XALAPA, VER.- Tres meses después de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, entregara un reconocimiento a magistrados y magistradas por adherirse al plan de austeridad, la presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, estrenó una camioneta Suburban de importación con valor cercano a los dos millones de pesos.
De acuerdo con una solicitud de información realizada por La Silla Rota Veracruz, el organismo autónomo compró ocho vehículos, entre ellos dos camionetas fabricadas en China, cuyos costos oscilan entre el millón y el millón 800 mil pesos.
El Poder Judicial justificó la compra de los 8 vehículos, con el argumento de que el año pasado fueron dadas de baja del inventario 22 unidades de transporte y traslado del personal, pues estaban en malas condiciones para circular.
Te podría interesar
Sin embargo, la respuesta de la dependencia no justifica el criterio para adquirir vehículos de importación, concretamente una Suburban asignada de la presidenta, con un valor en el mercado de un millón 800 mil pesos. El gasto total por la compra de los ocho vehículos fue de 5 millones 900 mil 300 pesos.
El Poder Judicial de Veracruz padeció un déficit presupuestal en 2021, en la administración de la magistrada Isabel Romero Cruz, que lo llevó a pedir una ampliación a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). En agosto de ese año diputados locales, con mayoría morenista, aprobaron la entrega de 200 millones de pesos adicionales, para cerrar el año.
La petición de la magistrada Isabel Romero Cruz, antecesora de Jiménez Aguirre, planteaba que el Poder Judicial tenía un déficit para el último trimestre del año, que no contaban con dinero para pagar nómina, ni para cumplir con los contratos de Asociación Público-Privada para la construcción de ciudades judiciales, que en la actualidad están canceladas. La funcionaria llegó a declarar que administración no contaba con dinero ni para “los sapos” de las tazas en sus edificios.
La 4T y la austeridad
El 28 de diciembre del 2019 se publicó la Ley de Austeridad de Veracruz que tiene como objetivo regular la aplicación de medidas de austeridad en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control del gasto gubernamental, como política pública en el estado de Veracruz.
La legislación alcanza a todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes del Estado de Veracruz, así como a los organismos públicos, es decir, es aplicable para el Poder Judicial.
ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE NOTICIAS EN WHATSAPP
El 17 de mayo de 2023, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, entregó un reconocimiento a magistrados y magistradas por adherirse al plan de austeridad que implementó desde el 2019.
Los magistrados se adhirieron al plan de austeridad republicana, con la reducción del 10 por ciento de sus salarios y la renuncia a sus bonos, lo que permitió un ahorro de 17 millones de pesos.
“Hoy Veracruz pone el ejemplo a nivel nacional porque la mayoría de magistrados y consejeros han decidido sumarse a esta política que elimina privilegios históricos, en un llamado a sus homólogos para hacer conciencia social de sus deberes”, expresó García Jiménez en un evento en Palacio de Gobierno.
Sin embargo, la austeridad no se aplicó en la renovación del parque vehicular. El artículo seis de la ley local dice que los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. Y acota que los vehículos oficiales que se adquieran serán económicos y preferentemente que generen menos daños ambientales.
El detalle de la compra
El 10 de febrero del 2023, el Poder Judicial compró una camioneta Durango GT Plus 2022 con un costo en el mercado de 878 mil 448 pesos que, con impuestos, llevó al pago de un millón 19 mil pesos.
La camioneta blanca brillante es de la marca Dodge; la compra se hizo en la agencia Sábalo de la avenida Lázaro Cárdenas en Xalapa. La unidad se fabrica en Estados Unidos, según consta en la misma factura que detalla que la petición de compra se hizo desde diciembre del 2022.
Esa unidad, según información del propio Poder Judicial, se adjudicó al área de Presidencia del Poder Judicial, a cargo de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
Para el 20 de febrero del 2023, el Poder Judicial compró una nueva unidad una Dodge Journey GT 2023, con un costo de 602 mil 500 pesos; que con impuestos se elevó a 698 mil 900 pesos. La unidad se vendió en la misma agencia Sábalo de Xalapa, incluso la compraventa la formalizó el mismo vendedor.
Dicha unidad color plata se fabrica en China, por lo que se tardó dos meses en llegar y en ser entregada al Poder Judicial. Esta unidad se asignó a la dirección general de Administración del PJEV.
Ya para el mes de marzo, el día 31, la misma agencia entregó una nueva unidad. Se trata de una camioneta RAM 4000, modelo 2023. El vehículo blanco se fabricó en México y su costo es de 707 mil 672 pesos, que ya con impuesto se cotizó en 829 mil 900 pesos. Esa camioneta se entregó al área de Servicios Generales del Poder Judicial.
Para el 6 de julio del 2023, el Poder Judicial recibió una nueva camioneta Dodge Journey GT 2023, color plata, que se fabricó en China. Ese vehículo se pidió en el mes de febrero y tardó 5 meses para que se entregara al PJEV.
El costo de esa unidad fue de 599 mil 913 pesos que, con el IVA, la factura fue de 695 mil 900 pesos. La compraventa se hizo en la misma agencia en Xalapa y también se asignó a la dirección de Administración del PJEV.
También en febrero del 2023, se pagó de contado 853 mil 200 pesos por la compra de tres coches Aveo, color beige, que se manufacturaron en china. Por cada unidad se pagaron en 284 mil 400 pesos.
Los coches se repartieron uno al área de Presidencia del Poder Judicial, otro más a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior; y el tercero fue para el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz.
El Poder Judicial, que facturó por conceptos de gastos en general compró los tres coches en la agencia Gomsa Automotriz Veracruz, que se encuentra en la avenida Juan Pablo II en el municipio de Boca del Río.
La última compra que hizo el Poder Judicial, a través del área de Administración, fue una Suburban 2023, color negro, que se asignó a la presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez. El vehículo se entregó el 7 de septiembre de este 2023.
El modelo es de importación por lo que la solicitud de compra se hizo desde el mes de mayo de este 2023. El valor de la unidad es de un millón 562 mil pesos que, con IVA, costó al erario un millón 812 mil pesos.
PJEV dio de baja 22 vehículos; solo compró ocho
A través del área de comunicación social, el Poder Judicial respondió a este medio de comunicación lo que motivó la compra de vehículos oficiales, sin embargo, no se explicó por qué la camioneta de la presidenta es una unidad de importación.
En la justificación se informó que. “Derivado de la revista vehicular que se realizó a principios del año 2023 arrojó que, cinco vehículos oficiales fueron dictaminados para baja total y 17 para subasta, es decir, 22 automóviles eran candidatos para no usarse más. Eran modelos con más de 12 años de servicio”.
LEE TAMBIÉN: Este es el perfil de Lisbeth Jiménez, la presidenta del Poder Judicial
Por lo anterior, se tomó la decisión de adquirir nuevos vehículos, para ir sustituyendo de manera paulatina aquellos que se les podría catalogar de inservibles e inseguros.
“Siendo que, a la fecha se han adquirido únicamente ocho unidades. Lo que se hizo bajo la legalidad de los procedimientos, en estricto apego a la norma, para la adquisición de automotores, conforme los procesos licitatorios pertinentes”, explica la postura oficial.
Los gastos millonarios en la compra de vehículos de la 4T
En el primer año de la administración de Morena en Veracruz, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez gastó 245 millones de pesos en la compra de vehículos, patrullas, camionetas y en el acondicionamiento de un helicóptero oficial.
En 2019, las secretarías de Finanzas, Salud, Obras Públicas, Seguridad Pública, Gobierno, Sedesol y Sedarpa compraron 250 unidades, modelo 2019 y 2020. La Secretaría de Protección Civil invirtió siete millones de pesos en equipo para acondicionar un helicóptero oficial. La compra fue en el extranjero y una factura se pagó en dólares.
El primer escándalo de la administración estatal fue la compra de 160 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública. El dos de febrero del 2019, el gobernador entregó las unidades en el municipio de Emiliano Zapata y se informó que se habían gastado 208 millones de pesos.
El senador panista, Julen Rementería del Puerto, exhibió que cada unidad costó un millón 300 mil pesos, (medio millón menos que la camioneta adquirida por la magistrada, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre) por lo que pidió conocer cómo se había dado el proceso de licitación y compra.
La polémica por la compra de las 160 unidades llevó a la Secretaría de Seguridad Pública a reservar los datos, sin embargo, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales (IVAI) a desclasificarlos.
MB