XALAPA, VER. - El Poder Judicial concluyó de manera anticipada los contratos de las Ciudades Judiciales de 10 distritos: Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Zongolica, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama, Álamo, Coatzacoalcos y Poza Rica, por lo anterior, abogados en Veracruz pidieron investigar la corrupción que imperó en la asignación de estos.
La cancelación se dio por acuerdo del Poder Judicial con la empresa Desarrolladora CJ, S.A.P.I. de C.V. R. L, que involucra a la familia Ruiz Anitúa, ligada a los Panama Papers. Las firmas se constituyeron expresamente para la edificación de 20 Ciudades Judiciales que se proyectaron en el periodo del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Edel Álvarez Peña.
En entrevista con LA SILLA ROTA, la presidenta del TSJE, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dijo que la conclusión de 10 contratos evitará gastar 2 mil 400 millones de pesos, que se debían entregar a los concesionarios en un periodo de 25 años. Esto implicará un pago de 44 millones de pesos por la anulación de esos acuerdos. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien anunció la conclusión de los contratos, calificó como “atroz” la deuda que se iba a generar.
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Abogados entrevistados por La Silla Rota destacaron que, si bien se va a generar un “ahorro” para el Poder Judicial, se hace necesaria una auditoría y se finque responsabilidad a quienes entregaron contratos, firmados en el periodo de Álvarez Peña, pues condiciones que calificaron como desventajosas para el Poder Judicial hacen presumir actos de corrupción.
Los abogados Tomás Mundo Arriasa y Celestino Espinoza Rivera recordaron que la proyección de esas ciudades se planteó ante la necesidad de mejorar la infraestructura del Poder Judicial, por lo que en tanto no se generen juzgados dignos, serán los justiciables los que van a perder ante la cancelación de los contratos.
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Desde 2019 se denunciaron irregularidades en los contratos
En febrero del 2019, este medio documentó algunas irregularidades en los contratos de las ciudades. Datos del Registro Nacional de Comercio confirmaron que las empresas: Desarrolladora CJI, Desarrolladora CJII, Desarrolladora CJIII y Desarrolladora CJ IV., S.A.P.I. de C.V. R. L se formalizaron el 22 de mayo del 2018.
Fue el notario público Rafael de la Huerta Manjarrez, quien avaló la constitución de las cuatro empresas, ocho días después de que ya habían ganado los contratos, tras la licitación pública, para la construcción de las ciudades judiciales.
Para ello se integraron las empresas: Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.
Todas ellas ligadas a Francisco José Ruiz Anitúa, Carlos Francisco Nachón García, Alfonso Díaz De Vega, Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno, algunos ligados al Panama Papers y otros a funcionarios de la 4T.
El fallo de las licitaciones públicas nacionales de las ciudades judiciales, con número: P/COP/PJE/CJ/SRM/01/2018; LP/COP/PJE/CJ/SRM/02/2018; LP/COP/PJE/CJ/SRM/03/2018 y LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018, se dio a conocer el 14 de mayo del 2018, antes del registro de la sociedad mercantil.
Los mismos empresarios, subcontrataron a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, para que realizara las obras con un costo promedio de cinco mil millones de pesos. Esa firma tenía a los mismos socios de Desarrolladora CJ., SAPI, SA., de CV.
Según los decretos 346 y 624 del 16 de octubre del 2017 y el siete de febrero del 2018, el Congreso local autorizó al Poder Judicial la firma de uno o más contratos de Asociación Público-Privada (APP) para la construcción de 21 ciudades judiciales en igual número de distritos.
El monto que calculó el Congreso para la realización de esas obras era de cinco mil millones de pesos, más IVA, lo que incrementaría el monto hasta cinco mil 916 millones de pesos. Además, 50 millones anuales para la creación de los fideicomisos de garantía de pago de cada ciudad judicial, de donde saldrá el pago de la penalización de la cancelación de los contratos.
Los empresarios lograron contratar 20 obras por 4 mil 915 millones de pesos para la construcción de las ciudades de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Martínez de la Torre, Perote, Coatzacoalcos, Tuxpan, Pueblo Viejo, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Medellín, Ozuluama, Álamo, Papantla, Naolinco, Isla y Las Choapas.
Nueva administración del TSJE logra cancelar contratos
En 2019, cuando Morena tomó el control de la administración del Poder Judicial, con la llegada de Sofía Martínez Huerta, se anunció que se revisarían los contratos, incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, en agosto del 2021, la revisión de las condiciones de los acuerdos que llevarían a la construcción de las ciudades judiciales.
Según los contratos, era el director General de Administración el único responsable de poder cancelar los acuerdos. Fue el 25 de noviembre del 2022 cuando se firmaron los 10 convenios de terminación anticipadas de los contratos de 10 ciudades judiciales, “se dieron por terminados anticipadamente por mutuo consentimiento (…) deriva de un ahorro de 2 mil 421 millones de pesos”.
Aún estaba pendiente de construcción 12 ciudades, por lo que las partes acordaron que se concluirán las obras de Orizaba y Minatitlán, que se sumarán a las otras que ya están en operación.
Abogado Tomás Mundo reactivará denuncia por corrupción contra Edel Álvarez
El primero en opinar sobre el anuncio que se hizo del lunes nueve de enero, fue el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa quien cuestionó por qué fue el gobernador Cuitláhuac García Jiménez el que confirmó la cancelación de los contratos, situación que -valoró- viola la autonomía del Poder Judicial.
El proyecto original de las Ciudades Judiciales contemplaba el gasto de 5 mil millones de pesos, según se autorizó por el Congreso de Veracruz, sin embargo, dijo, en el último cálculo que se hizo el monto superaba los 25 mil millones en un plazo de 25 años.
“Nosotros presentamos una denuncia contra Edel Álvarez, por la corrupción, la presentamos ante la Fiscalía Anticorrupción, pero la vamos a reactivar con un amparo (…) la Auditoría Superior de la Federación observó que había irregularidades en la asignación de presupuestos”, anunció.
Al cancelar los acuerdos, dijo, hace presumir que había serias irregularidades en la asignación de contratos, lo que les da material para seguir litigando y exigir castigos a los responsables de las irregularidades, pues hay 10 ciudades que se tendrán que pagar.
“Los veracruzanos tenemos derecho a saber por qué se cancelaron esos contratos, bajo qué condiciones se van a cancelar, porque seguro hay que pagar una penalización. Hay que darle seguimiento, porque es dinero de los veracruzanos”, opinó en entrevista.
El abogado dijo que es urgente que se proyecte la construcción de nuevos espacios para los juzgadores y los abogados, pues Veracruz está en último lugar de las 32 entidades, al momento de impartir justicia en materia civil, y en el 30 de los 32 estados, en impartición de justicia penal.
“Somos la tercer peor fiscalía del país, lo dice México Evalúa, después de Morelos y Puebla. Y en el ranking de la evaluación del Sistema Penal Acusatorio, de mil 200 puntos que se evalúan, Veracruz está en 300 puntos, es un tercio”.
Más del 50 por ciento de las personas que están en la cárcel no están procesadas, en el 90 por ciento de los casos terminan en prisión preventiva oficiosa, es decir, se fabrican culpables, pues no les da con la prisión justificada, “es lo que viven las familias cuando tienen la desgracia de caer ante el MP y los jueces”.
Urgente crear infraestructura judicial: Celestino Espinoza
El abogado Celestino Espinoza Rivera recordó que la polémica por la construcción de las ciudades judiciales se generó por el sobrecosto y el proceso de licitación de la asociación público-privada, sin embargo, su edificación es muy necesaria.
Los procesos judiciales de todo tipo, civil, penal, mercantil, administrativo, van hacia la oralidad, por lo que es necesario ir disponiendo de infraestructura y los foros adecuados para poder garantizar impartición de justicia pronta y expedita, tal como lo marca la ley.
“La cancelación anticipada de los contratos me parece algo que debía hacerse (…) entiendo que va a ver alguna penalización que debe ser más conveniente que continuar con los contratos. El Poder Judicial con una buena gestión administrativa tiene la posibilidad de crear año con año, la obra pública necesaria”.
El Poder Judicial cuenta con un área para la generación de proyectos de obra pública, por lo que es necesario que se reactive, para planear y desarrollar las nuevas ciudades en los distritos en los que fueron canceladas.
Espinoza Rivera planteó que con la anulación de los contratos ganan los veracruzanos, pues se va a dejar de gastar dinero que se daría en un futuro al Tribunal, sin embargo, también son ellos los que pierden al no existir infraestructura digna para los trabajadores judiciales y para la atención de juicios o demandas.
A la fecha son las grandes ciudades las que tienen espacios dignos para operar, pero hay zonas en donde las condiciones para impartir justicia son mínimas, pues además de la falta de insumos, no hay climas o los baños no sirven.
“Es necesaria una auditoría a fondo. Existía un acta de la asignación de recursos, que no aparece en el portal de transparencia, y tendrá que ser la presidenta la que explique qué se ha hecho con el dinero”.
El Consejo de la Judicatura aprobó entregar 150 millones de pesos del Fondo Auxiliar para acciones relacionadas con las ciudades judiciales, sin embargo, nunca se aclaró cómo se gastó ese dinero.
mb