfis va en detrimento para saber cómo se gasta el dinero, pues la ASF solo presupuestó auditorías para 55 de los 212 municipios, “me parece que si el órgano local tiene esa capacidad (de revisión) deberían cederle las atribuciones”.
Es probable que por falta de “confianza” ante las denuncias de coacción a alcaldes y municipios la ASF decidió retomar el control de la revisión del gasto público, “es fácil imaginar que puede haber acuerdos y complicidades entre autoridades del estado, lo que resulta más difícil con autoridades federales, me parece que por ahí va la situación”.
Como solución a la controversia, el catedrático de la UV explica que la opción es volver a dar las atribuciones al Orfis y tener mayor vigilancia de su trabajo; o, que desde el Congreso de la Unión le den más recursos a la ASF para ampliar al personal y poder tener la revisión al 100 por ciento en las entidades federales y municipios.
ASF quiere proteger a alcaldes de Morena: Politólogo
Juan Shuster Fonseca, politólogo y académico de la UV, comenta que el debate que se inició de parte de funcionarios de la ASF se debe tomar en el contexto de que, desde La Mañanera se promueve un discurso para desaparecer órganos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
Incluso, persiste la práctica de reservar contratos o asignarlos por adjudicación, cuando se debería licitar, con el pretexto que es por seguridad nacional; no se permite a los ciudadanos conocer cómo se gasta el dinero a nivel federal, menos, en los municipios.
El especialista considera que restarles atribuciones a los órganos estatales es para evitar que en un futuro próximo se pueda ayudar o perjudicar a los Ayuntamientos gobernados por Morena, “esta discusión me parece bizantina; los órganos fiscalizadores gozan de autonomía”.
El querer limitar el trabajo de los órganos de fiscalización, como el Orfis, solo fomenta la opacidad, ante la postura oficial de resguardar la información, “hágase la ley en los bueyes de mi compadre”.
Y por el contrario, se usa información de adversarios políticos -violando la confidencialidad- para desacreditarlos, tal como ocurrió con el caso de Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, de quien se difundieron datos reservados de contratos, mientras el gobierno se “guarda” datos importantes del manejo del dinero público.
El Orfis, dice, tiene el derecho y facultades que debe ejercer “pésele a quien le pese”, por lo que no tiene sentido el debatir si debe hacer una revisión a fondo de los recursos federales.
En la antesala de un proceso electoral, comenta el politólogo, ya se usan todos los medios del Estado, como la Fiscalía General que, de manera burda, funciona para amedrentar a los enemigos políticos.
En este momento, el SAT está reviviendo créditos fiscales que ya vencieron para apretar a la gente que no comulga con la ideología de Morena o los quieren “doblar” para que apoyen a sus candidatos, denuncia el académico.
“Hay que decirlo, el ORFIS y la ASF pueden hacer su función (de fiscalización), porque tiene auditores profesionales, pero, una vez que se determinan la responsabilidad queda a manos del Congreso de Veracruz y de la Fiscalía, imponer las sanciones. Ellos actúan de manera política”.
mb