XALAPA, VER.- La invalidez de la Ley General de Comunicación Social de parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá un efecto en las campañas anticipadas de figuras políticas y funcionarios de Veracruz que buscan un nuevo cargo para el año 2024.
El pasado lunes 8 de mayo, 9 de 11 ministros de la Corte invalidaron la primera parte del Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador que modificaba la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los “cambios” que votaron la mayoría de los diputados federales daba paso a la promoción personalizada de funcionarios en cargos públicos o puestos de elección popular, incluso, hacer públicas sus aspiraciones a un nuevo cargo con el argumento que hacían valer su derecho a la libre expresión.
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El académico de la Universidad Veracruzana, Juan Schuster Fonseca, y el vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz (INE), Josué Martinez Cervantes, coincidieron en que, con la invalidez de las reformas a las dos leyes, se acota la posibilidad de que las “corcholatas” presidenciales y locales se puedan promover con recursos públicos.
El uso de recursos públicos en la promoción personalizada de actores políticos locales o federales, de comprobarse, implica el inicio de procesos administrativos, dijo el representante del INE, Josué Martinez Cervantes.
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Sin embargo, el académico Juan Schuster Fonseca destaca que el uso de recursos públicos federales, estatales o municipales, podría llevar a la invalidez de la candidatura de una corcholata o cancelar el resultado de una elección.
En Veracruz hay varios funcionarios públicos como el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, el de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, el de Educación, Zenyazen Escobar García; la del Trabajo, Dorheny García Cayetano; o el de Turismo, Iván Martínez Olvera, que usan sus redes para promocionar libros, la llegada de equipos deportivos, la legalización de terrenos escolares, ferias del empleo y eventos turísticos en los que promueven su nombre e imagen.
También hay figuras del gobierno federal que han hecho públicas sus aspiraciones a la gubernatura y se mueven en redes sociales, tal es el caso del delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; el diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna; a la secretaria de Energía, Rocío Nahle la han destapado en más de una ocasión y aunque ella no ha confirmado su aspiración a la gubernatura, siempre promueve sus visitas a Veracruz.
Los contrasentidos de la ley propuesta por AMLO y la Constitución
En la actualidad, el artículo 134 de la Constitución federal, en sus fracciones 7 y 8, es claro en los límites en el manejo de los recursos públicos en la propaganda gubernamental, que debe ser de modo institucional, sin promover siglas partidistas o la imagen de funcionarios públicos.
“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, dice la Constitución.
Que agrega: “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
La nueva ley, que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso Federal y que se publicó en el Diario Oficial del 12 de diciembre del 2022, invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes 8 de mayo del 2023, redefinía el concepto de propaganda y daba mayor margen a los funcionarios a promoverse.
Precisaba que la propaganda gubernamental como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas con cargo al presupuesto público con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados o información de acciones de la ciudadanía para ejercer derechos, obligaciones o acceder a beneficios, bienes o servicios públicos, a través de cualquier medio de comunicación.
Y establecía que “no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”. Es decir, podrían enunciar sus aspiraciones a un nuevo cargo, en eventos políticos o públicos, haciendo valer su derecho a expresarse.
La nueva ley limita a corcholatas locales y nacionales
El politólogo Juan Schuster Fonseca plantea que la invalidez de la Ley General de Comunicación Social pondrá un freno a la promoción personalizada de las corcholatas presidenciales y las locales, que se promueven a través de espectaculares, lonas y redes sociales.
Explica que todo lo que se ha permitido en los últimos meses, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador destapó a las corcholatas presidenciales (16 de julio del 2021), se ha dado al margen de la ley, y la gente lo sabe.
“Cualquier persona que ve un espectacular se da cuenta que hay una promoción al margen de la ley, porque no son tiempos electorales y además se hacen con recursos públicos. Hay ahí una serie de elementos que son violatorios en flagrancia de la Constitución, porque esas disposiciones siguen vigentes, que es la prohibición de que los funcionarios usen recursos para promoverse”.
Para Schuster Fonseca es un secreto a voces que desde el gobierno se obliga a las marchas, a apoyar a las corcholatas presidenciales, sin embargo, expone, todas esas acciones pueden llevar a la anulación de la candidatura en 2024, además, podría anularse la votación y el resultado de la elección.
El académico considera que los partidos deben estar acreditando todos los delitos electorales para hacerlos valer al momento del registro de la candidatura, “cuando ves a tu adversario cometer errores, no lo distraigas”.
INE pide campañas institucionales y con fines informativos
Josué Cervantes Martínez, vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) comentó que con la invalidez de las reformas que se hicieron en el Congreso Federal se retomará la ley general que entró en vigor el 11 de mayo del 2018.
En entrevista con La Silla Rota, el funcionario recuerda que, si bien la ley se invalidó por el proceso legislativo que se siguió para su aprobación, si se contraponía a la Constitución Política, tema que no se analizó de fondo.
Por lo anterior, confirma, que a partir de la notificación de la Suprema Corte al Congreso Federal sobre la invalidez entrará en vigor, nuevamente, la ley que se promovió en el 2018, en el periodo de Enrique Peña Nieto, y eso limitará la promoción de los funcionarios públicos que aspiren a un nuevo cargo.
Ahora, plantea, jamás se podrá promover la imagen personalizada de los funcionarios, la propaganda gubernamental se deberá limitar a dar a conocer los servicios que brinda la instituciones o entes de gobierno, las acciones de gobierno y las políticas públicas.
“Pero, no debe tener nombres, imágenes, voces, ni cualquier forma que identifique a un servidor público con la propaganda, porque la publicidad es del gobierno de los servicios que presta. La anterior ley (la invalidada) permitía que se pudieran hacer algunas manifestaciones”, platica en entrevista.
El funcionario electoral federal explica que para poder proceder contra algún funcionario que use recursos públicos, tendrá que presentarse una queja ante el INE, en el caso de que el aspirante busque competir en las elecciones federales, o ante el OPLE, si la elección es local.
Cuando el INE logra acreditar que alguien destina recursos públicos para promoverse, debe notificar al jefe superior jerárquico del funcionario y la dependencia debe iniciar con un proceso administrativo al interior del ente o dependencia, para ver si le fincan alguna responsabilidad.
El funcionario federal evita confirmar si con la invalidez de la ley se darán denuncias o quejas en cascada contra aspirantes a cargos de elección o representación popular que han “expresado” su intención de competir en la elección del 2024.
Sin embargo, planea que lo que dicta la Constitución -en su artículo 134- es muy claro y acota que no se puede usar dinero público de las dependencias para promover la imagen o aspiraciones de ningún funcionario.
mb