XALAPA, VER. - En la antesala de la elección del 2024, en la que se renovará la gubernatura en Veracruz, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de siete funcionarios del gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).
Los señalamientos en contra los funcionarios del duartismo no son nuevos, pues en el pasado ya se les acusó, incluso, se les iniciaron procesos judiciales y fueron encarcelados, señalados de actos de corrupción.
Según el Informe Semestral para la Cámara de Diputados que entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a marzo del 2023, se han interpuesto un total de 64 denuncias penales, de las cuales 62 corresponden al gobierno de Javier Duarte (2010-2016), de esas 13 son del año 2013.
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La lista de los funcionarios que podrían ser detenidos, según las últimas órdenes que obtuvo la FGR, son: Tomás Ruiz González, titular de finanzas de noviembre del 2010 a marzo del 2013; en su relevo llegó Salvador Manzur (de marzo a mayo del 2013); el tercero en Sefiplan fue Carlos Aguirre, que llegó como interino (de mayo a agosto del 2013); le siguió Fernando Charleston, cerró el 2013, (de agosto del 2013 a julio del 2014).
Además, la FGR anunció que tiene en la mira a personas que se desempeñaron como funcionarios de segundo nivel, como Gabriel Deantes, Subsecretario de Finanzas y quien se encuentra en resguardo domiciliario; José Francisco Díaz Valenzuela, que fue director de Operaciones Financieras de Sefiplan y ya estuvo preso en el penal de Pacho Viejo; y Carolina Estrada Acosta, encargada de la Tesorería estatal, contra quien ya había otras carpetas de investigación.
Las órdenes que consiguió la FGR de un juez, se basan en el resultado de la auditoría del 2013, año en el que se transfirieron mil 78 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); el daño patrimonial fue de 843 millones 650 mil pesos, pero la denuncia se presentó por el total del dinero que no se gastó en asistencia social e infraestructura de educación.
Este medio de comunicación buscó al nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adolfo Ramírez Arana, para conocer su postura respecto de las ordenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del último gobierno priísta, pero no accedió a dar alguna declaración. Sólo se informó que los siete duartistas ya no son militantes del tricolor.
La Silla Rota presenta el historial y los otros delitos que les imputaron a los funcionarios de Javier Duarte que previo al proceso electoral del 2024 -como ocurrió en 2018, cuando Miguel Angel Yunes inició una cacería contra Duartistas- están en el ojo del huracán:
El responsable del incremento de la deuda
1.- Tomas Ruiz González, fue director General de Banca Múltiple en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Procurador Fiscal de la Federación y encargado del Servicio de Administración Tributaria (SAT); y del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y director de la Lotería Nacional.
Durante el gobierno de Javier Duarte fue responsable de reestructurar al menos en dos ocasiones la deuda pública del Estado. Al inicio del gobierno se pasó de un pasivo de 17 mil 400 millones a 26 mil 145 millones de pesos; además, contrató dos créditos a través del mecanismo bono cupón cero que a la fecha se siguen pagando por más de 2 mil millones de pesos.
Antes de la orden de aprehensión que se confirmó el pasado domingo 22 de octubre, a Ruiz González ya se le había iniciado una carpeta por el delito de peculado, por el mal manejo de 261 millones de pesos del Fondo Regional (FONREGION).
El 19 de marzo de 2021 se informó que el Juez Decimoséptimo de Distrito giró una orden de aprehensión en contra de Tomás Ruíz González por el delito de peculado, dentro de la Causa Penal 1/2020. También estaba involucrado Gabriel Deantes Ramos; la investigación es la FED/SEIDF/INAI-VER-0001740/2016.
Otra denuncia se presentó el 23 de diciembre del 2016, en ese caso se señaló de la mala administración de 891 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples del año 2014. La carpeta quedó bajo el número FED/SEIDF/INAIVER-0000782/2017, en la que estaban involucrados Fernando Charleston, Carlos Aguirre y Gabriel Deantes, que fueron vinculados a proceso en libertad.
Ladrón de Elecciones, Manzur pide usar oportunidades para ganar elecciones
2.- Salvador Manzur Díaz fue removido del cargo, al frente de la Sefiplan, en medio de acusaciones por el uso de recursos públicos del Programa Oportunidades de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, en beneficio de los candidatos del PRI que participarían en las elecciones del 2013, en las que se renovaron las 212 alcaldías y 50 diputaciones locales.
Mazur Díaz fue electo alcalde de Boca del Río en 2010. Antes de concluir su mandato renunció para sumarse a la titularidad de la Sefiplan a donde sólo estuvo dos meses por el escándalo mediático sobre el uso de programas sociales. Fue grabado pidiendo que los enlaces de Oportunidades apoyaran a convencer a los beneficiarios de votar por el PRI, o hacer cambios en los que recibían los programas sociales.
El gobernador Javier Duarte, anunció el 5 de mayo del 2013, la remoción de Salvador Manzur con el objetivo de “evitar cualquier suspicacia en torno al comportamiento político del gobierno de Veracruz” por el manejo de programas sociales.
El Partido Acción Nacional (PAN) denunció a 58 funcionarios del gobierno de Javier Duarte, ente ellos a Manzur Díaz y delegados de la Secretaría de Desarrollo Social federal, por delitos electorales. En 2016, Manzur Díaz acudió a declarar de manera voluntaria a la Fiscalía.
En el caso de la ASF, lo está señalando por peculado al no justificar el gasto de mil 78 millones de pesos del FAM que no se gastaron en las acciones programadas y se transfirieron a otras cuentas, es decir, la llamada licuadora.
Exduartistas con más denuncias
3.- Carlos Aguirre Morales, formó parte de la función pública desde 1983. En el periodo de Fidel Herrera fungió como tesorero (2004- 2010). Con Javier Duarte fue nombrado Subsecretario de Egresos, área responsable de dirigir y controlar la planeación en materia de programación y presupuestación de las dependencias y entidades de la Administración Pública.
El funcionario duartista es el que tiene más carpetas de investigación abiertas, y sentencias de tribunales que lo obligan a resarcir el daño al erario estatal. En 2017, la Fiscalía de Jorge Winckler Ortiz -hoy detenido en el penal de Almoloya- logró una orden de aprehensión, que sigue pendiente de ejecutar.
En el operativo para hacer efectiva la orden policías ministeriales entraron a su casa, donde incautaron fajos de billetes que estaban en bolsas negras. A la fecha Carlos Aguirre sigue tramitando amparos para evitar ser detenido.
Se le han iniciado procesos por no supervisar el manejo diligente de recursos transferidos para el programa Prospera; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados; Fondo Metropolitano; y del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
Por lo anterior, Carlos Aguirre acumula sanciones por 5 mil 503 millones de pesos por diversos juicios administrativos que se iniciaron en su contra. En 2016, se emitió una sentencia por la que lo inhabilitaban por un periodo de tres años.
También está involucrado en la denuncia del mal uso de recursos del FAM 2014, en ese caso fueron poco más de 891 millones de pesos.
Al político también se le vinculó a la denuncia DGJ/C1/1926/2015, en la que se identificó la simulación de recursos no ejercidos en los años 2009 y 2010 por 2 mil 326 millones 575 mil 100 pesos. Carlos Aguirre Morales, entonces titular de Sefiplan, creó una cuenta para reintegrar los recursos, que volvían a tomar antes que el gobierno federal dispusiera de ellos.
El último titular de Sefiplan en la denuncia
4.- Fernando Charleston Hernández, el funcionario que ocupó el cargo por menos de un año, fue vinculado a proceso el 22 de enero del 2019, por el mal manejo de 891 millones de pesos. El dinero fue transferido en 2014 a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y al no justificar el gasto la FGR presentó la denuncia FED/SEIDF/INAIVER-0000782/2017.
También, está vinculado a una investigación por el uso de 2 mil millones de pesos que fueron transferidos en diciembre de 2012, por concepto de “solicitud y Entrega de Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables. Al recibir la participación federal, transfirieron la mayoría del dinero a una cuenta concentradora de la Sefiplan.
Otro caso de simulación de reintegro a la federación se acreditó e la denuncia DGJ/C1/2551/2015. El dinero era del programa del Seguro Popular, del ejercicio fiscal 2011 por mil 602 millones 185 mil 792 pesos y en ese caso se vinculaba a Fernando Charlestón Salinas, entre muchos otros funcionarios duartistas.
En prisión domiciliaria
5.- Gabriel Deantes Ramos, estuvo en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en la Secretaría de Educación de Veracruz, donde fue oficial mayor, así como de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, apenas el 9 de octubre un juez le varió la medida cautelar de prisión preventiva a resguardo domiciliario, luego de que fue sentenciado por enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Hechos de Corrupción acusó que desde el año 2011 hasta 2016, se hizo un análisis y peritaje sobre la situación patrimonial de Gabriel Deantes detectando un enriquecimiento inexplicable por poco más de 50 millones de pesos.
En junio de este 2023, se informó que La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) logró un fallo de seis años y seis meses de prisión en contra Gabriel Deantes Ramos, como responsable del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del servicio público.
El juez local, ordenó la inhabilitación de Deantes Ramos para trabajar en el servicio público, el decomiso de las cuentas bancarias aseguradas, el pago de la reparación del daño por 58 millones 698 mil 233 pesos y una multa de 100 días de salario mínimo vigente.
Antes, en noviembre del 2021, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que Gabriel Deantes Ramos, excolaborador de Javier Duarte debía pagar mil 580 millones de pesos que fueron desviados del Seguro Popular.
6.- Carolina Estrada Acosta, ella fue subdirectora de la Tesorería del Estado. Ya en el pasado se había girado una orden de aprehensión en su contra por el mal manejo de los recursos del FAM 2014.
Se le imputó autorizar transferencias por un total de 857 millones 300 mil pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples a otras cuentas de Sefiplan, por lo que se acreditó el mal uso de los recursos públicos.
7.- José Francisco Díaz Valenzuela, director de Operaciones Financieras de Sefiplan, fue detenido el 23 de octubre del 2018 por los delitos de peculado y abuso de autoridad. En su caso se le denunció por el mal manejo de 2 mil millones de pesos que llegaron por “Solicitud y Entrega de Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables”, en 2012.
El funcionario fue detenido en el año 2012, en el aeropuerto de Toluca con maletas de dinero, presuntamente para la campaña e Enrique Peña Nieto.
Titulares de Sefiplan prendieron la licuadora
Según el resultado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-30000-02-0686 GF-558, que practicó la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no transfirió recursos ni realizó pagos ágilmente a los ejecutores.
Hasta el 31 de agosto de 2014, cuando se hizo la auditoría, se detectó que de los 653 millones 360 mil pesos solicitados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, sólo le fueron transferidos y pagados a los proveedores 169 millones 957 mil pesos y, de los 198 millones 952 mil pesos solicitados por el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz sólo fueron pagados a los contratistas 64 millones 304 mil pesos.
Por lo anterior, se informó que la Contraloría del Estado de Veracruz había iniciado el proceso Disciplinario Administrativo 194/2014 para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, buscando así solventar la observación.
La cuenta bancaria en donde se administran los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, al 31 de agosto de 2014, dice la auditoria, no reflejaba el saldo de los recursos pendientes por ejercer, por lo que se observaron transferencias de recursos a otras cuentas bancarias por 843 millones 650 mil pesos.
La sanción por el delito de peculado, de que se les acusa a los expriistas, es de tres meses hasta 14 años de cárcel, de acuerdo a las agravantes.
mb