XALAPA, VER.- A un mes de haber tomado protesta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJE), la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre confirma un ahorro de 2 mil 421 millones de pesos al Poder Judicial. Esta acción, asegura, ayudará a sanar las finanzas del órgano autónomo que, en 2021, sufrió un boquete financiero de 500 millones, como lo reconoció su antecesora, la magistrada en retiro, Isabel Romero Cruz.
Lisbethh Jiménez Aguirre, comparte en entrevista con LA SILLA ROTA que en días pasados se llegó a un acuerdo con la empresa Desarrolladora CJ I, S.A.P.I. de C.V. R. para cancelar los contratos que corresponden a la construcción de 10 Ciudades Judiciales a lo largo de la entidad. Se trata de una magna obra que impulsó el expresidente del TSJE, Edel Álvarez Peña, que el gobernador, Cuitláhuac García calificó como una atrocidad, pues generaría una deuda al Estado mayor a 7 mil millones de pesos que se pagarían en 30 años.
Desde su oficina del Poder Judicial, la magistrada presidenta aclara: "lo que se negoció fue precisamente la cancelación de contratos con esta empresa constructora; había 20 contratos y se cancelaron 10. Quiero ser muy enfática en que se cancelaron los contratos, no así las Ciudades Judiciales como tal, porque en algún momento esas ciudades se van a construir pero con recursos propios, como parte del presupuesto que tenemos y nuestro rubro de obra pública”.
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Este anuncio previamente fue anticipado por el gobernador, Cuitláhuac García, el pasado 9 de enero, durante su conferencia matutina. La declaración del mandatario, valió para que el Foro de Abogados Metropolitanos de Orizaba, a través de su presidenta Dulce Romero Aquino, cuestionaran la autonomía del Poder Judicial.
-Un anuncio tan importante, como la cancelación de los contratos de 10 Ciudades Judiciales lo emite el gobernador antes que usted, como presidenta del TSJE. ¿Se trastoca su autonomía? Se le cuestiona a Lisbeth Aurelia Jiménez.
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“Yo no puedo caer en una invasión a la autonomía del Poder Judicial, porque vamos a partir de una premisa, que el Poder Judicial tiene una actividad primordial que es la administración de justicia. El gobernador da una información que, considero, es de carácter público. No debemos olvidar que el presupuesto del Poder Judicial emana de unas finanzas públicas. Es un tema que atañe a todos los veracruzanos”
“La información fue brindada por el gobernador a preguntas aleatorias, a cuestionamientos y no de manera espontánea. Él no convocó a una rueda de prensa para dar esta información, sino que, en un ejercicio de transparencia, que ha caracterizado a su administración, él respondió de esa misma manera, de forma transparente y genuina lo que estaba sucediendo en relación a las Ciudades Judiciales”, contesta.
-¿La cancelación de los 10 contratos implica un pago por penalización?
“Desde luego, ello implica una penalización de 44.6 millones de pesos, pero tampoco podemos perder de vista el ahorro que ello implica. Si hacemos un comparativo entre estos 2 mil 421 millones que ahorraremos y la penalización, estamos hablando que la penalización implica apenas el 1.9 por ciento. El ahorro es significativamente mayor para el Poder Judicial, ello en favor de los justiciables”.
-¿Qué pasará con las 10 Ciudades Judiciales donde se cancelaron los proyectos de construcción?
“Eso es importante. La cancelación no implica que ya no van a haber esas Ciudades Judiciales más adelante. Las diez que subsistieron es porque ya estaban empezadas y no hubo forma de cancelarlas. Este año, una vez que tengamos disponible el presupuesto, comenzaremos la construcción gradual de esas Ciudades Judiciales faltantes. El parámetro será partir de las necesidades, porque hay distritos judiciales muy grandes donde sus juzgados están distribuidos de manera muy desordenada, entonces necesitamos concentrar todos estos juzgados (civiles, familiares y penales) en una Ciudad Judicial”.
“Tendremos salas de audiencias más dignas, instalaciones más dignas, espacios destinados específicamente para ser un juzgado, no un local o una casa habilitada. Esta parte será muy favorable para la impartición de justicia”.
De acuerdo con la magistrada Lisbeth Jiménez, las Ciudades Judiciales actualmente construidas y que se han comenzado a ocupar son en las sedes de: Papantla, Martinez de la Torre, Tuxpan, Medellin y Naolinco. A ellas se suman: Las Choapas, Isla y Pueblo Viejo, sedes ya construidas pero que están pendientes de ocupar. Finalmente, las sedes de Orizaba y Minatitlán, están contempladas para ser construidas por la empresa Desarrolladora CJ I, S.A.P.I. de C.V. R.
-¿Cómo utilizará ese ahorro de 2 mil 400 millones de pesos en favor del Poder Judicial?
“Son dos vertientes de trabajo y ese ahorro será significativo para poder sustentarlo. La primera, es la capacitación, a través de la escuela judicial, pero para que la escuela judicial pueda dar un servicio de calidad necesita una plataforma digital de primer nivel. Esto es, poder tener cursos disponibles, un aula virtual.
“La segunda, muy de la mano con el tema de la digitalización, es la modernización. Al estado de Veracruz le hace falta una plataforma, como el SISE del Poder Judicial Federal, para transparentar todos los trámites que se hacen en un juzgado, las promociones, que, además, no solo nos va a ayudar para combatir la corrupción que se ha dado desde hace muchos años en los juzgados sino que, además, va a acercar la justicia a muchas personas. Porque un abogado desde su despacho, desde su casa, va poder ingresar vía internet a la página del Poder Judicial y consultar cómo va su expediente, cómo va su proceso, podrá generar promociones. Un abogado ya no tendrá que venir desde Pánuco por un asunto en el distrito judicial de Xalapa. Se acabaron las dádivas para que me acuerdes, para que yo sea primero. Ahí se irá este ahorro, en la base de un combate frontal a la corrupción, pero un combate verdadero”.
-Su antecesora, Isabel Romero, reconoció en 2021 un boquete financiero en el Poder Judicial por 500 millones. ¿Está incluido resolver estos problemas?
“Por supuesto. Principalmente, se trata de sacar adelante los requerimientos básicos. Precisamente, al hablar estos nuevos espacios como las Ciudades Judiciales que sí se construyeron. Va muy de la mano con tener lugares dignos para los trabajadores. La dirección de administración del Poder Judicial estará muy pendiente de las necesidades de los trabajadores”.
-¿Descarta más rescates financieros a la Secretaria de Finanzas durante su administración?
“Sí te puedo decir que, desde el día primero de enero se empezó un Plan de Austeridad en muchas áreas, en el Gasto Corriente, no se paga servicio de celulares ni muchos otros. Hay un verdadero Plan de Austeridad que se gesta desde la dirección de Administración. De tal manera que podamos prevenir que no se genere un boquete financiero para noviembre. No vamos a querer resolver ese problema en noviembre, tenemos que resolverlo hoy, desde el día 1”, concluye.
vtr